La secretaria de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputada María Luisa Beltrán Reyes, solicitará desarrollar programas y proyectos que brinden a niñas, niños, adolescentes y jóvenes opciones que los alejen de adicciones y de conductas delictivas.
[/media-credit] El 17.2% de estudiantes de 5º y 6º de Primaria, Secundaria y Bachillerato alguna vez ha consumido drogas
Aunado a ello, no existen proyectos o programas coordinados para ofertarles opciones en las cuales puedan emplear su tiempo libre, o aprender a manejar la cercanía y curiosidad hacia las sustancias adictivas o para enfrentar condiciones de violencia.
En un punto de acuerdo que presentará en la Comisión Permanente, Beltrán Reyes expone que de acuerdo con la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 2014, el 67.6% de personas entre 12 a 29 años relató que en sus hogares se presentan conductas de violencia y el 29.1% tiene conflictos con alguno de los adultos del hogar.
El entorno de violencia que se le presenta a esta población es significativo, de manera tal que el 71.56% ha tenido experiencias de amistades que generan una influencia antisocial o delictiva.
Respecto a los problemas de adicción, los datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014, Reporte de Drogas, establece que 17.2% de estudiantes de 5º y 6º de Primaria, Secundaria y Bachillerato alguna vez ha consumido drogas.
De este grupo, el mayor consumo corresponde a la mariguana, seguida por inhalables y tranquilizantes, mientras que en los hombres el consumo de cocaína es mayor que los tranquilizantes.
La diputada añade que si bien el consumo de sustancias adictivas en niñas y niños de 5º y 6º año muestra una baja, lo significativo es que la percepción de ingesta es algo cercano entre los menores de 10 a 12 años. “Es una situación que nos debe alertar; debemos desarrollar programas que lleven a erradicar esta conducta tanto en consumo como en percepción”.
Relata que el menor, adolescente o joven que cae en el consumo de estupefacientes, en el mejor de los casos cuando es detectado por los padres o tutores, es llevado a centros de rehabilitación privados, pero “estos presentan un inadecuado manejo de la adicción, pues en la mayoría de las ocasiones no hay una rehabilitación para que se deje el consumo de sustancias adictivas”.
Durante el internamiento, los encargados someten a maltratos físicos y psicológicos a los internos, inclusive los obligan a pedir limosna. “Un dato de alta preocupación es que en muchas ocasiones esta población no se rehabilita, sino ahí conocen a otras personas con adicciones más arraigadas y los convencen de hacer otro tipo de actividades, como las delincuenciales, con tal de conseguir la droga”.
Otro riesgo para esta población, tiene que ver con las condiciones sociales y el entorno de violencia; ejemplo de ello, fue el caso en una escuela privada de Monterrey, lo que evidenció que existe un ambiente muy marcado de violencia que afecta a la niñez y adolescencia, la cual “se potencia con los contenidos de agresión, sexualidad mal enfocada y pornografía generalizada que se está expandiendo a través de los medios masivos y electrónicos de comunicación”.
El reto está en que tutores o responsables de niñas, niños, adolescentes y jóvenes cuenten con herramientas para guiarlos cuando ocupan equipos electrónicos de comunicación (celulares, tabletas, consolas, computadoras, entre otros), así como establecer controles y restricciones al acceso de contenidos no adecuados.
El punto de acuerdo también busca implementar programas coordinados y de amplio alcance mediante los cuales se brinden mayores alternativas lúdicas para el uso del tiempo libre a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con la finalidad de reducir el riesgo de caer en situación de calle, drogadicción y/o conductas delincuenciales.
Se pide que las acciones se lleven a cabo a través del Consejo Nacional Contra las Adicciones y los Centros de Integración Juvenil, en coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Instituto Mexicano de la Juventud y sus homólogos en las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México.
