Con 307 votos, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el pasado 26 de abril de 2018 por unanimidad, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a fin de garantizar la disponibilidad oportuna de sangre o sus componentes, y para que la Secretaria del ramo y los gobiernos de los estados y municipios establezcan un sistema nacional que fomente, entre la población, el deber cívico y solidario de la donación. Es remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
El documento, sostiene que la donación de sangre es un proceso voluntario y altruista, por lo que sus aportantes no podrán ser sujetos de ningún tipo de discriminación racial, sexual, por origen social, económico, religioso, ni de ninguna otra índole.
Estipula que por ningún motivo se aplicará coacción o intimidación alguna en contra del donante, que se contraponga a los principios de voluntariedad y altruismo en el proceso de la contribución sanguínea.
De igual manera, refiere que la Secretaría de Salud deberá realizar convenios con las coaliciones de trabajadores o patrones, a efecto de que dentro de su planta laboral se promueva la donación de sangre.
El dictamen indica que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de la mitad de los 112.5 millones de unidades de sangre que se extraen en el mundo, se donan a los países de altos ingresos, donde vive el 19% de la población del planeta, y en los países de ingresos bajos, el 65% de las transfusiones se realiza en niños menores de 5 años.
Ante este panorama, la OMS afirma que si un por ciento de la población donara, podrían atenderse las necesidades más básicas de sangre en un país; de ahí la importancia de realizar mecanismos dirigidos a la concientización en la materia, ya que actualmente, en México, no se supera el 3% la donación voluntaria y altruista.
