La iniciativa plantea agregar un artículo 16 Bis a la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, para establecer que las autoridades de la Federación, entidades, municipales y alcaldías de la Ciudad de México lleven a cabo acciones necesarias para prevenir y, en su caso, atender el suicidio entre niñas, niños y adolescentes. Prevenir y atender el suicidio en niñas, niños y adolescentes, tarea de autoridades afirma la diputada Adriana Paulina Teissier Zavala.
La Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados analiza una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en cuanto a la vida, la supervivencia y el desarrollo, con el fin de prevenir el suicidio en menores de edad.
La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala, proponente de la reforma, mencionó que datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que los niños de entre 10 y 14 años, representaron 3.5% de las muertes por suicidio en 2016; es decir, un total de 228 fallecimientos.
Asimismo, dijo, las estadísticas de mortalidad del Inegi señalan que en diciembre de 2017, entre los adolescentes de 10 a 14 años, 94% de quienes se quitaron la vida fueron hombres, y 6% mujeres. Los principales métodos que se utilizaron fueron ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación; le siguen envenenamiento y con arma de fuego.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el mundo, más de 800 mil personas se matan por año, equivalente a 1 cada 40 segundos, convirtiéndose en la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años de edad.
Ante esta problemática, señaló, la OPS recomienda desarrollar políticas de salud mental, mejorar el acceso a la atención de la salud, restringir el acceso a los medios para atentar contra sí mismo, informar de manera responsable sobre este fenómeno y sensibilizar a los ciudadanos en temas de salud mental, abuso de sustancias y suicidio.
Además, aconseja acciones para identificar a las personas en riesgo y referirlas para un tratamiento adecuado; realizar una evaluación y manejo de conductas suicidas y de los trastornos por abuso de sustancias; y dar seguimiento y apoyo comunitario a pacientes que reciben el alta.
Indicó que entre 2010 y 2017, el Estado de México registró 4,271 suicidios, seguido de Jalisco con 3,471, y la Ciudad de México con 2,819.
En Guanajuato y Chihuahua hubo entre 2.200 y 2,677 muertes de este tipo. Veracruz, Chiapas, Nuevo León, Puebla, Sonora, Yucatán, Tabasco, Coahuila, San Luis Potosí, Michoacán y Tamaulipas registraron entre 1,100 y 1,900.
Comentó que una crisis suicida infantil surge de la relación de la niña o niño con su medio familiar y se manifiesta mediante una serie de señales en la conducta que se expresan, de manera general, en cambios de todo tipo. Comienzan a tornarse agresivos o pasivos en su comportamiento en la casa y en la escuela, cambian sus hábitos de alimentación y de sueño, pudiendo mostrar inapetencia o por el contrario, un apetito inusual.
Subrayó que la reforma es necesaria para que se cumpla en el precepto constitucional previsto en el artículo primero.
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”[.]
