La titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylberman, aseguró que los refugios para mujeres víctimas de violencia continuarán con supervisión del Estado; y se analiza la posibilidad de crear más.
[/media-credit] Ante la Comisión de Igualdad de Género, la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman Zylberman, aseguró que los refugios para mujeres víctimas de violencia continuarán con supervisión del Estado.
“Hoy queda muy claro que en los refugios no hay marcha atrás, se van a mantener, los recursos están etiquetados y el proceso se va a ser tal como está planificado. La propuesta es trabajar en el desarrollo de una política pública integral que ponga en el centro la prevención, la atención, la sanción y la eliminación de la violencia”.
Detalló que se hará una valoración de cuántos refugios son necesarios, porque 70 pueden resultar insuficientes.
El desafío es garantizar que existan programas con el financiamiento suficiente, en el marco de esta nueva administración que plantea ejercer los recursos de la mejor manera posible y con transparencia.
El Estado mexicano debe cumplir su papel en la articulación de una red de atención, así como tener una capacidad de fiscalización, apuntó Gasman Zylberman.
Afirmó que el Inmujeres impulsará la transversalidad con perspectiva de género, “es prioridad para el gobierno trabajar en los diferentes ámbitos de la administración de manera acelerada”.
“Sólo incorporando la perspectiva de género en cada uno de los sectores y en todos los niveles de gobierno se va a lograr esa transformación, este cambio que queremos en la calidad de vida de las mujeres”, destacó.
Enfatizó que el gobierno en su conjunto tiene que trabajar “con mayor intensidad para que todo lo que se ha construido en estas décadas, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se haga realidad”.
Tienen que funcionar, mejorar y complementarse los mecanismos que ya existen para poder erradicar la violencia de género, refirió.
Externó su confianza porque la Cámara de Diputados cumpla con su papel de apoyar y fiscalizar para avanzar “más rápido”.
“Estamos en un momento histórico en que tenemos paridad en la Cámara (de Diputados), en el Senado, en el gabinete, y eso tiene que hacer la diferencia para las mujeres de México, yo creo que tenemos el imperativo ético, moral y feminista”.
La funcionaria también abordó los temas de prisión preventiva oficiosa y la Guardia Nacional, manifestó que “el gran desafío” será incorporar la perspectiva de género en estos instrumentos.
La presidenta de la comisión, Briceño Zuloaga, destacó la importancia de mantener el diálogo con la titular de ese organismo de manera continua, con el objetivo de intercambiar puntos de vista y planteamientos referentes a las políticas públicas para promover el ejercicio de los derechos de las mujeres en México.
Además, externó la disposición de las integrantes de esa comisión para respaldar las acciones y fortalecer las medidas que se promueven para la igualdad, así como para impulsar una política nacional de cuidados.
Informó que desde esta instancia legislativa se promueve la instalación de mesas de trabajos con el Ejecutivo donde esté presente el Inmujeres, las secretarias de Gobernación y de Salud, con el objetivo de trabajar de cara a impulsar una estrategia amplia para prevenir los tipos de violencias, así como para fortalecer el plan emergente.
Recordó que el “presupuesto tenía 30 años yendo a la baja y que, en esta discusión, logramos frenar esa tendencia y empezar a revertirlo”.
La diputada María Liduvina Sandoval Mendoza alertó sobre el posible retiro de recursos del Programa Pro equidad del Inmujeres, así como a las organizaciones de la sociedad civil y a las estancias infantiles.
La legisladora Madeleine Bonnafoux Alcaraz externó que no se pueden limitar los recursos a este tipo de programas cuando continúa el incremento de feminicidios.
La diputada María Ester Alonzo Morales pidió informar sobre qué instrumentos se van a llevar a cabo para que continúe laborando el personal, ya capacitado, en los refugios.
La legisladora Guadalupe Almaguer Pardo expresó que el Ejecutivo federal “juega al subibaja con los derechos de las mujeres y niñas en nuestro país”, la decisión de desaparecer estos rubros contraviene a décadas de lucha por políticas institucionales y civiles en favor del avance de las mujeres.
Exigió al gobierno federal entregar de forma inmediata lo que la Cámara de Diputados etiquetó a los refugios, de lo contrario violaría la ley.
La diputada Ana Lucia Riojas Martínez, cuestionó por qué no es mejor trabajar con políticas enfocadas a la prevención, en vez de haber ampliado el catálogo de los delitos que requieren prisión preventiva oficiosa o la creación de la Guardia Nacional, ambas reformas constitucionales aprobadas en febrero por el Congreso de la Unión.
La diputada María Elizabeth Díaz García se congratuló porque el presidente de la República esté “preocupado y ocupado” por incidir en los altos niveles de violencia, un tema que a “los gobiernos anteriores no le importó”, consideró que es tiempo de cerrar filas y darle un voto de confianza al gobierno federal.
La diputada Mildred Concepción Ávila Vera consideró que a pesar de que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sí contempla el tema de los refugios, “lo hace de manera muy débil y muy endeble”.
La legisladora Julieta Vences Valencia aseveró que los legisladores deben avanzar de manera coordinada, sin convertirlo en un motín político, y así construir una solución integral entre los 3 Poderes de la Unión.
La diputada Beatriz Rojas Martínez sostuvo que, sin duda alguna, para cerrar brechas de desigualdad se requiere de presupuesto, pero éste tiene que estar bien vigilado y transparentado, con el fin de ejercer el recurso de manera eficiente y cumplir con los objetivos.
