En el evento Audiencias Públicas de Parlamento Abierto para la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, organizado por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que preside la diputada Miroslava Sánchez Galván, aseguró que se impulsará una clara planeación estratégica nacional, porque ha habido mucha ineficiencia, a fin de cerrar los espacios de la corrupción.
[/media-credit] Durante las Audiencias Públicas de Parlamento Abierto para la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, la subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Asa Ebba Christina Laurell, dijo que el papel de la Secretaría de Salud como rectora del sector se mantendrá íntegro, y coordinará de la manera más eficiente la construcción de inmuebles y equipamiento, para garantizar un uso óptimo y racional.
Resaltó la necesidad de fortalecer la atención de primer nivel en un modelo integrado donde participe la comunidad, con el propósito de alentar una colaboración transversal con la población, las distintas instituciones públicas, el municipio y sector educativo.
Sobre el precio del nuevo modelo de salud, dijo que están conscientes que la propuesta va a tener un costo creciente, por ello trabajan de cerca con la Secretaría de Hacienda para definir cómo acceder a recursos en un marco de transparencia, evaluación sistemática y utilización.
Señaló que la integración de servicios de salud es un proceso gradual que fortalecerá los beneficios a la población abierta. Refirió que los institutos Mexicano del Seguro Social, el de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el de Bienestar para la Salud, serán confluyentes y trabajarán conjuntamente en el primer nivel de atención; se contará con el hospital universal, para todos los usuarios, independientemente de que tengan seguridad social o no.
En la Mesa 3, “Acceso y Gratuidad a Servicios de Salud, Integración y Financiamiento”, subrayó que se garantizan recursos federales para estados y se mantiene un fondo correspondiente al 11%sobre el total del presupuesto; el incremento será gradual y nunca menor al del año anterior.
Asimismo, explicó que para conocer los costos de mantenimiento, infraestructura, mobiliario, insumos, instrumental, equipo y personal faltante, se realizará un censo estratégico, de manera que se tenga un monto preciso de la mejora escalonada.
Angélica Ivonne Cisneros Luján, titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, manifestó su apoyo a la iniciativa para crear el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que permitirá hacer realidad el derecho constitucional y efectivo a la salud, y plantea una política sustentada en financiamiento solidario, progresivo, con incrementos durante el sexenio y cuya fuente será el crecimiento económico nacional, así como la correcta utilización de los recursos.
Esa política, dijo, estará conducida por la Secretaría de Salud, con apoyo del Instituto de Salud para el Bienestar, que será, paulatinamente, la instancia prestadora de servicios a nivel nacional y asumirá, en un proceso progresivo y gradual, los servicios en las entidades federativas.
Además, administrará los recursos que asigne la Cámara de Diputados para atender a la población sin seguridad social, evitando la separación de funciones entre financiador y prestador de servicios y coadyuvará a crear un sistema de calidad, que tenga como eje rector la salud, su promoción, educación, prevención y seguridad.
Precisó que continuará la atención de padecimientos que actualmente cubre el Seguro Popular, «de aprobarse la iniciativa se creará un sistema de servicios y medicamentos gratuitos coordinado por la nueva institución, que estará en comunidades indígenas, rurales y urbanas de alta marginación, a fin de atender sus necesidades sin exclusión”.
Además, incrementará el acceso de la población sin seguridad social y se articularán acciones de salud colectiva, fortaleciendo programas intersectoriales, calidad de la atención, profesionalización y estabilidad del personal de salud, participación ciudadana y procesos de rendición de cuentas.
Omar Antonio Nicolás Tovar Ornelas, director general de Programación y Presupuesto “A” en la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), precisó que para lograr la cobertura universal es necesario tomar decisiones en 3 dimensiones:
- A quiénes se les dará.
- C con qué protección financiera.
- Cuáles servicios financiar.
La creación del Instituto de Salud para el Bienestar considera mayor colaboración entre la Federación y los estados, y eficiencia en el ejercicio de los recursos presupuestados por las entidades.
Además, tendrá un papel importante para lograr el acceso a los servicios de salud y medicamentos gratuitos; sin embargo, se debe cuidar, en todo momento, los niveles de gastos requeridos, el marco normativo actual y las modificaciones reglamentarias para su actuación, las cuales están sujetas a las autorizaciones del Congreso de la Unión.
El secretario técnico del Consejo de Salubridad General, José Alberto Gómez Rodríguez, expresó que lograr mayor equidad en el acceso a medicamentos, sobre todo en la población que no cuenta con seguridad, representa uno de los mayores retos del sistema de salud en México, y para afrontarlo es necesario realizar cambios profundos.
Mencionó que las compras de fármacos se realizaban sin considerar suficientes criterios de calidad, seguridad y eficacia. En esta nueva administración, dijo, el Consejo de Salubridad General desde hace 7 meses se ha abocado a este trabajo, ya que es la única autoridad sanitaria facultada para priorizar los insumos que debe comprar o adquirir el Sistema de Salud; ha realizado acciones para transformar el cuadro básico, “que hoy es insuficiente y obsoleto”.
El Compendio Nacional de Insumos, indicó, permitirá facilitar y eficientar el acceso de los medicamentos a la población que no cuenta con seguridad social. “Hoy se tiene la oportunidad de crear una nueva institución que velará por la salud de los mexicanos; no podemos estar supeditados a cauces; el Instituto de Salud para el Bienestar tendrá que coordinarse con el Consejo de Salubridad General y con todas las demás instituciones para definir cuáles son las intervenciones que podrán ser financiadas, cuáles atacar y atender, en temas de medicamentos y enfermedades”.
José Alarcón Irigoyen, experto en sistemas de salud, dijo que:
- La Cámara de Diputados ha entendido la gravedad de la situación en que se encuentra este sector
- Plantea pasos para mejorar la necesaria coordinación entre federación y estados en beneficio de la salud de los ciudadanos sin seguridad social.
- Se introduce un marco de leyes que permitirán un uso más eficiente de los recursos y reducir la corrupción.
Comentó que se debe actuar con una visión integral interconectando al sector público y privado, con un modelo fundamentando en los determinantes sociales de la salud para así impactar en resultados de años de vida y calidad, dado que es algo que la población necesita. “La iniciativa es ciertamente un paso importante para mejorar la salud y bienestar de los mexicanos sin seguridad social; sin embargo, ignora integrar al sector privado como aleado estratégico”.
Francisco Javier Magos Vázquez, director general de Servicios de Salud de Guanajuato señaló que se requiere perfeccionar los mecanismos para asegurar el acceso a los medicamentos y otros insumos. Además de contar con la infraestructura necesaria, de calidad y adecuada.
Indicó que es indispensable definir la operación del modelo para la producción de servicios con base en las necesidades de la población enfatizando la atención primaria. “Tenemos que consolidar lo existente, atender lo faltante y conservar la incertidumbre para el financiamiento y operación de los servicios estatales”.
Abelardo Meneses García, director del Instituto Nacional de Cancerología, expuso que el cáncer ocupa el tercer lugar como causa de muerte en el país. En términos generales, de cada 100 fallecimientos que hay:
- 20 son por enfermedades cardiovasculares
- 16 por complicaciones de diabetes
- 4 por cáncer
Si se suman las enfermedades pulmonares crónicas y las mentales, representan en México la mortalidad de 75 a 80% de la población y ahí está lo que es el gasto en salud, advirtió.
Resaltó que se tienen que implementar políticas públicas para:
- Elevar los impuestos al tabaco, a bebidas azucaradas y a los alimentos no sanos;
- Realización de ejercicio físico debido a que la población dedica 8 horas frente a un aparato electrónico.
Propuso un programa integral de prevención y control de cáncer para que de esta manera se atienda la educación, prevención, diagnóstico, acceso a tratamientos, cuidados paliativos, rehabilitación, financiamiento e investigación.
Ricardo García Portilla, coordinador general del H. Consejo Técnico del Sector Patronal de Concamin ante el IMSS, puntualizó que México destina sólo el 2.48% PIB a salud; sin embargo, lo que importa es la eficiencia del gasto. “Sin una reforma profunda al sector estamos condenados a la fragmentación, ineficacia, ineficiencia y corrupción”.
La propuesta, expuso, debe tener certeza en los indicadores para que la ciudadanía cuente con garantías de que se alcanzará el número óptimo de enfermeras, doctores y el porcentaje de surtimiento de recetas. Además, tiene que ser elaborada en coordinación con los médicos e industria. No obstante, dijo, no se contemplan incentivos por la prevención de enfermedades.
La presidenta de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam), Cecilia Bravo Lamicq, se congratuló que exista la propuesta de que el presupuesto para este rubro deberá ser creciente y progresivo, “pero los recursos nunca serán suficientes si no se garantiza la entrada oportuna de genéricos y biocomparables, que son la alternativa de calidad a bajo costo una vez que se ha vencido la patente que protege al medicamento innovador”.
En México, expuso, existe capacidad farmacéutica suficiente para contribuir a la meta de crecimiento del 4% del PIB y evitar el desperdicio de divisas. Planteó revalorar el tema de la dispensación unitaria o unidosis, dado que “si bien puede lograrse un marginal beneficio presupuestal, hay impactos negativos mayores en materia de seguridad sanitaria; se debe garantizar la suficiencia de recursos humanos para asegurar que esta práctica se realice con los debidos estándares y contemplar la menor vida útil de los medicamentos al haberlos migrado de envase”.
Arturo Morales Portas, presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos AC (Amelaf), subrayó que la reforma para crear el Instituto debe ser estratégicamente pensada, pues México es un “país donde la transición epidemiológica no ha concluido, se enfrenta a problemas como diabetes y enfermedades cardiovasculares, pero existen grupos poblacionales donde la pobreza y la marginación determinan que aún prevalecen enfermedades como dengue, cólera y tuberculosis”.
Puntualizó que uno de los aspectos que deben revisarse con detenimiento es la pertinencia del sistema de adquisición de medicamentos unidosis, “en efecto se mitigan riesgos para evitar la caducidad de los remanentes, pero nos podemos enfrentar a conflictos que alarguen el tratamiento y que no estén disponibles en tiempo y forma para su aplicación al paciente; riesgos de contaminación y pérdidas de estabilidad y farmacovigilancia. Vamos a buscar que se logre una gran eficiencia en inversión en materia de salud, el medicamento gratuito requiere, antes, una consulta médica, un doctor y un consultorio”.
Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, expresó que se requiere intentar una reconstrucción del sistema de salud con financiamiento suficiente y que el presupuesto del sector aumente cada año respecto del Producto Interno Bruto.
Agregó que es necesario lograr la integración del sector buscando un equilibrio entre los diferentes niveles de atención y desarrollar el muy precario nivel de atención primaria; fortalecer el segundo nivel, y apuntalar el tercero; todos son indispensables para que el país pueda tener un sistema de salud suficiente y eficiente.
Karla Báez Ángeles, directora de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica (AMIF), destacó la importancia de incorporar la innovación tecnológica e investigación clínica al nuevo sistema de salud con una visión diferente, para lograr un acceso temprano y que el médico atienda al paciente, diagnostique y aplique las terapias novedosas. Aseguró la disponibilidad del sector privado a colaborar con las autoridades y ser corresponsables en este proceso.
Propuso incluir un artículo transitorio en la iniciativa que plantea la creación del Insabi que dé certeza para que la Secretaría de Salud garantice el acceso y vigencia en la atención a padecimientos que generan gastos catastróficos. Consideró que los diferentes cuadros básicos generan inequidad y suplantación del sistema. Pidió actualizar este esquema con la opinión y participación de expertos clínicos y académicos.
Víctor Hugo Borja, director médico del IMSS, indicó que existen desigualdades en las tasas de mortalidad e incidencia de enfermedades entre los derechohabientes y la población no afiliada, quien registra mayores índices, debido a las diferencias en el modelo de atención preventiva, además porque los servicios de salud no se han enfocado en padecimientos crónicos que requieren atención a lo largo de toda la vida, lo que no se logra con un par de consultas médicas.
Consideró que la creación del Insabi no sólo busca desaparecer el Seguro Popular, sino cambiar el modelo de salud que no pretende separar el financiamiento y la prestación de servicios, además de homologar los beneficios sin restarlos en la seguridad social. El nuevo instituto plantea un control centralizado y semejante al modelo del IMSS en 3 niveles de atención, ya que el esquema ha demostrado efectividad. No obstante, apuntó que el IMSS e ISSSTE deben fortalecerse.
En su intervención, el diputado Víctor Adolfo Mojica Wences afirmó que la gran parte de las instalaciones que ofrece el primer nivel de atención tiene malas condiciones físicas en su infraestructura y carecen de médicos y enfermeras, por lo que se requiere lograr que funcione y que sirva a la gente.
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba hizo votos porque la Cuarta Transformación le dé al Consejo de Salubridad General el papel que establece la ley, porque en los hechos plasman cosas diferentes, como quitarle la facultad de definir qué enfermedades sí o no se incluyen en el fondo contra gastos catastróficos.
La diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado señaló que se debe crear un sistema de salud con calidad y accesible para todos los mexicanos, lo cual requiere presupuesto. “La gran responsabilidad que tenemos es hacer las cosas bien y queremos respaldar esta propuesta de una manera seria; sin embargo, quisiera saber, si ya no habrá cuotas ni aportaciones federales como viene en el modelo del sistema de protección, cuál será la distribución a los estados”.
Propuestas presentadas durante las Audiencias Públicas serán para enriquecer la iniciativa en la materia
Durante la mesa cuatro “Federalismo y Salud; distribución de competencias y los sistemas estatales de salud”, el diputado Arturo Roberto Hernández Tapia comentó que lo expuesto en el parlamento será tomado en cuenta por la comisión organizadora.
La diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado agradeció a los participantes sus exposiciones y recordó a sus compañeros integrantes de la junta directiva de la Comisión de Salud que deberán realizar una mesa de trabajo para que todo lo escuchado pueda ser aterrizado.
Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, dijo que es bienvenida la iniciativa para crear el Instituto de Salud para el Bienestar, porque será el punto de partida que cambiará el paradigma en la organización del sistema nacional de salud para que sea público, equitativo, universal y gratuito, a fin de transformar la visión financiera a un derecho.
El paciente dejará de ser un cliente que consume servicios pro mercado como se etiquetó al Seguro Popular, el cual no presta atención, sólo fondea recursos, afirmó.
Destacó la importancia de definir cómo los sistemas estatales de salud se podrán articular al nuevo esquema, a través de la Secretaría de Salud.
Destacó que en la Ciudad de México se impulsa el modelo de “Salud en tu vida”, basado en la estrategia integral de atención primaria personalizado, desde la prevención, atención, rehabilitación, cuidados paliativos hasta la muerte digna, articulado a la perspectiva de universalidad y gratuidad que propone el Insabi. Se promueven también las redes de servicio ambulatorio y hospitalario.
Maricela Lecuona González, abogada general de la Secretaría de Salud, destacó que la iniciativa para crear el Insabi sentará las bases jurídicas para implantar un modelo de salud que ofrezca atención progresiva a la población carente de seguridad social, de manera oportuna y con calidad, de forma integral y acceso a medicamentos gratuitos, sin las restricciones o limitaciones planteadas en el Seguro Popular.
Se requiere revertir la desarticulación y fragmentación actual en el sistema nacional de salud, mediante el fortalecimiento de la rectoría de la Secretaría de Salud y la creación del Insabi, impulsar una verdadera coordinación y articulación de las instituciones del sector que asegure la cobertura y acceso a los servicios, que dé orden al gasto, alinee de manera estratégica las fuentes de financiamiento y homologue la atención en disponibilidad y calidad. Propuso que en la ley se definan claramente las facultades del nuevo instituto.
Del Instituto de Salud del estado de México, Carlos Aranza Doniz, señaló la importancia de fortalecer el sistema de salud para beneficiar a la población y que no se pierda el objetivo de garantizar el derecho de acceso a los servicios médicos.
Dijo que la fiscalización de recursos es fundamental y propuso crear un comité para mejorar este ejercicio, y que haya un acompañamiento directo de la Secretaría de la Función Pública.
“Se ha hablado de corrupción, de malos manejos, de muchas cosas que sin duda alguna existen y no podemos tapar el sol con un dedo, pero hay mecanismos financieros para establecer candados y hacer uso y distribución adecuado de estos recursos”.
María Eugenia Lozano Torres, secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud (Conasa), afirmó que los retos del nuevo modelo de salud son la universalización y gratuidad en los servicios y medicamentos. Propone ampliar la cobertura y llevar la atención a la población más vulnerable con calidad y celeridad; dar a todos los mexicanos la cobertura de padecimientos sin limitación y corresponsabilidad financiera entre la Federación, entidades y municipios.
Asimismo, establecer una nueva federalización de los servicios, donde la salud es prioridad en los 3 órdenes de gobierno; rescatar la rectoría del sector; eliminar cargas burocráticas que incentivaron el desvío de los recursos públicos; suprimir eslabones de corrupción que llevaron a los sistemas estatales de salud a deudas que se atienden para que no colapsen y pongan en riesgo su operación.
Pedro Flores Jiménez, titular de la Unidad de Administración y Finanzas, comentó que se necesita contar con un instituto como el que se pretende crear, que puede integrarse con los estados en temas de servicios financieros, tecnológicos y materiales.
Expuso que la creación de un fondo de aportaciones para la nómina y gastos operativos de los servicios de salud, permitiría integrar los recursos de seguro popular y esto ayudaría a centralizar el pago de las nóminas y los gastos operativos de los servicios estatales del sector.
Miguel Ángel González Block, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, explicó que la iniciativa amplía el acceso de medicamentos a la población sin Seguro Social; da continuidad a mecanismos vigentes de gestión financiera y derechos de la salud, y pretende integrar la gama de funciones en torno a un sistema de acceso universal y gratuito a los servicios con una visión de integralidad.
Manifestó que es necesario definir el monto mínimo del gasto en salud, del cual debería gozar cada ciudadano para cubrir prestaciones garantizadas. Asimismo, la propuesta deberá definir como función central del instituto, la gestión de redes integrales de alcance verdaderamente nacional, ampliando a todos los prestadores de servicios públicos y privados.
Ana Sofía Charvel Orozco, directora del Programa de Derecho y Salud Pública del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), expresó que la reforma tiene un impacto enorme y no debe ser aprobada con premura o generar crisis en la población con su derecho a la salud.
La iniciativa, abundó, carece de claridad en los padrones y su integración; no hay vinculación entre el padrón y el financiamiento, lo que podría provocar una manipulación del dinero. Al derogar los indicadores de seguimiento en la operación, no se podrá conocer la realidad del estado de salud de la población; carece de un modelo para la atención primaria. Si bien, es deseable la unodosis, se requiere un cambio en la infraestructura y en la política farmacéutica.
Cristina Heliane Rosas Balán, consultora en temas de salud, puntualizó que es innegable hacer ajustes presupuestarios y legales que permitan al mayor número de residentes en el país acceder a estos servicios. En materia de federalismo, planteó rescatar y conocer cómo el Seguro Popular se ha desarrollado como un sistema de aseguramiento, y llamó al gobierno para que defina quién asumirá la rectoría de estas actividades, si es la Secretaría de Salud o el Insabi.
Sugirió que la discusión se dé en las entidades federativas y se establezcan responsabilidades para aquellos estados que no colaboren en esta tarea; definir los planes estratégicos; mantener criterios de acreditación, para permitir conocer si los estados tienen la capacidad de atender o no una enfermedad; debe fortalecerse la supervisión; garantizar el Fondo de Gastos, así como continuar con los criterios de atención.
Fernanda Cobo, especialista en derecho y salud pública, planteó definir todo lo retributivo en materia de competencias y la manera en cómo se integrarán los fondos. Añadió que la iniciativa genera incertidumbre al gobernado sobre la cobertura que se oferta, al no definir el financiamiento y la manera de integrar los capitales.
Se debe definir en la ley cuáles serán los mecanismos de priorización para el incremento de la cobertura, dado que será peligroso dejarlo en la legislación reglamentaria. Hay que fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.
Luis Martínez Liévano, director de Nuevos Modelos de la Secretaría de Salud, señaló que ante la búsqueda de formas innovadoras de atender a la población, será necesario un cambio organizacional si se quiere mejorar la cobertura, calidad y efectividad, y eficientar las instituciones públicas y privadas.
Subrayó que la Secretaría de Salud mantendrá su papel como rector en las acciones y políticas en la materia, siendo el Insabi el operador de éstas hacia la población sin seguridad social. “Es tiempo de que este tema sea visto como un elemento para el crecimiento de la nación, porque no puede haber niños desnutridos queriendo aprender en las escuelas”.
María Enriqueta Barido Munguía, presidenta de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales (AMEIN), denunció la falta de recursos en el sector salud. “Los médicos funcionan bien, pero no hay estructura, en los hospitales no hay camas disponibles, están ocupadas por pacientes muy enfermos y no hay sondas, catéteres, ni medicamentos”.
Sugirió que esta nueva iniciativa sea funcional y se le financie, para que el modelo sea capaz de ofrecer servicios de salud en los 3 niveles de atención, porque en todos se necesitan recursos, estructura y calidad. Resaltó que México es de los países que destina menos recursos al sector. Recomendó empoderar a los pacientes y las familias para que exijan y se mejore la atención médica, a fin de lograr calidad, y cobertura. Falta financiamiento, estructura y organización[.]
