La reforma de paridad de género aprobada por el Congreso mexicano sentó un precedente a nivel mundial en la construcción de una democracia más justa e igualitaria, sin embargo, para la consolidación de este avance será necesario reglamentar este principio, de forma que la paridad sea un piso mínimo y no un tope máximo para la participación de las mujeres en la toma de decisiones, señala una investigación elaborada por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD).

El documento titulado “Reforma Constitucional de Paridad de Género: Rutas para su Implementación”, elaborado por la investigadora Lorena Vázquez Correa, explica que, de acuerdo con los artículos transitorios de la reforma constitucional en materia de paridad publicada el 6 de junio de 2019, el Congreso de la Unión y las legislaturas locales deberán realizar las adecuaciones normativas correspondientes para cumplir con dicho principio en los términos del artículo 41.

En ese sentido, la investigadora destaca que, entre los ordenamientos a modificar, se encuentran:

• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
• Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
• Ley General de Partidos Políticos
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
• Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
• Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como las 32 constituciones de las entidades federativas.

Por otro lado, el estudio apunta que es indispensable legislar y crear políticas para erradicar la violencia política de género, a fin de que ésta no se convierta en el costo que tienen que pagar las mujeres por participar en la toma de decisiones. Además, si se quiere avanzar en materia de igualdad de género en los partidos políticos y la política nacional, es importante abordar la subrepresentación de las mujeres en los cargos de liderazgo al interior de los partidos.

El desafío más importante que persiste y amenaza la construcción de la Democracia Paritaria tiene que ver con que la efectiva redistribución del poder público. La cual debe ir acompañada de la redistribución de las tareas del espacio privado; relacionadas con actividades domésticas y de cuidado, para lo cual, cobra especial relevancia la promoción de una agenda legislativa de género y redes de colaboración entre mujeres y hombres, que combatan la desigualdad estructural que se reproduce en el hogar, que abone a mejorar la representación sustantiva de las mujeres, y, por tanto, que contribuya al fortalecimiento de la democracia, sostiene la investigadora[.]