Entre las modificaciones se prevé que la política nacional de México que desarrollará el Ejecutivo Federal deberá identificar y generar acciones enfocadas a eliminar las barreras que impiden el acceso a los derechos humanos de las mujeres con discapacidad, como la accesibilidad en el entorno, a la información y a la comunicación.
Con 106 votos, el Pleno aprobó el pasado 8 de octubre de 2019 cambios a las leyes generales para la Igualdad entre mujeres y hombres; para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; y de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Con ello, se reconoce, garantiza, promueve, protege y respetan los derechos humanos de las mujeres con discapacidad.
El dictamen turnado a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional, establece también la promoción de la inclusión laboral para este sector, procurando garantizar la accesibilidad en los centros de trabajo y el derecho a solicitar ajustes razonables.
Plantea que la Secretaría de Salud deberá identificar y eliminar los tipos de violencia y las formas de discriminación en los servicios de salud hacia las mujeres con discapacidad, y asegurará el acceso a la información sobre sus derechos sexuales y reproductivos.
Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Social tendrá que promover el acceso prioritario de las mujeres con discapacidad o madres de hijas e hijos con discapacidad, a los programas sociales destinados a la reducción de la desigualdad y la pobreza.
Adicionalmente plantea que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) considere la perspectiva de género en la recopilación de información y estadística. Ello, para identificar las barreras que impiden o limitan el acceso de las mujeres con discapacidad a sus derechos humanos.
Por otra parte, se incluye a un representante del Instituto Nacional de las Mujeres en la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; y se establece que el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, contará con un representante del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
El dictamen señala que la situación de la mujer con discapacidad no es suficientemente conocida ni reconocida. Este sector, agrega, enfrenta mayores barreras y obstáculos para integrarse plenamente a la sociedad, derivado de una doble discriminación por género y discapacidad, lo que las lleva a un círculo permanente de marginación y rezago, que les impide el acceso pleno a sus derechos humanos y con ello al desarrollo.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, el porcentaje de mujeres con discapacidad en la fuerza de trabajo es 20 puntos porcentuales mayores que el de los hombres (65.3 frente a 45.5%).
Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, dijo que se protege de la violencia a las mujeres con discapacidad, y se promueve que la difusión de información para prevenir e identificar la violencia en sus formas y modalidades sea en formatos accesibles.
Con las modificaciones también se genera un vínculo permanente entre instituciones que atiende la discriminación por género y discapacidad. La legisladora también reconoció que se atiende a un amplio número de mujeres olvidadas, tanto en la legislación como en las políticas públicas. El género y la discapacidad han sido factores considerados aisladamente en la colaboración y gestión de políticas de igualdad, impidiendo el progreso de las mujeres, subrayó.
Por la Comisión de Estudios Legislativos, el senador Manuel Añorve Baños, expuso que las mujeres tienen un porcentaje de población con discapacidad más alto que los hombres, de 53%, frente a 46%. Afrontan -además de los retos propios de su discapacidad-, obstáculos de discriminación por causas de género, por lo que el dictamen reconoce el derecho a la igualdad sustantiva como acción destinada a equiparar oportunidades.
El legislador reconoció que se realizan acciones afirmativas que promueven, protegen y garantizan los derechos de las mujeres con discapacidad.
La senadora Verónica Martínez García, afirmó que se da un paso hacia la erradicación de la violencia y discriminación en contra de las mujeres y se atiende la doble discriminación de las que son víctimas las mujeres con discapacidad. Gozarán de un marco jurídico que les permite ejercer plenamente sus derechos y al mismo tiempo, se fomenta una cultura de no discriminación mediante acciones de difusión y concientización sobre esta condición.
En tanto, Leonor Noyola Cervantes, reconoció la importancia de apoyar la expedición de normas que beneficien a las mujeres con discapacidad, ya que día a día “enfrentamos mayores barreras y obstáculos para integrarnos plenamente en la sociedad”. Destacó que con el dictamen se impulsan beneficios reales para la inclusión laboral, garantizando la accesibilidad en los centros de trabajo y la perspectiva de género.
Asimismo, la senadora Claudia Anaya Mota, recalcó que el diseño exclusivo de políticas de género deja fuera la problemática que envuelve el ser mujer con una discapacidad. Recalcó que el organismo que diseña e implementa políticas públicas en la materia no tiene titular: el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis).
En este sentido, expuso que presentó una propuesta para transformarlo en un instituto de inclusión de las personas con discapacidad, pero aún no se dictamina, y aunado a esto, dijo, el presupuesto del siguiente año viene a la baja para las personas con discapacidad[.]
