El senador Antonio García Conejo hizo un llamado a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor. Esto para que verifiquen que los servicios de salud privados se sujeten a las tarifas previamente establecidas en la atención médica de enfermos por COVID-19.
También pidió que el Ejecutivo Federal dialogue con la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales, y convengan que en la prestación de servicios no se realicen cobros excesivos y garanticen la colaboración y solidaridad con la ciudadanía durante la pandemia.
Mayor búsqueda de atención médica privada
En un punto de acuerdo que presentó en la sesión de este martes, el senador afirmó que la crisis de salud ha generado que, ante la saturación de los hospitales públicos y la desconfianza social por la prestación de servicios de calidad, más población busque atención médica privada.
“Para muchas familias mexicanas, los costos del tratamiento contra el COVID-19 en hospitales privados, sin una cobertura de gastos médicos mayores, superan toda proyección, debido a que la cuenta promedio para quienes ingresan a terapia intensiva ya supera el millón de pesos”.
Costos y datos de seguro privado de gastos médicos
El senador indicó que en México sólo 9.6 millones de personas tienen un seguro privado de gastos médicos y que sólo 6 de cada 100 personas tienen un respaldo que les permita costear atención en clínicas y hospitales privados sin que esto genere un daño patrimonial a sus finanzas.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el costo por tratamiento en hospitales privados aumentó 51%. Pasó de 300 mil pesos a 452,918, en junio de 2020 y se han registrado 2 casos que superan el promedio; el más caro en 15.4 millones y otro de 13.4 millones de pesos.
Pagar atención médica y hospitalaria en el sector privado, dijo el senador, podría consumir los ingresos de 2 años y si se requiere de hospitalización con intubación, sería el equivalente a los ingresos de 25 años de trabajo para una familia mexicana.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Economía[.]
