El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), expone en el Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2020[1] «en el contexto de la pandemia de la COVID-19, el acceso y uso de anticonceptivos es crítico, pues se estima que el número de adolescentes sexualmente activas, que desean evitar un embarazo con necesidades insatisfechas de anticoncepción podrían incrementarse de 29.6 por ciento a 35.5 por ciento en un escenario moderado y podría elevarse hasta 38.4 por ciento en un escenario pesimista a raíz de la contingencia sanitaria. Esto repercutiría en 191,948 embarazos no deseados o no planeados de adolescentes en el primer escenario y podría elevarse hasta los 202,770 para el segundo escenario«.

Importancia de los servicios de salud materna y neonatal en todo momento

El Dr. Said Plascencia, director médico Asociado de Salud Femenina de Organon, señala que, ante este panorama, la apertura de centros de salud a nivel nacional es una acción de gran importancia. Permitirá brindar de manera segura todos los servicios esenciales de atención médica que las mujeres requieran, contribuye a reducir los embarazos no planeados.

“Es importante destacar que los centros de salud brindan a las personas acceso a métodos anticonceptivos, orientación en planificación familiar, servicios de salud materna y neonatal; así como atención a niñas, niños, adolescentes y mujeres que viven alguna situación de violencia, incluyendo la sexual”, enfatizó el Dr. Plascencia.

Cuando una niña de 15 años o menos se embaraza, tiene una probabilidad 4 veces mayor de mortalidad materna, comparado con el grupo etario de 20 a 24 años. Además de presentar complicaciones en su estado de salud durante y después del parto, enfrenta consecuencias en su desarrollo emocional, social, educativo, laboral y familiar que impactan significativamente en su calidad de vida[3].

Estos problemas incrementaron la importancia de priorizar la provisión de atención anticonceptiva, no solo durante la emergencia sanitaria por COVID-19, sino en todo momento [4]. En México, la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente busca disminuir el número de embarazos en los adolescentes. Para 2030, la meta es reducir el 50% la tasa de fecundidad en personas de 15 a 19 años de edad [5].

Acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva

De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, todas las mujeres deben tener acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva, que incluya atención prenatal, perinatal y postnatal; además ayuda a proteger a las mujeres de las consecuencias negativas para la salud al enfrentarse a un embarazo no deseado. Por ello es importante que las personas puedan seguir accediendo a la información y servicios anticonceptivos durante la pandemia [6].

Problema social y económico

El embarazo adolescente se considera un problema social y económico. Por lo que Organon trabaja para contribuir en el fortalecimiento de acciones y programas que permitan mayor conocimiento del uso de métodos anticonceptivos, su acceso y elección libre e informada por parte de las, los y l@s usuarias[.]