La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa que reforma el artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para incluir la información sociodemográfica por población rural y urbana, en la publicación semestral que ya se hace sobre los casos de violencia contra las mujeres.
Lo anterior, con el fin de integrarla al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, el cual forma parte del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Banco Nacional carece de estadísticas sobre población rural y urbana
La iniciativa señala que este Banco Nacional carece de estadísticas sobre población rural y urbana. Esto deriva en muchos de los casos, en una revictimización y falta de mecanismos pertinentes para garantizar justicia, el debido proceso y la reparación del daño.
Agrega que según el sitio oficial de dicho Banco, sólo se consideran variables como:
- tipo de violencia
- modalidad
- victimarios
- orígenes de protección
- delincuencia organizada
Pero faltan aspectos sociodemográficos o por población rural y urbana, hecho que restringe o invisibiliza estos fenómenos en el campo, núcleos agrarios y pequeñas localidades.
“Pese a constituir una herramienta que permite al Gobierno Federal conocer el perfil de las mujeres víctimas de violencia y las personas agresoras para delinear políticas a nivel federal, estatal y municipal para su eliminación, no está completa, ya que de contar con un perfil de población se tendría un mayor contexto de los agresores y su relación con el aspecto rural”, subraya.
“Si no se incorporan estos elementos, difícilmente cumplirá su objetivo de creación, vinculado a elaborar estadísticas y diagnósticos de violencia con miras a conocer sistemáticamente las características y patrones de este fenómeno, para enfrentar la violencia contra las mujeres”, señala el documento.
Se desconoce la gravedad real del problema
Subraya que al carecer de información precisa, se desconoce la gravedad real del problema e impide la atención por parte de las autoridades correspondientes. Pero a la vez, de manera indirecta hace posible que estos acontecimientos se sigan dando junto con otros como la falta de acceso a la titularidad de predios.
Asimismo, la poca participación en los órganos de toma de decisiones comunitarias y la carencia de medios para el ejercicio de derechos básicos como: salud reproductiva; vivienda; educación y capacitación para la vida y el trabajo.
En la iniciativa, turnada a la Comisión de Igualdad de Género, la legisladora asegura que sólo mediante el conocimiento de los delitos, su magnitud y origen sociodemográfico se puede acceder efectivamente a su pleno goce y disfrute en el medio rural.
De ahí, agrega, la relevancia de la presente propuesta en favor de las víctimas y de las niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores el medio urbano y rural[.]
