La diputada Lorena Villavicencio Ayala, coordinadora de la Subcomisión de Feminicidios y Violencia contra las Mujeres de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, afirmó que es fundamental que el presupuesto aprobado para atender este tema se respete en las políticas públicas y no se desvíe.
[/media-credit] La diputada Lorena Villavicencio Ayala, coordinadora de la Subcomisión de Feminicidios y Violencia Contra las Mujeres, informó que impulsa una reforma integral a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la homologación del tipo penal de feminicidio en el país.
“Es nuestra potestad y vamos a hacer un esfuerzo muy importante para que en el presupuesto 2020 tengamos la capacidad de incidir plenamente en qué tipos de políticas públicas queremos apuntalar, que efectivamente se etiqueten los recursos y ser garantes de la aplicación adecuada de los mismos”.
Aseguró: no nos vamos a quedar impávidas a ver si cambia o no el presupuesto; el Consejo Consultivo debe impulsar junto con las organizaciones que fueron afectadas por la reducción de recursos, como Proequidad, Inmujeres, refugios e instancias infantiles, donde se hará un planteamiento integral para lograr la autonomía de las mujeres y tutelar el interés superior de la niñez.
Para ello, anunció para septiembre próximo una conferencia nacional de legisladoras federales y estatales, y organizaciones de la sociedad civil contra la violencia, por los derechos humanos y presupuesto 2020, para establecer una ruta de trabajo y alcanzar esos objetivos.
Sobre el recorte a los refugios de mujeres, apuntó que “asumimos una posición clara en contra de la afectación presupuestal, porque es una mala señal cuando uno de los problemas más importantes es la violencia y el feminicidio que viven las mujeres de México”.
Destacó la relevancia de realizar reuniones de los integrantes de la Comisión de Justicia con los fiscales estatales, no sólo a fin de expresar sus preocupaciones, sino buscar las mejores prácticas y conocer el modelo para enfrentar la violencia y el feminicidio, cuántas tarjetas de investigación tienen, cómo promueven la denuncia, qué medidas se toman en el sistema de justicia mediante el Ministerio Público y dar seguimiento de las decisiones de las autoridades.
Villavicencio Ayala apuntó la importancia de realizar un encuentro con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, porque de sus acciones depende lograr una sentencia condenatoria y saber cuáles son las políticas de prevención, porque tiene en sus atribuciones toda la estrategia de prevención del delito.
Sobre el diagnóstico de la homologación del tipo penal de feminicidio para todo el país, indicó que, en breve, los integrantes del Consejo Consultivo presentarán una propuesta penal-técnica, para definir elementos jurídicos puntuales que contribuyan a que el Ministerio Público y jueces lo clasifiquen de forma acertada, que evite definiciones y penas distintas.
Al respecto, señaló que durante la conferencia nacional de legisladoras, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, presentará una evaluación.
Al presentar el informe sobre los avances de las acciones emprendidas por el Consejo Consultivo, conformado por 86 organizaciones de la sociedad civil, familiares de víctimas y organismos de protección a derechos humanos, afirmó que “es muy importante establecer un Código Penal Único para depurar estas conductas que se sancionan indebidamente, conocer las definiciones de tipo penal y cómo mejorarlas”.
Subrayó la importancia de la iniciativa para modificar el artículo 73 de la Constitución, que analiza la comisión respectiva, con el propósito de que se reconozca la atribución del Congreso de la Unión para generar un Código Penal Único.
Celebró que en el Senado de la República haya propuestas en el mismo sentido. “Es una buena noticia para atender estos delitos, a fin de avanzar y generar un instrumento jurídico único y mejorar sustantivamente los tipos penales”, sobre todo, porque las cifras del Sistema Nacional de Seguridad son preocupantes al reconocer un aumento.
Propuso darle seguimiento con seriedad. Aclaró que “no se pretende usurpar facultades a las entidades federativas en su competencia para definir los tipos penales”. Pidió evitar ese debate y hacer un esfuerzo similar al realizado en la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dio orden en cada estado.
Explicó que se analizará la forma en que se regula el tipo penal de feminicidio en cada estado.
La diputada María Elizabeth Díaz García resaltó que se deben fortalecer los marcos jurídicos, hacer políticas públicas, ir al fondo de este problema y quitar toda esa cultura de odio hacia las mujeres. “Todos los días hay una cultura que enseña a los hombres cómo violentar, violar y asesinar a una mujer con total impunidad”.
Comentó que desde la subcomisión se ha estado trabajando para eliminar todo tipo de violencia y que una de las más grandes es el feminicidio; por ello, es importante hacer una política pública que enseñe a los hombres a respetar a las mujeres, comentó.
“Es importante que sigamos trabajando para que pronto logremos el objetivo. Desgraciadamente las cifras de feminicidio han aumentado, y vamos a construir una ley importante, que es la General contra el Feminicidio, donde tenemos que ir a la raíz del problema”.
De la misma bancada, la legisladora Claudia Pérez Rodríguez manifestó que “no podemos permitir que esto siga pasando en nuestro país, porque tenemos todo para poder hacer políticas públicas para que los hombres respeten a las mujeres”.
“En esta lucha vamos de la mano caminando de manera conjunta, ya hemos desarrollado foros para poder lograr un conjunto de normas integrales y poder atacar de fondo este problema que tanto nos ha lacerado en nuestro Estado mexicano y principalmente como mujeres«, señaló.
Agregó que, en días próximos, se hará un estudio en el estado de Tlaxcala porque en los informes que rinden las autoridades aparentemente no hay feminicidios, pero haciendo un análisis comparativo con las notas que salen en los medios de comunicación sí los hay.
Julia Pérez Cervera, coordinadora general de Defensa Jurídica y Educación para Mujeres “Vereda Themis”, criticó el sentido de una ley emergente para evitar el feminicidio, cuando la política pública cotidiana se está eliminando, ya que “cualquier modificación que se haga a los códigos y a la ley general da igual, si no va acompañada de una estrategia permanente y de recursos; deben ser duraderas”.
Se manifestó por reformas a la Carta Magna para que el Presidente de la República “no se salte de forma discrecional los presupuestos del Estado aprobados ni normas para que los recursos de género vayan para atrás; es la única manera de garantizar que haya recursos para esas políticas; debemos evitar retrocesos; no podemos hablar de justicia cuando las políticas públicas están vacías, no existen o son mal aplicadas”.
Ana Suárez Castro, litigante en materia penal sobre temas de defensa de género y derechos humanos, expresó que una de las mayores fallas para tipificar el feminicidio y las agresiones contra las mujeres está en la falta de capacitación de los psicólogos tratantes de las víctimas. “No creo que elevar la penalidad sea la solución, pero sí, a partir de políticas, podemos visibilizar que las autoridades estén dispuestas a cumplir con su deber”.
La feminista Yndira Sandoval destacó la importancia del consejo ante el desmantelamiento de la política pública, debilitamiento y criminalización del trabajo de las organizaciones de la sociedad. Afirmó que sin presupuestos “de nada servirá que se endurezcan las penas del feminicidio, como es el caso de la Ciudad de México. Nosotros debemos fungir como un espacio de seguimiento a las recomendaciones internacionales por violaciones a derechos humanos de las mujeres”.
El presidente de la organización “Conciencias Libres”, Luis Antonio Torres Osorno, consideró urgente la capacitación en todos los niveles, desde policías, Ministerio Público, psicólogos, ejecutivos y funcionarios, pues en muchas ocasiones se desconoce la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Además, pugnó por una atención integral de las personas violentadas y emprender una estrategia de prevención y atención.
Moisés Sánchez Ramírez, titular del Instituto Municipal para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Coacalco, Estado de México, urgió instrumentar mecanismos integrales que incluyan la alerta de violencia de género, contención psicológica, asesoría jurídica, ya que en la actualidad es muy difícil llevar a cabo estas tareas por las limitaciones presupuestales.
Giselle Yáñez Villaseñor, representante de las Constituyentes Ciudad de México, Feministas, dijo que es fundamental que no sólo los hombres respeten a las mujeres, sino que el Estado garantice sus derechos humanos, a través de un presupuesto adecuado en materia de perspectiva de género y que se implante un programa nacional en la materia, porque no basta tener reglamentos o protocolos; “se requieren políticas públicas eficientes homologadas”.
Josefina Meza Espinosa, representante del Frente Politécnico Nacional de Mujeres, mencionó que los índices de violencia en Querétaro se han incrementado y no se tiene una contabilización precisa de los feminicidios, porque hay una clasificación errónea al catalogarlos como homicidios. Propuso reparación integral del daño a las familias de las víctimas y se capacite y sensibilice a las autoridades.
Blanca Ivonne Olvera Lezama, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), coincidió que es primordial que a los efectivos de la Guardia Nacional se les capacite en su actuar como primeros respondientes en casos de violencia y se indique a las unidades de género la manera en que se deberá ejecutar el recurso en caso de presentar una alerta de género.
Gel Aguilar, de la Unidad de Género de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, dijo que ellos realizan opiniones técnicas de reparación integral del daño; caso por caso se determina cuál sería la mejor forma de reparar en cuanto a la destitución, rehabilitación, satisfacción, compensación y garantías, y las han impulsado en los ministerios públicos locales.
Jacobo Mora Herrera, del Colectivo “Voces de la Ausencia, Familias de Víctimas Colaterales de Feminicidios y Desaparición por Condición de Género”, señaló que en la Ley General de Educación no aparece el tema de feminicidio y que es un asunto aislado; propuso que la gestoría sea el eje educativo del Consejo Consultivo y Ciudadano para dar seguimiento a los feminicidios.
Claudia Carranza, de Espacio Mujeres para una vida Libre de Violencia, AC, comentó que se enfocan en atender el tema de prevención, antes de que ocurra el feminicidio dándole la atención integral. “Queremos poner sobre la mesa qué papel jugaremos cuando el gobierno federal nos está diciendo que ya no habrá presupuesto para estas organizaciones, estamos salvando vidas, no solamente de estas víctimas directas que son las mujeres sino también sus hijas e hijos”.
Imelda García, originaria de Amealco, Querétaro, señaló que los feminicidios han sido catalogados como homicidios, y que la alerta de género es algo que han estado solicitando desde hace mucho tiempo. “Deben tomarnos en cuenta a las zonas indígenas y rurales; así como tener una perspectiva de género y la capacitación a nuestros policías”.
Ana Griselda Hernández López, integrante de la organización civil Ke’gua Rerichejui, mencionó que las mujeres indígenas se encuentran con un obstáculo de discriminación a la hora de exigir justicia y con estas acciones se está logrando poco; lo que se necesita son políticas eficaces enfocadas a los derechos humanos de las mujeres originarias, pidió.
En su turno, Fabiola García Betanzos, fiscal del estado de Morelos en materia de feminicidios, dijo que es importante reconocer la problemática que se genera al investigar este tipo de delitos y la falta de homologación en el tipo penal al momento de tipificar si es o no un feminicidio; hoy en día sólo en 15 estados de la República hay fiscalías especializadas en la materia.
Alexia, psicóloga y educadora de la calle, denunció que todas las mujeres de población callejera viven a diario violencia, vinculada a su vida en calle, por lo que pidió que este sector sea urgentemente atendido.
Por su parte, Erika Salinas Valadez, de “Mujeres Rurales” de Chilpancingo, Guerrero, comentó que la violencia ha rebasado a las autoridades, por lo que es necesario ejercer ciudadanía. Denunció también el bloqueo de iniciativas que van en favor de los derechos de las mujeres[.]
