La diputada Kathia María Bolio Pinelo promueve un exhorto a la Secretaría de Salud del gobierno federal, al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), para ampliar y mejorar los tratamientos y terapias requeridas por niñas y niños con discapacidad en México.
[/media-credit] En las familias donde un menor de edad tiene una discapacidad, el problema se agrava en cuanto al entorno y las personas a su alrededor padece los efectos de dicha discapacidad; es decir, no sólo la persona con discapacidad sufre, sino también sus padres y hermanos por diversos motivos, afirma Kathia María Bolio Pinelo.
Asimismo, se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público elaborar un diagnóstico sobre el destino de los recursos del sector salud que permita reorientar, a costos compensados, una mayor cantidad de recursos que hagan posible ampliar y mejorar tratamientos y terapias requeridas por niñas y niños con discapacidad en México.
Bolio Pinelo señaló que alrededor de 1.5 millones de familias en México se empobrecen anualmente a consecuencia de los gastos en que incurren para pagar servicios de salud. Por otra parte, las terapias que pagan quienes tienen un familiar con el espectro autista, trisomía o alguna otra discapacidad, son caras e inalcanzables para muchos mexicanos.
El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó que 54.1% de personas con discapacidad se encontraba en condición de pobreza en 2014, cifra superior a la tasa de prevalencia de la pobreza a nivel nacional (46.2%). Cabe mencionar que la tasa de pobreza extrema entre las personas con discapacidad fue de 12.7%, mientras que, en todo el país, ésta fue de 9.6%.
La legisladora comentó que la atención a la salud de niñas y niños con alguna discapacidad es a través de programas o acciones con características específicas, procedimientos de tratamientos y terapias apropiados al tipo de discapacidad o limitación del menor.
La salud es una de las primeras condiciones que debe asegurar el gobierno a la población. “Sin salud lo demás pasa a segundo plano”.
Agregó que en las familias donde un menor de edad tiene una discapacidad, el problema se agrava en cuanto al entorno y las personas a su alrededor padece los efectos de dicha discapacidad; es decir, no sólo la persona con discapacidad sufre, sino también sus padres y hermanos por diversos motivos.
El punto de acuerdo remitido a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables plantea que hay muchas personas que podrían tener una mejor calidad de vida, si fueran atendidos como debería ser; por ello, se tiene que actuar para solucionarlo.
