La senadora Lisbeth Hernández Lecona propuso el pasado 4 de abril de 2018 que las autoridades competentes en materia de desarrollo integral de la familia e instituciones públicas y privadas deben ofrecer orientación, recursos y asesorías gratuitas, así como servicios terapéuticos en materia familiar, de pareja, de maternidad y paternidad, entre otros, con el fin de prevenir y evitar la desintegración familiar.
La senadora presentó ante el Pleno del Senado una iniciativa con proyecto de decreto para reformar en ese sentido el artículo 35 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Argumentó que dentro de las dificultades por las que atraviesan las familias en México, integradas en poco más de 31 millones de hogares, se encuentra la desintegración familiar, entendida como el rompimiento de la unidad familiar en el que uno o más miembros dejan de desempeñar adecuadamente sus obligaciones o deberes.
La también secretaria de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano agregó que lamentablemente existen un gran número de factores para que los padres de familia y la misma familia se desintegren, tales como la migración a la ciudad, los divorcios, las adicciones y los problemas económicos, entre muchos más.
La terapia de familia, continuó, es una forma de psicoterapia que ayuda a las familias en sus dificultades derivadas de las diferencias entre cada uno de sus miembros, con la cual se provee recursos a las personas para lograr relaciones cercanas para ayudarse entre sí.
Derivado de lo anterior, dijo, es que esta propuesta de reforma tiene el objetivo de incluir la terapia familiar en el artículo 35 de la Ley, porque en dicho precepto no se tomó en cuenta la materia familiar y esta debe quedar plasmada, debido a la importancia que tiene como núcleo básico de nuestra sociedad.
La iniciativa fue turnada para su análisis y dictaminación correspondiente a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; de la Familia y Desarrollo Humano, y de Estudios Legislativos.
