Se busca intensificar los esfuerzos para defender los derechos de la población femenina e incorporarla en todos los ámbitos de la vida pública para vencer los obstáculos que impiden su afiliación al campo económico.

[media-credit name=»michaeldb» align=»aligncenter» width=»562″][/media-credit]La Comisión de Igualdad de Género analiza una iniciativa del diputado Héctor Javier García Chávez, para expedir una ley que atienda una de las mayores divergencias entre ambos sexos: el ingreso económico de la población femenina, y establecer un financiamiento público hacia la mujer emprendedora.

Con la expedición de una Ley Federal para la Erradicación de la Desigualdad y el Fomento de la Igualdad Económica entre Hombres y Mujeres, dijo García Chávez, se busca intensificar los esfuerzos para defender los derechos de la población femenina e incorporarla en todos los ámbitos de la vida pública, ya que aún prevalecen situaciones que impiden su afiliación al campo económico.

García Chávez precisó que existe una diferencia muy marcada en el ingreso económico que reciben las mujeres con respecto a los hombres, por la misma actividad, puesto y categoría.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, es más alto el índice de mujeres que reciben un menor salario al mínimo vigente, mientras que, para los hombres, es mayor el índice cuando se trata de ingresos por arriba de los cinco salarios mínimos vigentes.

Otro fenómeno cultural que persiste son los bajos índices para incorporarse a categorías de alto ingreso y para promoverse a niveles directivos.

En la iniciativa, que también se mandó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su opinión, García Chávez precisó que dichas diferencias demuestran que lo realizado hasta ahora para igualar salarios entre hombres y mujeres no ha servido para cerrar las brechas que permitan alcanzar la paridad.

Consideró relevante establecer un marco normativo preciso, que se oriente a lograr la igualdad en el acceso a recursos productivos que impulsen el desarrollo económico desde una perspectiva de igualdad, cuyo origen esté ceñido por la ley.

Se requiere establecer un marco que tenga una perspectiva de género y esté a favor de la igualdad; mecanismos de inversión pública en proyectos para fortalecer el impulso emprendedor de las mujeres, y asegurar el acceso, control y decisión de recursos económicos como subsidios, créditos y otros instrumentos de financiamiento.

“Es importante resaltar que la desigualdad económica no tiene que ver sólo con los ingresos remunerados, también es debido a la ausencia de una política que fortalezca el acceso, control y decisión del financiamiento productivo”, añade.

La propuesta de ley contiene cuatro capítulos enfocados a las normas sobre el financiamiento público hacia la mujer emprendedora; reconoce como un derecho humano de las mujeres la no discriminación que se expresa en el ámbito económico, como el acceso, control y decisión de recursos financieros.

El capítulo que hace referencia a la Participación de las Entidades Federativas, puntualiza que el financiamiento público a favor de la mujer emprendedora, será concurrente, y que la dependencia de la entidad federativa encargada de instrumentar las políticas de desarrollo social ejecutará los recursos asignados.

Dichos recursos serán por cada uno de los programas o fondos en que concurran los estados; la Federación establecerá los acuerdos de coordinación respectivos, y deberán ejecutarse con base en los componentes, objetivos y tipos de proyectos señalados en el propio acuerdo de coordinación.

También, contempla un capítulo sobre las beneficiarias, derechos y obligaciones. Se establecen normas sobre el uso responsable de los programas, y menciona que queda estrictamente prohibido utilizar los recursos derivados de los programas o fondos con fines partidistas o de promoción de la imagen de algún candidato, partido o servidor público.