La ausencia de un reglamento para el uso terapéutico de las sustancias derivadas del cannabis, después de tres años de haberse reformado la Ley General de Salud al respecto, refleja una indolencia e insensibilidad absoluta de parte de las las autoridades del actual gobierno.

El primer plazo que dio el Legislativo al aprobar la ley en 2017 fue de 180 días, esos se vencieron en el 2018. El gobierno de Enrique Peña Nieto decidió ser omiso y dejar sin cumplir esa obligación que le había impuesto el Legislativo de emitir el reglamento de la ley reformada para el uso médico de la marihuana. Términó ese Gobierno y llegó el equipo de la autollamada cuarta transformación, que ya va para dos años en el poder y están en lo mismo: sin poder dar certeza legal y regulatoria a todos los pacientes que ya son usuarios de algún derivado del cannabis.

[/media-credit] Janeliy le pide al consejero jurídico Julio Scherer que se emita ya reglamento de cannabis terapéutico, pendiente desde 2017.

Son muchos, quizá miles de personas y familiares que viven no sólo con el estigma de usar una planta prohibida sino que están en la línea de lo criminal, pues ante la falta de reglas, se ven orillados a asumir riesgos de ser perseguidos o detenidos por cultivar, trasladar o hacer cualquier cosa relacionada con la obtención de la sustancia de cannabis que necesitan para tratar su enfermedad o la de su familiar.

No hay registros de cuántos niñas y niños en México están siendo tratados con cannabis por algún tipo de epilepsia, o cuántas personas están resolviendo sus problemas de ansiedad o atenuando su dolor o el vómito y náuseas con aceites importados bajo permisos especiales a precios nada accesibles; o cuántos otros  mediante el cultivo han encontrado la opción para obtener sus requeridas sustancias terapéuticas.

Tal parece que a las autoridades no les importa porque han rebasado todos los plazos, incluidas las prórrogas a los plazos impuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación -el último fue el pasado 9 de septiembre- sin emitir el respectivo reglamento que, es sabido, está detenido en la Consejería Jurídica de Presidencia.

Aquí replicamos la carta de Janeliy López González, una mexicana activista comprometida, que envió a Julio Scherer Ibarra, titular de dicha Consejería, porque expresa con toda claridad esa exigencia entendible y que debe tener respuesta. 

Carta de Janeliy López González al Consejero Jurídico de Presidencia: 

Soy madre mexicana, con necesidades específicas ya que por la enfermedad de mi hijo de 7 años, el cual está diagnosticado con un síndrome epiléptico de difícil control, denominado Síndrome de Lenox Gastaut, aunado a esto una parálisis cerebral infantil con espasticidad severa, una microcefalia, lo cual lo conlleva a ser un paciente completamente dependiente de un cuidador ( MAMÁ o PAPÁ).

Es importante mencionar que el caso de Diego, fue producto de una negligencia y un mal tratamiento médico a los 6 días de haber nacido. Él fue llevado a consulta de vacunación al Hospital Infantil Pediátrico de Coyoacán y de ahí empieza toda esta travesía. Hasta hace 5 años que comenzamos a documentarnos con los tratamientos de cannabis en otros países es como nosotros tomamos la decisión de suministrarle esta alternativa terapéutica, lo cual ha significado una notoria mejoría en la calidad de vida para Diego, pero también para su núcleo familiar, ya que derivado del desgaste tan progresivo que él estaba viviendo, su familia comenzaba a desmoronarse, con la separación de sus padres y la partida de su hermana a otro estado.

Por tal motivo, y dados los innegables resultados terapéuticos del cannabis, mi papel de madre de Diego me ha impulsado igualmente a ser activista para defender sus derechos, doctora para atenderlo y abogada para representarlo.

En este largo camino, el 19 de junio de 2017 hubo una reforma a la Ley General de Salud que dio a las personas que al igual que yo, buscaban encuadrar en un marco jurídico que protegiera sus derechos, certeza legal al valor terapéutico del estupefaciente THC y permitió la investigación científica para los derivados del cannabis, así como su comercialización, importación y exportación, dando a la Secretaría de Salud 180 días para la armonización y expedición de los reglamentos.

Al no tener avances, personas en la misma condición que yo, recurrieron a medios de defensa jurídicos para que por medio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se obligara a la Secretaria de Salud y a COFEPRIS a emitir dicho reglamento, cuando en un estado de derecho, esto no hubiese sido necesario, ya que como lo menciona el Señor presidente Andrés Manuel Lopez Obrador “Por encima de la ley nadie.”

[/media-credit] Texto de la carta de Janeliy al consejero jurídico Julio Scherer pidiendo se emita ya reglamento de cannabis terapéutico.

El día nueve de septiembre venció ese término para dicha emisión del reglamento, lo cual no sucedió y madres de familia como yo seguimos en la incertidumbre jurídica, exponiéndonos a suministrar derivados de cannabis carentes de investigación científica y a encuadrar en alguna falta penal por buscar la salud de nuestros hijos y familiares.

Señor Consejero, aparte del beneficio médico, la industria del cannabis en sus diversas aristas representa un impulso potencial muy grande a la economía del país, pues se podrían generar 25,000 empleos en tres años obteniendo una derrama económica de mínimo 2,000 millones de pesos anuales. Representa un cambio en la ideología y forma de pensamientos de la sociedad mexicana. Representa un Avance Medico y Científico en nuestras instituciones académicas y de salud.

Señor Consejero, lo invito a formar parte de este cambio y que con la reglamentación se permita ayudar a los 28 millones de personas que viven con dolor, derivadas de diversas patologías. Fuente: Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor (AMETD).

Como es de su conocimiento la Agencia Regulatoria Sanitaria (COFEPRIS) al no cumplir con el mandato de la SCJN, no sólo incurre en desacato sino también en un delito como lo establece el artículo 267 de la Ley de Amparo que a la letra establece:

“Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente:

• Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir;”

Por lo anterior Señor Consejero, solicito su apoyo no sólo para mí sino para México, para no frenar más este reglamento y nuestras familias cuenten con medicamentos autorizados, que podamos acceder a investigaciones para no poner en riesgo a nuestros familiares e incurrir en algún tipo penal.

Por lo expuesto y fundado a usted Señor Consejero, solicito.

Primero: Se tenga por recibido el escrito de cuenta y se me dé una solución en el marco de mis derechos humanos invocados en el proemio del presente ocurso.

Segundo: Se presente un informe del porqué no se ha expedido el reglamento derivado de la reforma del 19 de junio de 2017 a la Ley General de Salud ordenado por la SCJN.

Ciudad de México a 14 de septiembre de 2020