Las comisiones unidas de Igualdad de Género, y de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, aprobaron por unanimidad, el dictamen que reforma 49 artículos de 6 diferentes leyes, a fin de prohibir y sancionar la violencia política en razón de género que limite, anule o menoscabe el ejercicio de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, y erradicar la discriminación.
[/media-credit] Avalan que sea obligatorio el principio de paridad en candidaturas locales y federales.
Las reformas avaladas fueron a las leyes:
- General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
- General de Instituciones y Procedimientos Electorales
- General de Partidos Políticos
- General en materia de Delitos Electorales
- Orgánica de la Fiscalía General de la República
- Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de Violencia Política y Paridad de Género
El dictamen se turnó a la Mesa Directiva para continuar el proceso parlamentario.
En la reunión se aprobó una reserva presentada por la diputada Tatiana Clouthier Carrillo al artículo 20 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para incluir el término “psicológicos” y la frase “cualquier tipo de discriminación y menoscabo de la autoridad de las mujeres”, entre las manifestaciones de violencia política en razón de género.
Asimismo, se avaló la reforma propuesta al artículo 463 Bis, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por la diputada Carmen Julia Prudencio González, a fin de eliminar sus 3 primeros incisos, que señalan que las autoridades electorales locales y federales podrán imponer determinadas medidas cautelares, en virtud de que esa facultad es del Ministerio Público, no del INE.
Las comisiones consideraron pertinente incluir en el dictamen cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que al tratarse de infracciones relacionadas con violencia política en razón de género, según la gravedad de la falta, podrá imponerse hasta la reducción del 50% de las ministraciones del financiamiento público que le corresponda (a los partidos políticos), por el periodo que señale la resolución.
Cuando la agresión política por paridad sea mediante la prerrogativa de radio y televisión, además de la suspensión del material denunciado, se reparará el daño con el otorgamiento de “tiempo” en esos medios de información del partido político infractor en favor de la persona afectada y se ordenará ofrecer disculpa pública.
La diputada Wendy Briceño Zuloaga, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, destacó la relevancia del dictamen elaborado a partir de nueve iniciativas presentadas por 40 diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios de las 2 instancias legislativas.
En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sostuvo, se reconoce a la severidad política como una modalidad de agresión hacia esta población y se incluye al Instituto Nacional Electoral (INE) como parte del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
“Se prevé que el INE tenga la atribución de promover la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres”, subrayó.
Briceño Zuloaga indicó que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales incluirá diversos preceptos para implementar el lenguaje inclusivo.
Se incorpora también el principio de paridad de género en la conformación de los órganos de dirección o de mando en el INE y los organismos públicos locales. “Se establecen los criterios de no discriminación”, definición que se armoniza con la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación.
Se establece que el principio de paridad debe observarse en la integración de las plantillas de elección para los ayuntamientos de los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México.
Destaca que entre los fines del INE está la promoción y respeto a los derechos humanos de las mujeres en lo político y electoral.
Subrayó que se faculta al Consejo General del instituto para vigilar y velar por la aplicación de las disposiciones en materia electoral y se apliquen con perspectiva de género.
Se atribuye a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, la obligación de realizar campañas de información para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres a todo el personal del INE y órganos locales.
Se garantiza la inclusión de esta población en los organismos públicos locales y el respeto de sus derechos político-electorales.
“Se establece como una obligación el principio de paridad de género en las candidaturas a diputaciones locales y federales y senadurías, en la integración de las planillas de los ayuntamientos y se facultad al INE para que rechace el registro de quienes no cumplan”.
Sobre la Ley General de Partidos Políticos se reconoce la igualdad sustantiva del principio de paridad y el impulso del liderazgo político de las mujeres e implementación de prevención, atención y sanción de violencia en razón de género.
La Ley General en Materia de Delitos Electorales prevé la definición de violencia política en razón de género y se señala como agravante al catálogo de delitos existentes.
La legisladora señaló que en Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República se propone la creación de la Base Estadística Nacional de Violencia Política en Razón de Género, así como la instalación de comisiones especiales en la materia.
Respecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación prevé que el tribunal electoral y sus salas deberán integrarse en estricto apego al principio de paridad de género.
Destacó que el dictamen incluye las propuestas presentadas por los diversos sectores sociales, legislativos, electorales y públicos, vertidas durante los foros de parlamento abierto realizados sobre esta temática, mediante los cuales se analizaron, recolectaron y sistematizaron las experiencias y conocimientos.
Refirió que de 2015 a la fecha se han presentado más de 40 iniciativas de diputados y senadores de diferentes grupos parlamentarios[.]
