[/media-credit] Negar la participación política de las mujeres en el proceso electoral, indica violencia y discriminación: magistrada María del Carmen Alanís.
Ambas levantaron la voz tras conocer la noticia del asesinato de la precandidata del PRD a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Aidé Nava González, en Guerrero, y luego del atentado a una presidenta municipal en Matamoros.
La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, aseguró que sin importar el partido que sea, “no podemos quedarnos calladas ni callados”. No podemos permitir que esto siga ocurriendo en diferentes estados de la República; hoy le toca a Guerrero, pero hace unos días le tocó a Tamaulipas, argumentó.
Durante la inauguración del foro, celebrado en la antigua sede del Senado de la República, Gómez del Campo señaló que las mujeres tienen que hacer lo necesario para ser escuchadas y no guardar silencio, “porque si nos quedamos calladas nos convertimos en cómplices”. Asimismo, recalcó que en México, según datos del INEGI, dos de cada tres mujeres han sufrido violencia de género, en donde el principal agresor es la pareja.
Por otra parte, la legisladora informó que en el Senado se aprobó una reforma al Código Penal para que cuente con un capítulo específico que sancione el acoso laboral, del que 7 de cada 10 víctimas son mujeres.
En tanto, la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación María del Carmen Alanís Figueroa, aseguró que negar la participación política de las mujeres, obstaculizando sus candidaturas y el ejercicio de sus cargos, denota un discurso de violencia y discriminación que el discurso político y jurídico tiene que combatir.
Argumentó que ante los procesos electorales en curso, se debe examinar si es realidad el discurso político sobre la paridad o si los partidos obstaculizan a las mujeres para llegar a diputaciones, porque de ser así, “se enfrentará otra vez ideas estereotípicas que se basan en que los cuerpos de mujeres no son aptos para la política”.
Por su parte, María del Carmen Carreón Castro, integrante del Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal, manifestó que el gran reto en este año es hacer una política diferente. La paridad efectiva se alcanzará si las candidatas son postuladas en ámbitos territoriales con posibilidades reales de triunfo.
Las autoridades electorales seremos testigos y aliados para garantizar el respeto a los derechos político-electorales de las mujeres, la cual, es la mejor ruta al empoderamiento de mujeres, gobierno y sociedad, destacó.
Adicionalmente, Yuri Beltrán Miranda, consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, recalcó los datos del Fondo Monetario Internacional, en los que se señala que en países como México, la desigualdad de género representa pérdidas de hasta 17% del Producto Interno Bruto.
Para acelerar el empoderamiento de las mujeres, agregó, se tendrá que lograr que las instituciones, organizaciones y ciudadanos comprometidos con este propósito, trabajen en conjunto por la igualdad. Al respecto, destacó que los consejeros del IEDF están comprometidos en este asunto.
Yasmín Esquivel Mossa, presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, subrayó que la participación de la mujer en la vida económica del país aumentó considerablemente; la aportación del trabajo de las mujeres al PIB es de 15.5%.
El poder público es ejercido en más de 30% por mujeres. Sin embargo, sigue siendo un sector vulnerable, apuntó. El empoderamiento y apoderamiento no pueden ser concretados mientras no existan condiciones efectivas de equidad. Es necesario atender las condiciones que impuso la ley, la legislación es de avanzada y establece lineamientos claros que obligan aplicación de políticas afirmativas que generen condiciones de equidad, aseguró.
Finalmente Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México manifestó que los feminicidios siguen siendo un foco rojo para la sociedad.
Resaltó que en el Distrito Federal 51.93% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia, por lo que es necesario generar una nueva cultura y respetar el marco jurídico y tratados internacionales. Las políticas públicas se deben traducir en educación formal e informal que genere una nueva mentalidad que supere todo tipo de discriminación y que prevenga la violencia, agregó.
Asimismo, apuntó que la realidad es que en los municipios solamente 7.7% están gobernados por una mujer, mientras que en todo territorio nacional no hay una sola gobernadora.
