Ana Larrañaga y Alejandro Calvillo, miembros de la Alianza por la Salud Alimentaria, nos señalan en un comunicado de prensa que: “Las políticas de salud pública deben realizarse sin la intervención de los poderes económicos. En un país viviendo en emergencias epidemiológicas por obesidad y diabetes, las políticas de salud pública son las primeras que deben demostrar que el poder político debe separarse del poder económico que es la principal causa de esas epidemias. Debe demostrarse que hay una diferencia entre esta administración y la anterior, que la política se hace bajo la evidencia y el interés público y no bajo los designios de los intereses privados”.
En un comunicado de prensa la Alianza por la Salud Alimentaria exponen que “Ante la revisión que se realiza de la Norma Oficial Mexicana 051 establecida en 2014 sobre el etiquetado frontal, los cabilderos de estas empresas, coordinados con directivos de diversas transnacionales que están visitando México, tiene como fin bloquear una iniciativa de etiquetado frontal de advertencia como el que se ha establecido en Chile, Perú y Uruguay y que ha repercutido en las ventas de sus productos que tienen altas concentraciones de azúcares, grasas y sal, obligándolos a reformularlos“.
En el mismo comunicado nos informa que el jueves 13 de junio, se llevó a cabo en el Club de Industriales una reunión de trabajo convocada por Roberto Campa, Director de Asuntos Corporativos de FEMSA, José Ramón Martínez, Director de Asuntos Corporativos de Coca-Cola, y Liliana Mejía, Directora Global de Asuntos Corporativos de Grupo Bimbo para tratar un tema que grupos de consumidores, sociedad civil, académicos, agencias de Naciones Unidas e Institutos Nacionales han impulsado por bastante tiempo: el etiquetado de alimentos. La reunión fue dirigida a los Senadores de la Comisión de Salud (y el propio presidente de la Comsión de Salud, el Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, de MORENA reunió a sus integrantes).
La alianza considera que “A través de invitaciones a miembros del Poder Ejecutivo y legislativo al Club de Industriales por parte de Bimbo y FEMSA Coca-Cola, de llevarlos a un recorrido por una exposición privada montada por Coca-Cola en un espacio cerrado en contra esquina del Senado de la República, las empresas promueven un nuevo etiquetado confuso que favorece a sus productos ultraprocesados, que son los que han llevado a la emergencia epidemiológica que vivimos, y que evitan que los consumidores puedan informarse si un producto tiene altas concentraciones de azúcar, grasas, sal o calorías“.
De acuerdo con Ana Larrañaga, Coordinadora de ContraPESO estos son tan solo un par de ejemplos de la intención de estos grupos de interés para proteger un interés económico sin importar pasar por encima de la salud y los derechos de la población. “Basta con observar el comportamiento histórico que estas industrias han tenido para darse cuenta de que su objetivo es evadir todo tipo de regulaciones, en este caso, se trata de frenar los esfuerzos que se han realizado durante años para que los consumidores más desprotegidos puedan entender lo que contienen sus alimentos. Sin esta información clara, es imposible proteger la salud”.
Por su parte, Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor señaló: “El contubernio de la administración anterior con las grandes corporaciones de alimentos y bebidas logró que se estableciera un etiquetado frontal que no es entendible e induce a un consumo de azúcar que es un riesgo para la salud. La industria introdujo este etiquetado en 2011 y desde 2014 se volvió obligatorio. Han sido nueve años manteniendo a los consumidores mexicanos sin accesos a información básica de los que se han llevado a la boca. Ahora pretenden bloquear la propuesta de etiquetado frontal de advertencia que muestra un gran beneficio a los consumidores y establecer otro etiquetado confuso que advierte el alto contenido de azúcar, grasas y sodio que se encuentra en el origen de nuestra epidemia de obesidad y diabetes”[.]
