No se trata de cumplir con cuotas de género, sino de justicia para las mujeres, señalan ONG´s y académicos en el Foro “Opinión de la sociedad civil y académicos sobre el perfil de los próximos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. Advierten que en el contexto actual de México la Corte no se puede convertirse en un espacio de elite ni divorciarse de los movimientos sociales.

Organizaciones civiles y académicos hicieron un llamado el pasado miércoles, 11 de Noviembre de 2015 para que las ternas que envíe el Ejecutivo federal para reemplazar a los ministros Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero, sean integradas por mujeres que tengan una vocación progresista, estén comprometidas con la agenda de derechos humanos y sean independientes de los poderes públicos y fácticos.

Asimismo, pidieron a los senadores que el proceso de designación sea abierto, transparente y que no forme parte de “concilios políticos” ni de cuotas partidistas y manifestaron su intención de participar directamente en las comparecencias de los candidatos.

Ello, durante el foro “Opinión de la sociedad civil y académicos sobre el perfil de los próximos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, que se realizó en el Senado de la República.

La senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, expresó que el Tribunal Constitucional es uno de los pilares más importantes de la nación, de ahí, el interés público de discutir cuál debe ser el perfil de quienes lo integran, sobre todo a partir de que el ministro Juan Silva Meza y la ministra Olga Sánchez Cordero han concluido su etapa en la corte.

Dijo que esperan a que el Presidente de la República envíe las dos ternas “para que nosotros podamos cumplir con nuestra responsabilidad y obligación de decidir de cualquiera de las personalidades que integren estas dos ternas” al perfil que requerimos para que formen parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En tanto, el senador Fernando Yunes Márquez, presidente de la Comisión de Justicia, aseguró que el Senado tiene la obligación de abrir esta discusión a las organizaciones de la sociedad civil y a los académicos para que en su momento puedan tomar una determinación informada “habiendo escuchado a expertos en la materia”.

Indicó que el objetivo de la Comisión, una vez que lleguen las ternas,es analizar el procedimiento de desarrollo de las comparecencias para que sea abierto e inédito y que la sociedad en general pueda hacer preguntas a quienes sean propuestos para ocupar un lugar en el máximo tribunal.

En su exposición, Pedro Salazar Ugarte, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se pronunció a favor de que lleguen a la Corte dos mujeres que tengan una inclinación ideológica clara y el compromiso de consolidar el Estado de derecho y la recreación de una sociedad de derechos.

Dijo que no se trata de una cuestión de cuotas de género, sino de justicia y de recrear en los órganos de decisión fundamentales del Estado la diversidad y pluralidad que caracteriza a la sociedad mexicana actualmente.

Consideró que las personas que lleguen a ser designadas ministras o ministros deberán tener una vocación progresista, una trayectoria probada, capacidad técnica acreditada, y al mismo tiempo, un claro compromiso con la agenda de los derechos humanos en México, además de independencia frente a los poderes político y privado.

En la SCJN, agregó, tienen que estar reflejadas distintas concepciones, por lo que debe buscarse el perfil individual de quienes llegan y al mismo tiempo cuidar el equilibrio ideológico de la Corte.

A nombre del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Regina Tamés Noriega, dijo que es idóneo que sean mujeres las que lleguen a la Corte; no obstante, eso no garantiza que exista perspectiva de género ni preocupación por los pendientes en temas relacionados a este sector de la población.

Lo que se necesita, puntualizó, es un compromiso con la agenda de los derechos humanos, particularmente con las mujeres, y que se lleve a cabo el análisis con perspectiva de género de todas las normas, por lo que el Presidente de la República debe tomar en cuenta los retos pendientes en esta materia al momento de elegir las ternas.

En tanto, subrayó, el Senado tiene el compromiso de revisar cuidadosamente los perfiles de quienes sean propuestos para ocupar esos espacios. La Cámara de Senadores y el Presidente de la República comparten la responsabilidad de garantizar la transparencia en este proceso de designación tan importante para la vida institucional del país, apuntó.

José Luis Caballero, académico de la Universidad Iberoamericana, expresó que quienes sean electos ministros deberán tender puentes de diálogo hacia otras instituciones, respetar el principio de laicidad del Estado, tener una apertura hacia la sociedad civil y movimientos de resistencia social, a fin de escuchar los procesos de emancipación social y sus agendas.

Opinó que los ministros no se deben “divorciar” de las causas sociales y evitar que la Corte se convierta en un espacio de élite. Asimismo, tienen que dar garantías de imparcialidad e independencia frente a los poderes fácticos.

Iván García Garate, de la Universidad del Claustro de Sor Juana, cuestionó el formato con el que el Senado realiza las comparecencias de los candidatos para ministros de la SCJN, pues no se puede evaluar en hora y media la trayectoria de las personas propuestas; “si es una comparecencia de una hora y media, lo que subyace es que ya hay una decisión política tomada”.

Por ello, propuso a los senadores que el proceso de comparecencia se dé un tiempo adecuado, donde haya un diálogo efectivo para analizar la trayectoria de los candidatos, que organizaciones civiles puedan estar presentes para cuestionar directamente a los comparecientes y no por medio de una tómbola, además de que se conforme un comité técnico que pueda emitir su opinión al respecto.

Rafael Estrada Michel, del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), dijo que el nuevo juez o jueza constitucional no debe ser un generador indirecto de políticas públicas ni tampoco convertirse en un legislador con sus resoluciones, sino alguien que resuelva conjusticia casos concretos y que lo haga con total independencia.

Ricardo Luévano, de Artículo 19, manifestó que los ministros salientes demostraron en su trayectoria un compromiso claro con la progresividad del derecho y propiciaron debates que maximizaron la protección de los derechos humanos, por ello, “no podemos dejar que esta designación se integre desde intereses ulteriores”.

En este sentido, presentó a los senadores un instrumento de evaluación, creado por diversas organizaciones y que contiene señalamientos básicos que deberán cumplir los candidatos a ministros. Este documento, agregó, permitirá proteger el proceso de designación de concilios políticos, evitar el nepotismo y la falta de contrapesos judiciales ante las ignominias políticas que dañan y envisten a la cultura de la legalidad.

Comentó que el Senado debe ser un ejemplo y llevar a cabo una designación abierta, transparente y libre de intereses, ya que esto abonará a la independencia del Poder Judicial, y por lo tanto, al combate a la corrupción e impunidad.

Exigió al Ejecutivo federal y al PRI que comprendan el atraso histórico que significaría enviar una terna de mujeres y una de hombres, pues al incorporarse un hombre y una mujer a la Corte, no habría progresividad en la representación de mujeres en ella.

A su vez, Pedro Gerson, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), expuso que un candidato que no aparente ser idóneo o imparcial, no es una persona que vaya a abonar confianza a la institución, por lo que este tipo de aspirantes deben ser puestos a un lado.

César Astudillo Reyes, abogado general de la UNAM, dijo que hay que impedir la “lotificación” de la Suprema Corte, pues “estar de hablando de ahora le corresponde a un partido o a otro, que hay la división de uno y uno, me parece que es lo más grave que le puede pasar” si pensamos que es el tribunal de la unidad del Estado mexicano.

Hizo notar que el máximo tribunal tiene equilibrios entre jueces liberales y los que se ubican en el ala conservadora, y precisamente salen dos ministros considerados liberales, por lo que hay que tener un criterio al momento de elegir a los nuevos juzgadores para no generar una descomposición en la integración.

En su turno, Layda Negrete, de México Evalúa, lamentó que en el foro no se encontrara ningún legislador del grupo parlamentario del PRI “para escuchar a la sociedad civil en un tema clave para el país”. Ello, dijo, revela la falta de tolerancia y de apertura de un gobierno que debería estar sediento de legitimidad.

Sitios de interés

• Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) http://www.gire.org.mx/
• México Evalúa http://mexicoevalua.org/