II Simposio Internacional “Feminización de las migraciones. Conocimientos, políticas públicas: Brechas y alcances”

Se hace un llamado para implementar mayores políticas a favor de mujeres migrantes y garantizar sus derechos. La diputada Amalia García anuncia que se propondrá un incrementó de 7 mil mdp en el PEF 2015 para los programas de migración.

En el II Simposio Internacional “Feminización de las migraciones. Conocimientos, políticas públicas: Brechas y alcances”, diputados, especialistas y académicos se manifestaron por detonar una mayor protección a las mujeres migrantes, en particular a las menores de 18 años, quienes viven en altas condiciones de vulnerabilidad.

Precisaron que el incremento de la feminización en las migraciones obliga al Estado a implementar mayores acciones y políticas en los tres órdenes de gobierno, atendiendo los compromisos en materia de respeto a los derechos humanos.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, diputada Amalia Dolores García Medina, leyó un exhorto para que el titular del Ejecutivo federal, en coordinación con diversas dependencias, conforme un comité y elaboren una agenda de trabajo para implementar políticas a favor de las mujeres y sus familiares en las migraciones.

Adelantó que para el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2015 se está proponiendo un incremento de recursos para todos los programas de migración de alrededor de 7 mil millones de pesos (mdp) adicionales.

“Suena una cifra muy grande, pero en realidad no lo es, pues solamente las remesas en promedio son alrededor de 21 mil millones de dólares. La propuesta del Ejecutivo para el próximo año es de 5 mil mdp, por lo que el total sería de 12 mil mdp, de ser aprobada nuestra propuesta”, detalló.

Dicho monto, dijo, permitirá destinar recursos al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a fin de que el dinero no sea obstáculo para que reciba a los niños y niñas migrantes.

También, para constituir el “Fondo de Migralidad”, con el propósito de atender aquellos mexicanos que regresan deportados, así como ampliar el presupuesto del Fondo de Apoyo al Migrante, para reintegrar a una actividad productiva a los connacionales repatriados de Estados Unidos.

Además, García Medina propuso modificar la Ley de Presupuesto y Cuenta Pública, para establecer la obligación de que en el PEF se incluya un anexo que transparente los recursos que se destinan a los migrantes, en particular los que tengan perspectiva de género.

Reconoció que desde esta instancia se han desplegado acciones de forma plural y con la participación de todos los partidos políticos, para garantizar la atención de los derechos de las y los migrantes.

Indicó que la feminización de las migraciones para México, significa una obligación de respeto a los derechos humanos, y se pronunció por vincular la Ley de Migración con protocolos de actuación, de tal manera que aquellos tomadores de decisiones en las instituciones tengan la obligación de garantizar derechos.

Amalia García destacó que es necesario visualizar los derechos de millones de hombres y mujeres que vienen de otras naciones, principalmente de Centroamérica; que la atención y el trato que se deba dar a la migración no parta del concepto de la seguridad nacional, sino de la noción de seguridad humana, tal como lo establecen las recomendaciones internacionales; desarrollar, asimismo, programas de salud para la población migrante y fronteriza.

“La migración tiene que estar estrechamente vinculada al concepto de desarrollo; (tenemos que) visibilizar la condición de las mujeres migrantes, pues viven en severa vulnerabilidad. Se deben concretar gestiones específicas y políticas públicas; contar con estadísticas para desarrollar acciones que impacten la protección de sus derechos”, añadió.

Por la Secretaría de Gobernación, Omar de la Torre de la Mora, titular de la Unidad de Política Migratoria, expresó que es prioritario tener una agenda de género en materia migratoria, y dijo que el Programa Nacional de Migración es una buena herramienta para proteger principalmente a las mujeres.

Mencionó que el plan tiene cinco objetivos:

1. Exigibilidad de derechos y cultura de legalidad
2. Desarrollo en un componente macro
3. Gestión, es decir, trabajar con los grupos en situación de vulnerabilidad y generar protocolos específicos de repatriación
4. Desarrollo, en su componente salud, educación e identidad
5. Justicia y seguridad, pues el tráfico de personas, la trata y las extorsiones exigen que sean atendidos

Ana Güezmes García, representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres en México, señaló que el desafío está en acelerar el ritmo para eliminar la violencia y discriminación contra las mujeres, particularmente de las migrantes. Se manifestó a favor de que en el PEF se busque incluir un anexo sobre migración y, con ello, tener mayores datos sobre la población femenina.

Manifestó su preocupación por que México no haya ratificado el Convenio sobre las Trabajadoras del Hogar y que en la Ley Federal del Trabajo no exista un lenguaje incluyente. Agregó que una acción afirmativa para apoyar a la feminización de la migración, es tramitar sin costo los documentos de aquellas que acompañan a sus esposos en actividades agrícolas.

Dalia Berenice Fuentes Pérez, de la secretaría de Seguimiento del Programa de Equidad de Género de Poder Judicial de la Federación, estimó que, hablando de acceso a la justicia, “el panorama no es mejor” para los migrantes, ya que es difícil que una persona que no conozca el sistema normativo del país al que llega, tenga idea de que puede ampararse.

En el caso de las mujeres, sostuvo que sus características las hacen más vulnerables al migrar, pues aunque sean menos las que emprenden viajes en comparación con los hombres, enfrentan peligros como la posibilidad de ser violadas, además de ser sometidas a trabajos forzados. Estos problemas de normatividad y género, afirmó, se tratan de resarcir con los protocolos que implementa el Poder Judicial.

Del Instituto Nacional de Salud Pública, René Leyva Flores destacó la necesidad de contar con lineamientos efectivos y prácticos para cumplir el derecho a la salud en México, particularmente hacer cumplir los convenios México–Guatemala y México–Belice, los cuales “son un paraguas que pueden armonizar los sistemas en la materia de las tres naciones”.

“Esto permitiría regularizar el acceso a los servicios de salud de los ciudadanos centroamericanos que llegan a la frontera sur y facilitaría los mecanismos de cooperación entre los tres países que han firmado los convenios”, reiteró.

Al hacer uso de la palabra, Gretchen Kuhner, del Instituto para las Mujeres en la Migración A.C., señaló que “el presupuesto actual para la situación de las mujeres migrantes y el tema migratorio representa el 0.00001%”.

En cuanto a la propuesta del PEF para 2015, dijo que al Programa Especial de Migración o Unidad de Política Migratoria se le asignan 62 mdp y a la coordinación para Política de Atención Integral en la Frontera Sur la cifra es de 102 millones, por lo que pidió poner énfasis en el impulso de políticas sociales económicas y culturales, en coordinación con autoridades, para atender la migración en esa zona, poniendo los recursos en acciones de desarrollo económico.

Genoveva Roldán Dávila, de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social A.C., presentó propuestas para el conocimiento cuantitativo de las mujeres en la migración, pues es indispensable para hacer planteamientos. Le pareció preocupante la ausencia de estadísticas en los censos, aun cuando en México hay conteos cada 10 años que permiten dar seguimiento y obtener una “fotografía” de los fenómenos migratorios.

Planteó transformar los registros administrativos para generar estadísticas nuevas, pues actualmente permiten conocer la movilidad educativa, turística, comercial, transfronteriza y de salud, pero no miden fenómenos migratorios. También planteó diseñar encuestas específicas sobre migración y uniformar conceptos que definen qué es migrante y cuánto tiempo hay que estar fuera para considerarse así; todo ello está en documentos de la ONU, agregó.

La directora general de la organización Sin Fronteras I.A.P., Nancy Pérez García, se pronunció por iniciar un proceso de monitoreo y rendición de cuentas de lo que pasa con la política pública, las leyes nacionales y evaluar su funcionalidad.

Dio lectura al “Exhorto y Petitorio”, donde se solicitó a los legisladores centrar sus esfuerzos en crear un anexo para el tema migratorio en el PEF; impulsar reformas a la Ley de Migración para que el marco legal sea acorde a los estándares de derechos humanos, a la realidad migratoria del país y a las acciones afirmativas que requieren las mujeres migrantes.

También implementar la recomendación general 26 del Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, sobre trabajadoras migratorias y ratificar el Convenio 189 de la OIT respecto a trabajadoras y trabajadores domésticos, así como la adopción de la Recomendación 201 sobre el trabajo decente par los empleados domésticos.

Finalmente, planteó generar acciones para adecuar el marco normativo y promover la operación del Ejecutivo conforme al interés superior de la niñez migrante, tomando en cuenta el principio de la unidad familiar y las dinámicas de las familias transnacionales.