Se propone en el Senado de la República que se garantice la paridad de género en los nombramientos de secretarios de Estado, embajadores, cónsules generales y empleados de Hacienda, así como en la designación de los funcionarios públicos de los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y de los encargados de la administración pública municipal.

La senadora Pilar Ortega Martínez, presentó una iniciativa para reformar los artículos 89, 115 y 116 de la Constitución Política, a fin de ampliar los espacios para las mujeres en la administración pública.

Reconoció que las cuotas de género han permitido lograr que un mayor número de mujeres ejerzan cargos de decisión en el ámbito legislativo, pues ya se rebasó el 40% de participación en la actual Cámara de Diputados, y en la mayoría de los estados en los que se realizaron elecciones para renovar sus congresos.

Sin embargo, agregó, esto “no ha pasado en el resto de los poderes” y sólo hay una gobernadora, “no rebasamos el 7% en mujeres que son alcaldesas” y más del 80% de cargos directivos dentro de la administración pública local están ocupadas por hombres y lo mismo pasa en el Poder Judicial.

Por ello, lo que se pretende con la iniciativa es que el equilibrio llegue a la administración pública, toda vez que no podemos hablar de democracia en un país donde las mujeres siguen subrepresentadas en la toma de decisiones que delinea políticas públicas y que le afectan al 52% de la población.

“Considero que es necesario abrevar de las experiencias del derecho electoral que garantizan la igualdad de género para dar paso a la materialización de derechos político-electorales desde otras dimensiones sociales y económicas”, expresó.

Por ello, agregó, este cambio no solo resulta deseable, sino obligatorio. “No debemos olvidar lo que establece nuestro marco jurídico vigente sobre el derecho a la igualdad”, y así ampliar el número de espacios en los que mujeres tomen decisiones en la administración pública federal, así como en el ámbito local y municipal.

La propuesta se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda.