A efecto de que se investigue, consigne y ejercite acción penal para los casos de violencia política en contra de mujeres en las entidades federativas, el pasado 30 de noviembre de 2016 la Comisión para la Igualdad de Género aprobó un dictamen con punto de acuerdo que hace un llamado a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en esta materia.
[/media-credit] La titular de la Unidad de Género del Senado, Pamela Higuera Hidalgo, presentó su informe de las actividades.
Asimismo, se solicita a los tribunales electorales de los estados que establezcan e implementen protocolos para atender este problema.
En este sentido, el dictamen pide que para la formulación de dichos protocolos se tome como referente el implementado por:
- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
- Instituto Nacional Electoral
- Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales
- Instituto Nacional de las Mujeres
Lo anterior, debido a que si bien existen disposiciones básicas destinadas a regular la actuación de funcionarios judiciales, resultan insuficientes, ya que no se establece con precisión cuál es el marco jurídico que debe regir el funcionamiento de estos órganos, por lo que las autoridades legislativas deben regular el funcionamiento, organización y estructura de la misma.
La violencia política impacta el derecho de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en procesos electorales, su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a un cargo de elección popular o en el propio ejercicio del cargo público, se advierte en el dictamen.
Encargados de procuración de justicia deben capacitarse en materia de violencia de género
En reunión de trabajo, las legisladoras integrantes de la Comisión avalaron que en el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, se establezca que el personal encargado de la procuración de justicia, se eduque y capacite en materia de violencia de género.
La reforma a la fracción III del artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia busca fortalecer la atención que brindan las instituciones públicas a las víctimas de que padecen de este tipo de violencia.
Asimismo, se precisa, que de este modo, policías y demás funcionarios encargados de las políticas de prevención, atención y sanción juzguen con perspectiva de género y con ello respalden la concientización de los actos que la producen.
Posteriormente, la titular de la Unidad de Género del Senado, Pamela Higuera Hidalgo, presentó el informe de las actividades que ha realizado durante este periodo, en el cual resaltó que se incrementó el presupuesto para desarrollar sus actividades para el próximo año, pasando de cuatro millones que se ejercieron para este año a 6 millones de pesos para el 2017.
Respecto a la brecha salarial, subrayó que esta aumenta según el cargo en la toma de decisiones que se tiene, es decir, “las mujeres en el Senado de la República ganamos 15% menos de lo que ganan los hombres”.
Indicó que la brecha más alta es en el tema de las secretarias, donde 100% son ocupadas por hombres, mientras que las más bajas son las jefaturas de departamento, donde son mayoría las mujeres. “Mientras más aumenta el cargo de toma de decisiones, más grande es la brecha”.
Por ello, propuso generar la secrecía -condición de secreto- en las entrevistas, a efecto de que una vez que se realicen no se sepa si están evaluando a una mujer o un hombre; así como meter cuotas para el ascenso de mujeres cuando haya una vacante.
Por otro lado, refirió que se presentó el Manual para el Uso de un Lenguaje Incluyente. Se capacitó al 10% del personal del Senado en su uso y se entregó a todas y todos los senadores y unidades administrativas.
“Hicimos una solicitud a la Mesa Directiva para que se instruya a todo el Senado al uso del lenguaje incluyente en todo documento que se genere, desde oficios hasta, libros e iniciativas”, manifestó.
También indicó que a la fecha se tienen 3 casos bajo procedimiento de investigación en Contraloría Interna en cuestión de acoso laboral y uno de acoso laboral y hostigamiento sexual.
