Debido a que en México, cada año, cerca de 20 mil niñas y niños, y 108 mil mujeres, son víctimas de explotación sexual por redes de trata de personas, la diputada Laura Martínez González, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, impulsa un exhorto en la Cámara de Diputados a los 3 órdenes de gobierno para que realicen campañas permanentes y foros de capacitación dirigidos al personal de las procuradurías de Justicia, y agentes policiales y migratorios, con el fin de frenar ese flagelo.

El objetivo prioritario es contribuir a reducir la vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres, en particular niñas, adolescentes y jóvenes, que son víctimas entre el 70 y 80% de los casos, y los menores de edad, donde el 45% son niñas indígenas, cuya mayor incidencia se registra en 21 estados de la República.

En la propuesta, turnada a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para dictamen, la legisladora refirió que la trata de personas se considera el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, superado sólo por el tráfico de armas y las drogas.

México, destacó, se considera un país de origen, tránsito y destino de víctimas, y ocupa el 5to lugar en América Latina. Por ello, estimó necesario que los 3 órdenes de gobierno organicen foros de sensibilización dirigidos a los diversos actores políticos y sociales, en especial a servidores públicos impartidores de justicia, agentes policiales y autoridades migratorias, para capacitarlos en la debida persecución del delito y el cumplimiento del marco normativo vinculado al respeto de derechos humanos de las víctimas.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República, 89% de los casos de trata es con fines de explotación sexual, modalidad más visible en México, a través de la prostitución forzada, ejercida en la calle, burdeles, casas de masajes, a domicilio, servicios de acompañamiento (scorts), table dance, pornografía adulta e infantil, incluido el abuso sexual de menores, turismo sexual y lenocinio.

Ante esta problemática, consideró urgente que autoridades federales, estatales y municipales generen mecanismos apegados al Protocolo de Palermo, instrumento internacional contra la trata de personas, ratificado por nuestro país en 2003, a fin de prevenir, reprimir y sancionar el ilícito.

Sostuvo que este fenómeno delictivo agravia no sólo a las víctimas, sino a la sociedad en general, porque, al año, miles de víctimas son engañadas, vendidas, coaccionadas o sometidas a condiciones semejantes a la esclavitud, bajo distintas formas y en diversos sectores como la construcción, maquila, agricultura, servicio doméstico, prostitución, pornografía, turismo sexual, matrimonios serviles, niños soldados, tráfico de órganos y venta de infantes.

Resaltó que para integrar comités regionales en todos los estados se requiere la coordinación de las autoridades con distintos sectores, como:

• organizaciones de la sociedad civil
• organismos públicos de derechos humanos
• pueblos y comunidades indígenas
• instituciones académicas y religiosas

En particular, en los que registran mayor índice de incidencia de este delito, como:

• Tlaxcala
• Ciudad de México
• Puebla
• Tamaulipas
• Tabasco
• Veracruz
• Chihuahua
• Guanajuato
• Querétaro
• Baja California
• Nuevo León
• Aguascalientes
• Chiapas
• Colima
• México
• Guerrero
• Hidalgo
• Jalisco
• Michoacán
• Morelos
• Oaxaca

En 2014, agregó, se estimó que ese ilícito generaba ganancias hasta por 36 mil millones de dólares, y en 2012, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló que 4.5 millones de personas eran víctimas de explotación sexual.