Participación de la mujer en política es requisito para el adecuado funcionamiento de la democracia

A pesar de que en México existen instrumentos legales para la defensa de las mujeres, a fin de impugnar actos de discriminación y violencia ejercida desde los propios partidos políticos y de las autoridades electorales, aún existen retos por enfrentar, indicó Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Aun cuando hoy ejercen cargos directivos o la coordinación de sus grupos parlamentarios persisten estos flagelos por parte del resto de los integrantes. Por lo cual habría que encaminar esfuerzos para comprender los obstáculos que siguen enfrentando en el ejercicio legislativo y en los puestos públicos.

Recordó que en la elección de 2018 consiguieron conformar una Cámara de Diputados casi paritaria (48.2%), mientras que en el Senado de la República, por primera ocasión, se aplicó el principio de paridad, por el cual ocuparon 49% de los escaños; aunque mostró avances significativos, no indica que se hayan superado algunas metas.

En la esfera pública, comentó, se presenta “una violencia estructural que a nivel social se manifiesta en la vida política, y un importante control político de los hombres sobre el proceso de toma de decisiones y de la dinámica organizativa. Además, persisten patrones de comportamiento patriarcal y discriminatorio”.

Paridad de género de cara a la contienda electoral

Al participar en el foro virtual “Encuentros 2021: Paridad de género de cara a la contienda electoral”, organizado por la FCPyS, señaló: uno de los mayores retos para los partidos políticos es su acercamiento a las mujeres, retomar sus experiencias.

También las jóvenes no se sienten representadas o identificadas con los idearios de los institutos políticos, muchas de las que hoy levantan la voz consideran que son lejanos a sus demandas relacionadas con:

• violencia
• acoso
• falta de igualdad de oportunidades
• derechos reproductivos

La senadora Martha Lucía Micher Camarena expuso que la participación plena de las mujeres en el terreno de la política es un derecho humano que debe garantizarse y un requisito indispensable para el adecuado funcionamiento de la democracia; así como para el crecimiento y desarrollo próspero, justo y libertario de la sociedad.

Nuevo modelo de acceso a la justicia

En el próximo proceso electoral el reto es implementar uno de los aspectos novedosos de una serie de reformas que conllevan un nuevo modelo de acceso a la justicia, el cual les proporciona a las mujeres que consideren ser víctimas de violencia política, un camino directo y expedito para denunciar por la vía administrativa, jurisdiccional, electoral, penal o de responsabilidad administrativa.

Tal es el caso de las reformas de paridad y de violencia política contra las mujeres en razón de género, imprescindibles para que ejerzan sus derechos políticos electorales en condiciones de igualdad. “Es fundamental saber que contamos con un marco jurídico para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el terreno político, y es deber de todos y todas poner especial atención en su correcta implementación y garantizar la promesa de una democracia paritaria, libre de violencia”, puntualizó.

Alcanzar una paridad de resultados

A su vez, la diputada Martha Tagle Martínez expresó que para alcanzar una paridad de resultados que permita transformar su vida, se requiere que cada vez haya más mujeres en el poder, “y se está logrando llegar de manera paritaria a los espacios de representación”.

Frente al próximo proceso electoral de junio de este año, donde están en juego más de 22 mil cargos de elección: la mitad de esas candidaturas en cada uno de los estados deben estar representadas por mujeres. “El primer paso es mujeres en el poder, el siguiente es con poder para transformar la vida de todas”, aseveró.

Falta mucho para alcanzar una transformación cultural

En opinión de Lídice Rincón Gallardo Pavón, presidenta de la Fundación Rincón Gallardo, la paridad es igualdad sustantiva, no una medida de acción afirmativa, compensatoria o de carácter temporal. Se trata de un principio constitucional cuya finalidad es la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, el cual adopta México como parte de los compromisos internacionales adquiridos.

Sin duda, continuó, se ha logrado visibilizar y articular la exclusión de ellas de la vida política a partir de la perspectiva de la teoría feminista y la institucionalidad. Pero también gracias a los movimientos de las mujeres y el activismo para implementar estas cuotas.

Sin embargo, falta mucho para alcanzar una transformación cultural que logre eliminar realmente la discriminación estructural en su contra. “Seguimos arrastrando desigualdades en términos de género y violencia en todos los espacios”.