Se presentó en el Senado iniciativa para garantizar derecho a la vivienda de trabajadoras del hogar

Desde su creación y hasta hoy, la Ley Federal del Trabajo ha quedado a deber derechos a las personas trabajadoras del hogar. Nuestra sociedad ha invisibilizado a quienes realizan las labores domésticas. En la actualidad tenemos una legislación anacrónica que dista mucho de resolver las reivindicaciones laborales y continúa como una asignatura pendiente para este colectivo.

Así lo señaló la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, al presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma y adiciona un párrafo al artículo 146 de la Ley Federal de Trabajo.

Aseveró que el trabajo del hogar es una actividad que genera valor económico y bienestar. Sin embargo, abundó, las personas que realizan esta noble labor han sido privadas históricamente de esos derechos.

Con esta modificación, continuó, los patrones estarán obligados a pagar las aportaciones a que se refiere el artículo 136 de la referida ley por lo que toca trabajadoras y trabajadores del hogar, siempre y cuando se compruebe una dependencia económica.

Informó que datos de la encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, indican que en México hay 2.3 millones de personas trabajadoras del hogar que reciben una remuneración. El 96% de este universo, dijo, no cuenta con un contrato escrito; 92& son mujeres, 7 de cada 10 no tienen prestaciones, ni acceso a la salud y a la vivienda.

La legisladora mencionó que el trabajo del hogar es una de las ocupaciones más desprotegidas y mal remuneradas, con extensas jornadas de trabajo; sin cobertura de seguridad social y con mayor incumplimiento de normas laborales.

Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó el pasado 5 de diciembre de 2018, que es discriminatorio excluir a las trabajadoras del hogar del régimen obligatorio del IMSS, y ordenó al instituto implementar un programa piloto de seguridad social en el primer semestre de este año.

Por lo anterior concluyó, en un plazo no mayor a 3 años, la seguridad social de esta población debe ser efectiva, robusta, eficiente para todas y todos.

La propuesta fue turnada a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos.