El diputado Marco Antonio González Reyes, secretario de la Comisión de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, se pronunció por construir una agenda integral en defensa de los derechos infantiles, que incida en la solución de sus problemas.
Construir una agenda integral en defensa de los derechos infantiles
“Antes de hacer un trabajo político debe pensarse en implementar una actividad humana y sensible, porque somos seres humanos antes de ser políticos o profesionistas. Es vital resaltar la visión humana de la actual Legislatura, cercana a las necesidades de los ciudadanos, y en particular de la niñez”, afirmó.
Destacó la importancia de que organizaciones civiles y ciudadanos participen en fijar el camino a seguir con objetivos claros, ya que los menores son tema fundamental en la Legislatura, y porque son presente y futuro de México.
Es primordial tomar conciencia de la importancia de asegurar una infancia feliz, con recuerdos agradables de los primeros años de vida, porque de eso depende un desarrollo integral y armónico en la edad adulta, consideró.
Es prioritario, por ello, atender sus necesidades desde los primeros años de vida, incluso durante la gestación, para garantizar que nazca en las mejores condiciones posibles y sus derechos reconocidos.
Anunció que en los próximos meses se organizarán conversatorios y parlamentos para que los infantes expongan directamente sus necesidades, a fin de tomar en cuenta su voz y propuestas.
La diputada Susana Cano González, integrante de la Comisión, llamó a conjuntar esfuerzos y apoyar a los infantes para trabajar por el futuro del país.
Tenemos el compromiso de asegurar que los menores gocen y ejerzan sus derechos, a fin de romper el círculo vicioso de violencia que se registra en las familias.
Debe recuperarse el concepto de la familia como célula social, donde se enseñan los valores, basados en el respeto; de lo contrario, todo quedará en palabras, advirtió.
Luis Alberto Barquera Medina, presidente del Consejo Directivo de la Organización para el Desarrollo Social y la Educación para Todos, Odisea A.C., sostuvo que 60% de los infantes mexicanos se encuentran en condiciones de pobreza, con lo que sus derechos vitales, como una vida digna, alimentación, salud, educación y desarrollo, se violan y no se cumplen.
En su ponencia “El papel de la Procuraduría de protección para atender la violencia contra la niñez”, apuntó que la ley general en la materia, reconoce los derechos humanos de la infancia y los identifica como sujetos de derecho, pero las procuradurías federal y estatales no tienen capacidad presupuestal ni operativa para atender las denuncias por violación a las garantías de esta población. Además, el personal desconoce ese marco jurídico.
Consideró que más de la mitad de las niñas, niños y adolescentes son sujetos de protección especial, y requieren un plan de restitución de derechos, que identifique sus garantías vulneradas, a fin de que las autoridades cumplan con la obligación de eliminar las causas de discriminación que sufren.
Las procuradurías de protección trabajen con las organizaciones de la sociedad civil, para asegurar que se respeten y cumplan los derechos de la infancia.
Explicó que la Procuraduría Federal está adscrita en la estructura del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), con lo que está supeditada presupuestal y administrativamente; “se considera una debilidad, que debe mejorarse, porque en lugar de tener una visión para hacer efectivos los derechos, es asistencialista y paternalista”. Esquema que, dijo, se replica en las procuradurías complicando la captación de denuncias, darles seguimiento y lograr soluciones.
Se requiere dotar de autonomía a estas instancias, para que cuenten con recursos propios y suficientes; se capacite al personal, el cual adolece en su mayoría de especialización; se fortalezcan los mecanismos institucionales para que sean efectivas las medidas y definir un protocolo de atención y seguimiento, que no existe, pese a que la ley general lo contempla.
Sólo con estas adecuaciones habrá condiciones para cumplir con el nuevo paradigma de derechos de las niñas, niños y adolescentes, a fin de cerrar la brecha entre lo que dice la ley y se hace en todas las dependencias públicas vinculadas con la niñez[.]
