La secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ana Gabriela Guevara Espinoza impulsa iniciativa que crea la Ley General para evitar el Desperdicio Alimentario, y con ello promover la recuperación, y donación de estos a la población que se encuentra en extrema pobreza.
La legisladora destacó el pasado 23 de octubre de 2018 que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el país cada año se desperdicia el 37.26% de los alimentos producidos, que podrán brindar ayuda a 7 millones de ciudadanos en situación de extrema pobreza.
Turnada a las comisiones de Desarrollo Social, para sus análisis y a la de Presupuesto y Cuenta Pública para su opinión, la iniciativa detalla que los alimentos más desperdiciados anualmente son:
- leche de vaca 50%
- tortillas, 29%
- pan, 45%
- huevos y pollo 40%
- frutas y verduras 60%
Dijo que los niveles de pobreza extrema alimentaria se concentran en:
- Chiapas, 9.7%
- Guerrero, 9.6%
- Estado de México, 8.9%
- Veracruz, 8.6%
- Oaxaca, 8.3%
- Puebla, 7.9%
Lo cual suma que un 53% de la población se encuentra en situación de hambruna.
A nivel mundial los indicadores, tampoco son alentadores, pues entre un cuarto y un tercio de los alimentos producidos anualmente para consumo humano se pierde o se desperdicia, lo cual equivale a cerca de 1,300 millones de toneladas de alimentos que, acorde con la FAO, podrían beneficiar a 2 mil millones de personas.
Guevara Espinoza refirió que el efecto del desperdicio de comida no es solo financiero, ya que sus residuos conducen al despilfarro de productos químicos tales como fertilizantes y pesticidas; más combustible utilizado para el transporte; y la generación de gas metano.
En este sentido, indicó que según datos de la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency), el desperdicio de alimentos que va a los basureros se rompe anaeróbicamente y produce metano; el cual es 23 veces más potente que el dióxido de carbono (CO2) como gas de efecto invernadero, contribuyendo al calentamiento global.
La diputada subrayó se han realizado grandes esfuerzos para aminorar la pobreza alimentaria, al implementar la Cruzada Nacional contra el Hambre, programa que tiene entre sus objetivos dotar de comida a poblaciones vulnerables.
“Consideró necesario que la iniciativa privada forme parte de una cruzada para disminuir el desperdicio de alimentos y aminorar esta brecha de pobreza y quien así lo haga sea beneficiada con algún incentivo”.
Ante este panorama, puntualizó que su propuesta tiene como fin garantizar lo mandatado en el artículo 4 de la Constitución, el cual establece el Derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
Establecer bases y modalidades para evitar el desperdicio de alimentos, responsabilizando y movilizando a productores, transformadores, distribuidores, consumidores, asociaciones y administradores de estos productos.
Asimismo, fomentar la concientización de los ciudadanos mediante la implementación de programas sociales; y la concurrencia de los 3 órdenes de gobierno para promover el uso de lo que no se vendió para el consumo humano, para ser donado o transformado.
Establecer que las empresas alimentarias pueden vender libremente el excedente de alimentos a un precio más bajo, o canalizarlos de manera gratuita al banco de alimentos más cercano, con la finalidad de que personal de dicha organización pueda retirarlo directamente o asignarlos libremente para el consumo humano.
Guevara Espinoza explicó que los bancos de alimentos tendrán la obligación de verificar que los productos que se distribuyan no tengan irregularidades en su etiquetado, que refieran información sobre la fecha de caducidad o de las sustancias o productos que causen alergias o intolerancias, de no ser así, deberán verificar antes de ser trasladados a los sujetos donatarios.
Las Secretarías de Salud y la del Medio Ambiente y Recursos Naturales, promoverán campañas nacionales de comunicación de los datos recogidos en la recuperación alimentaria y la reducción de los residuos, con el fin de aumentar la conciencia pública y de las empresas sobre las consecuencias negativas de los residuos de alimentos, con especial atención a las cuestiones de Derecho a la alimentación.
En tanto, la Secretaría de Desarrollo Social elegirá por medio de investigaciones los estados y municipios de la República a los cuales se les proporcionará mayores alimentos excedentes, dando especial atención a personas que sufran de pobreza extrema, malnutrición, desnutrición y hambre[.]
