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Legisladoras de México y Bolivia, catedráticas y activistas urgieron la construcción de un marco jurídico económico y laboral que garantice la inclusión e igualdad de oportunidades para las mujeres, porque es preocupante la existencia jurídica de “huecos y lagunas” que impiden resolver de manera efectiva la violencia en su contra, como la obstétrica y en particular el feminicidio.















