En ceremonia solemne efectuada en el Salón “Adolfo López Mateos” de la residencia oficial de Los Pinos, en el marco del Día de los Derechos Humanos el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto expresó que «En México los derechos humanos son un asunto de Estado; son una causa que nos convoca y nos une a todos, o a eso debe llevarnos, a que trabajemos en un solo frente«.

Posteriomente expresó «Prueba de ello es, justamente, la admirable y valiente participación de la sociedad civil mexicana en la promoción y defensa de estos valores universales.

Así lo hemos constatado este día, con la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2015, a la hermana Consuelo Morales Elizondo, y Directora de la Organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos.

Y con esta elevada distinción, el Estado mexicano reconoce su incansable labor en defensa de las víctimas, y en la búsqueda de personas desaparecidas.

Por dos décadas, como aquí nos lo compartió, usted no sólo ha dado voz a los desprotegidos y los ha acompañado en su exigencia de justicia, también ha planteado soluciones de fondo.

Sus propuestas han contribuido a crear mejores normas para salvaguardar la dignidad humana en nuestro país.

Y hoy también entregamos, como lo he referido ya, una mención honorífica a Sandra Jiménez Loza, por su trabajo comprometido en la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como de las personas con discapacidad.

A ambas, nuevamente, les expreso mi felicitación y mi mayor reconocimiento«.

El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, enfatizó que “México tiene prisa y las víctimas han esperado demasiado”, y demandó a las instituciones escuchar a la sociedad .

“Es momento de que México reafirme su convicción de vivir en la verdad y en la justicia”, afirmó, para luego enfatizar que si 2011 fue el año en que se formuló la relevante reforma constitucional que nuestro país llevó a cabo en materia de derechos humanos, 2016 deber ser el año de la implementación efectiva de la misma por todos los poderes y autoridades de los distintos órdenes de gobierno.

González Pérez, enfatizó que “nuestro país aún no ha honrado la deuda y compromiso que tiene con las víctimas de las desapariciones, con la sociedad y con el cumplimiento de las determinaciones emitidas por organismos internacionales en esta materia”.

“México tiene ante sí –dijo— una coyuntura crítica en el ámbito de los derechos humanos, en la que tiene la posibilidad de optar porque se preserve el estado actual de cosas o se asuma un compromiso de cambio que, teniendo como eje el respeto y vigencia de los derechos humanos y como principio básico la honestidad, fortalezca y consolide nuestro Estado Democrático de Derecho, abatiendo la impunidad, la corrupción, la simulación y demás vicios y prácticas que debemos desterrar, de una vez por todas, de nuestra realidad como país”.

González Pérez señaló que de la forma como encaremos los retos que se nos presentan en el ámbito de los derechos humanos, dependerá que podamos prosperar y desarrollarnos en los próximos años.
“La madurez de nuestra sociedad, el grado de desarrollo de nuestras instituciones y la amplitud del marco jurídico con que contamos, generan un entorno propicio para que, si así lo decidimos, podamos tomar este compromiso, que es un compromiso con México y con los mexicanos, es decir, un compromiso con nosotros mismos”, aseguró.

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) destacó que pese a los avances en el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas, así como en el establecimiento de instituciones para su protección y vigencia, la agenda nacional en la materia registra muchos pendientes y desafíos que demandan atención urgente, como las desapariciones y la protección a niñas, niños y adolescentes, campos en los que hoy se reconoce el trabajo de dos mexicanas comprometidas con la dignidad de las personas.

Recordó varias medidas planteadas hace tiempo por el Ejecutivo Federal, que habrían incidido en la atención del problema de desapariciones, como la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas y un Sistema Nacional de Información Genética, las cuales no se han concretado por diversos factores y actores, como también ha ocurrido con las recomendaciones del Comité respectivo de las Naciones Unidas.

“El problema de las desapariciones en México –explicó— es una cuestión dramática, ajena a toda noción de respeto a la dignidad de las personas, cuya magnitud es preciso dimensionar objetivamente. Al día de hoy, aún no podemos contar con información real e integrada conforme a estándares internacionales, que nos permita distinguir los casos que efectivamente puedan implicar una desaparición forzada, de aquellos que están vinculados a la delincuencia organizada o respondan a otras causas. Sin esta información, difícilmente se podrán establecer acciones integrales y coordinadas de búsqueda, así como deslindar las responsabilidades correspondientes en cada suceso”.

Refirió que ante este escenario, muchas mexicanas y mexicanos han asumido como compromiso de vida la defensa y protección de los derechos humanos desde la sociedad civil organizada, mediante acciones tendentes a coadyuvar en la atención de los problemas, retos y desafíos que enfrenta nuestro país en ese ámbito.

Tras destacar que la mayor parte de los avances sustantivos en el campo de los derechos humanos no se pueden entender sin la participación de las defensoras y defensores civiles, así como de las organizaciones sociales, dijo que ese trabajo rinde frutos y por eso se otorga el Premio Nacional de Derechos Humanos a Consuelo Gloria Morales Elizondo y una Mención Honorífica a Sandra Jiménez Loza.

Puntualizó que los problemas y retos del país en materia de derechos humanos no se limitan a los casos de San Fernando, Chalchihuapan, Tlatlaya, Iguala o Apatzingán, sino que pasan por todas las personas desaparecidas, el conjunto de fosas clandestinas y los restos humanos hallados en ellas, niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de trata, personas privadas de la vida cuyos casos no han sido resueltos, agravios y ataques a periodistas, las deplorables condiciones del sistema penitenciario, la desigualdad y discriminación hacia las personas indígenas y de todos aquéllos que han sido víctimas de un delito o abuso del poder y que esperan justicia.

González Pérez reiteró que el reconocimiento, defensa y promoción de los derechos fundamentales, así como la vigencia plena del Estado Democrático de Derecho son las únicas vías para lograr la justicia, tanto para los individuos como para la sociedad. “En materia de derechos humanos no sólo basta creer, hay que hacer”, concluyó.

Acciones concretas

En su presentación el Presidente Enrique Peña expreso algunas acciones concretas, al declarar «Como lo he apuntado ya, el día de hoy, al término de mi intervención, habré de firmar las iniciativas que enviaré al Congreso de la Unión con dos importantes temas«.

Mencionando la Iniciativa de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, y la correspondiente a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura.

Al destacar algunas de las características más relevantes, subrayó «La propuesta de Ley General en Materia de Desaparición de Personas permitirá establecer una nueva política pública, enfocada en su búsqueda y localización. Para ello, la ley plantea la creación de cuatro instrumentos básicos:

Primero. El Sistema Nacional de Búsqueda, que asegure la inmediata movilización de las instancias de seguridad pública, procuración de justicia y personal especializado ante un reporte de desaparición.

Su objetivo es garantizar una respuesta institucional amplia, ágil y oportuna en las horas siguientes a la desaparición, las más críticas para encontrar o brindar auxilio a las víctimas de este delito«.

Posteriomente informo que «el segundo elemento es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizables.

A partir de esta base de datos, los familiares podrán dar seguimiento a su denuncia de desaparición.

Se trata de un registro con información actualizada y confiable, proporcionada por hospitales, centros de detención y servicios médicos forenses, tanto Federales como locales«.

Al referirse al tercer instrumento que es el Registro Nacional Forense, menciono que utilizará los últimos adelantos de la ciencia y la tecnología, para facilitar la localización e identificación de personas desaparecidas.

Y, el cuarto instrumento, «se refiere al Consejo Nacional Ciudadano, integrado por defensores de derechos humanos, especialistas y familiares de las víctimas, cuyo objetivo será asesorar y emitir opiniones al Sistema Nacional de Búsqueda.

Por su parte, la Propuesta de Ley General contra la Tortura tiene un objetivo muy claro: erradicar esta práctica«.

La iniciativa se propone crear las siguientes instancias:

La primera, son las Unidades Especializadas de Investigación, tanto a nivel Federal, como en las entidades federativas, para combatir con mayor eficacia este delito.

La segunda instancia es el Mecanismo Nacional de Prevención, conformado por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los ombudsman estatales, en los que participan representantes de organizaciones internacionales, sociedad civil, académicos y expertos.

«Su misión será de la mayor importancia: aplicar en el país las mejores prácticas internacionales para evitar actos de esta naturaleza«, afirmo el presidente.

Y la tercera, es el Registro Nacional de los Delitos de Tortura y otros Tratos Inhumanos y Degradantes, integrado por las bases de datos de la PGR y de las Procuradurías de Justicia locales, Para poner al alcance de la ciudadanía la información pertinente para evaluar los avances en este esfuerzo nacional en contra de la tortura, destancando «que ambos proyectos de ley son producto de un amplio proceso de consulta, en el que participaron Legisladores, autoridades, académicos, especialistas, organizaciones de la sociedad civil, representantes de víctimas y la ciudadanía en general«, menciona que estas iniciativas, fueron enriquecidas por las valiosas aportaciones de organismos internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Finalmente declaró que «de ser aprobadas, por primera vez se definirán a nivel nacional, con claridad y precisión, las competencias y las formas de coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, y ello será clave para combatir con eficacia y contundencia estas inaceptables violaciones a los derechos fundamentales.

Igualmente, serán considerados como delitos permanentes por lo que jamás prescribirán y se perseguirán de oficio.

Insisto, con base en estas nuevas leyes, dichas conductas serán investigadas, perseguidas y sancionadas, a partir de un marco jurídico homologado para todo el país«.