De patentes, biotecnología y WikiLeaks

Cada noviembre, en el mundo entero tendríamos que celebrar el aniversario de un acuerdo político histórico en torno a un punto vital para la humanidad: los estados miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) acordaron que la salud pública debía tener prioridad sobre las patentes y otros derechos de propiedad intelectual y que los gobiernos debían promover el acceso de toda su población a los medicamentos.

Este acuerdo mundial, conocido como Adpic (Acuerdo de Propiedad Intelectual relacionado con el Comercio) o TRIPS (Trade-Related Intellectual Property Rights) se logró en el 2001, en el seno de la OMC, y se supone que con base en ese límite, debería quedarse cualquier otro acuerdo comercial a ser firmado entre economías o entre agrupaciones multilaterales.

La realidad es que la supremacía de la salud pública sigue teniendo sus asegunes, dependiendo desde donde se le vea: desde una empresa innovadora (o su país de origen), que quiere vender nuevas terapias, dispositivos u otras tecnologías médicas, o desde un país con limitados recursos económicos, que necesita cubrir verdaderamente a su población con servicios de atención a la salud.

El tema viene a colación, porque hace unos días se conocieron detalles y posiciones de los 12 países -incluido México- que negocian dentro del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), en torno específicamente a propiedad intelectual. Y por supuesto que entre los puntos relevantes en el capítulo de propiedad intelectual en el TPP está lo relativo a la tecnología.

El mayor interés de este capítulo del TPP ha sido por parte de los usuarios de Internet y de tecnologías de la información, pero también tiene sus efectos sobre medicamentos, semillas, plantas, organismos y microorganismos, así como procesos sobre seres vivos y obtenciones vegetales. No se requiere ser un gran experto como para entender que conforme avanza la biotecnología y la manipulación celular, todo esto será de creciente relevancia en el futuro.

Por ello, lo que publicó WikiLeaks el pasado 13 de noviembre es trascendente: es el capítulo más polémico del TPP, por sus amplios efectos en productores de medicamentos, editores, servicios de Internet y tiene mucho que ver también con las libertades civiles y las patentes biológicas.

Lo significativo es que con el texto difundido se abrieron para todo el mundo las posiciones de negociación y los desacuerdos entre los 12 estados miembros potenciales del proyecto de texto en que se sustentará el tratado económico más grande de la historia, negociado en secreto desde hace años.

Además, lo interesante es que dicho texto se publica justo antes de una decisiva cumbre de jefes negociadores que se llevará a efecto del 19 al 24 de noviembre en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, que pudiera ser decisiva si es que de verdad se logran culminar este año dichas negociaciones, como se han impuesto los países miembros del TPP (Trans-Pacific Partnership).

Sobre el costo de la violencia

Al margen de la discusión sobre a cuánto asciende el costo específico de la violencia en nuestro país -quién duda de que verdaderamente debe ser muy alto-, está muy bien que las autoridades de salud entren públicamente a la discusión sobre el tema de la violencia. Si es una de las principales causas de mortalidad en jóvenes, es un claro y grave problema de salud pública. Lo que sería muy útil es que ante tan amplia variación entre los cálculos del Banco Mundial (que estima un costo de la violencia de hasta 15% del PIB) y los del INEGI (cuya estimación es de 1.3% del PIB), se conozca lo que incluye una y otra medición.