En el Foro “La Escuela como promotora de la paz: una mirada desde el Poder Legislativo”, se subrayo que es inaceptable la violencia en las escuelas, exige una respuesta integral de todos los sectores de la sociedad. Juntos debemos crear un frente común contra el abuso y acoso infantil para alcanzar una nueva cultura de sana convivencia y paz escolar con un enfoque integral.
Al inaugurar el pasado 4 de julio del 2014, el foro “La escuela como promotora de la paz: una mirada desde el Poder Legislativo”, organizado por la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados Jóse González Morfín expresó que como legisladores se tiene una responsabilidad clara de aprobar leyes que protejan la integridad de los niños, pues la sociedad reclama un nuevo ordenamiento legal a fin de erradicar este mal de las instituciones educativas.
Destacó que el Legislativo analiza en comisiones de las cámaras de Diputados y Senadores siete iniciativas para combatir la violencia en las escuelas. Además, dijo, están vigentes las leyes generales de Educación, para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, y la de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Se pronunció por “una ley que, sobre todo, deberá enfocarse en la prevención. Urge una ley que, más que combatir la violencia, contribuya a generar una nueva cultura de convivencia sana y la paz escolar con un enfoque integral”, afirmó.
Refirió que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México presenta los niveles más altos en robos, agresividad verbal y física en los alumnos de educación secundaria entre los países miembros, pues el 24% de los estudiantes de primaria sufre burlas y el 17% ha sido lastimado por otros alumnos.
Se debe impulsar un cambio de fondo en las escuelas, en los hogares y en los medios de comunicación. “Estoy convencido de que la violencia escolar es un fenómeno socio-cultural que exige una respuesta integral de todos los sectores de la sociedad”, abundó.
Puntualizó que los profesores y directivos son fundamentales, de ellos depende guiar con el ejemplo y favorecer una cultura del respeto. “Ellos están en contacto permanente con los niños y tienen la obligación y la autoridad para normar la conducta en la escuela”.
El legislador argumentó que los padres de familia también tienen un rol muy importante, pues es en el hogar donde se inculcan valores como la empatía, el respeto y la convivencia sana. “Estoy convencido de que un niño que puede conversar una vez al día con su padre o con su madre, es un niño que está recibiendo afecto y no se convertirá ni en víctima ni en victimario de la violencia escolar”, aseguró.
En representación del presidente del Senado de la República, Raúl Cervantes Andrade, el legislador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación, expresó que la violencia es un espejo de lo que ocurre en la sociedad en diferentes ámbitos y se ha ido reflejando y descomponiendo en el centro escolar, particularmente, en fechas recientes.
La representante de UNICEF en México, Isabel Crowley, argumentó que la violencia presenta dimensiones importantes, pues de acuerdo con el Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica elaborado por Unicef y la SEP, cerca de la mitad, es decir, 43.2% del personal docente dice que se han detectado casos de violencia en el entorno escolar.
Además, señala que el 90% por ciento del alumnado de sexto de primaria y de secundaria planteó que alguna vez han sufrido humillaciones o insultos. “Estamos hablando de violencia en las escuelas, por lo que necesitamos revertir esto de manera urgente”, indicó.
Mencionó que las escuelas no sólo deben ser espacios libres de violencia, sino escenario idóneo para la promoción de la cultura de paz y derechos humanos; deben ser áreas de protección y de seguridad para los niños, niñas y adolescentes; de convivencia pacífica, en donde se aprenda a solucionar los problemas a través del diálogo.
El presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, Jorge Federico de la Vega Membrillo urgió a llevar a cabo una acción definida y enérgica por parte de legisladores y el Poder Ejecutivo, donde se coloque en el centro a los actores principales de la problemática: las escuelas y los niños y jóvenes.
“No se puede concebir ninguna acción legal ni política pública para trasformar la realidad, si los menores de edad no son parte fundamental para desarrollarlas”, ya que, continuó, este grupo poblacional “aquí y ahora se encuentra en situación de violencia; es impostergable que los esfuerzos se sumen y no se echen por la borda, como ocurre con otros temas”.
Asimismo, explicó que la importancia de priorizar a los centros educativos en las políticas públicas se da en virtud de que éstos son síntesis de lo que ocurre en la sociedad y encarnan los procesos de descomposición.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Adriana Hernández Iñiguez, mencionó que el común denominador de la pérdida de valores y principios se liga a factores como familias disfuncionales, alcoholismo y drogadicción, violencia intrafamiliar, y falta de comunicación entre los integrantes de la comunidad escolar.
Comentó que todo ello tiene como consecuencia niños golpeados e incluso muertos, pero se deja de lado que los 2.5 millones de menores de edad que sufren bullying “se pueden perfilar como agresores en potencia, si no se hace algo por atender el problema”.
En tanto, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez, precisó que no se puede ver a la escuela como una isla y el único lugar donde se resuelve el problema, sino que se debe actuar junto con padres de familia para conocer las inquietudes de los infantes, y tomar acciones concretas.
A su vez, la diputada Martha Leticia Sosa Govea, secretaria de la Atención a Grupos Vulnerables, indicó que el problema del bullying no sólo se puede combatir a través de los aspectos de principios y valores, las relaciones humanas y la actitud, sino a través del fortalecimiento de la economía, pues cuando hay escasez de dinero en casa, existe violencia.
Apuntó que es responsabilidad de los legisladores adecuar el marco jurídico para hacerlo compatible, a fin de que el Poder Ejecutivo esté consciente de que el tema económico debe revertirse para “evitar la explosión de los problemas sociales que agobian, como el tema del acoso escolar”.
El presidente de la Comisión de Educación en el Senado, Juan Carlos Romero Hicks, advirtió del riesgo de convertir el espacio educativo en uno punitivo, por lo que consideró que “cuando se apliquen sanciones por casos de bulliyng, éstas deben ser formativas y no punitivas”.
“La escuela no puede ser una correccional. La escuela debe ser un modelo de formación y aprendizaje”, expresó el senador.
Indicó que el reto es que al abrir el periodo ordinario se presente un paquete legislativo de forma colectiva con las propuestas vertidas durante este evento.
“Este es el espíritu que el día de hoy nos ha movido; seguramente de cada intervención en el foro tomaremos nota”, resaltó.