Para atender y garantizar la cobertura de los servicios que demanda un 58% de adultos mayores que carece de seguridad social, así como la necesidad de establecer políticas públicas en materia de educación para lograr erradicar el maltrato a las personas adultas mayores.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables avaló por unanimidad reformas y adiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a fin de que la Federación, estados y municipios promuevan la creación de centros de atención geriátrica y gerontológica, ya que el 58% de esta población carece de afiliación a instituciones de seguridad social.

Aprobó, también, modificaciones para que se “induzca una cultura de respeto a los derechos humanos fundamentales de las personas adultas mayores” en los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos, con el propósito de fortalecer los contenidos sobre el proceso de envejecimiento y su concientización.

La diputada Adriana Hernández Iñiguez, presidenta de la comisión, refrendó el compromiso de construir leyes que atiendan la realidad que sufren los sectores sociales vulnerables, como los adultos mayores, y responder al objetivo de “vincularlas con los valores universales, contemplados en la Constitución, en particular la no discriminación”.

Consideró las reformas avaladas como avances firmes para establecer bases jurídicas que garanticen atender las necesidades de esta población, “sin tintes partidistas ni colores”.

Hernández Iñiguez sostuvo que el éxito en la construcción de las leyes y reformas “es que reflejen la realidad que viven las personas vulnerables y sus familias, debido a que tenemos experiencias personales y conocemos perfectamente el territorio”.

Apuntó que “antes de ser políticos, somos ciudadanos, y qué bueno que los políticos tengamos esas experiencias, porque sin ponerle color, ese ha sido uno de los grandes problemas del país. Nos olvidamos de nuestro origen y de esas vivencias que son las que nos hacen seres humanos”.

Dijo que los legisladores tienen que volver a pensar y reconocer que antes que cualquier otra cosa son seres humanos, con un origen y aprendizajes, porque en esa medida, en esta comisión, afirmó, se han logrado leyes y reformas de gran utilidad para las familias mexicanas, en particular si uno de sus miembros es vulnerable.

La diputada Elvia María Pérez Escalante, secretaria de la instancia legislativa, aseguró que las reformas y adiciones a los artículos 10 y 14 de Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, buscan “fomentar, impulsar y promover la creación de centros de atención geriátrica y gerontológica, para garantizar la cobertura de los servicios de salud” a 11.7 millones de mexicanos.

“El propósito fundamental es fortalecer las atribuciones del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores para establecer, en coordinación con la Secretaría de Salud, los criterios y mecanismos que permitan promover e impulsar la creación de centros de atención geriátrica en los estados y municipios del país y garantizar la cobertura de los servicios que demanda este sector«.

El dictamen refiere que la preocupación más relevante es que durante el envejecimiento aumentan los padecimientos crónicos degenerativos como la diabetes mellitus e isquémicos del corazón; las enfermedades cerebrovasculares, de las vías respiratorias, del hígado e hipertensión, las cuales en 2012 representaron el 55.1% de las causas de fallecimiento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Además, porque el 58% del total de los adultos mayores en México no está afiliado a instituciones de seguridad social para acceder a los servicios médicos. “Es necesario unir esfuerzos para ampliar su cobertura y mejorar su calidad”, ya que son indispensables para elevar la calidad de vida, en particular la atención geriátrica, la cual carece de infraestructura especializada suficiente para brindar un cuidado integral.

Asimismo, el documento precisa que en el año 2012, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 43.2% de los adultos mayores se encontraba en situación de pobreza multidimensional, reflejada en abandono familiar, maltrato, discriminación, exclusión al trabajo y al acceso a la educación y a la vivienda, lo que impacta negativamente la dignidad de los adultos mayores.

Respecto a la reforma del artículo 17 de la ley, Pérez Escalante subrayó la importancia de incluir en la asignatura de formación cívica y ética los temas de adultos mayores, para fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos y en especial los de este sector.

El dictamen apunta la necesidad de establecer políticas públicas en materia de educación, que “realmente permeen en la cultura social de la población, para lograr erradicar el maltrato a las personas adultas mayores”, quienes en muchas ocasiones son víctimas de conductas y hechos que las impactan y les generan consecuencias emocionales que les impiden disfrutar de su derecho humano fundamental a gozar de una vida digna, en paz y en armonía.

La educación es sin duda el instrumento idóneo para concientizar a la sociedad, a fin de que otorgue cuidado, aprecio, respeto y reconocimiento por la contribución que han hecho los adultos mayores para construir el México de nuestros días, expresa.

Resalta que la falta de respeto hacia los adultos mayores y otros sectores de la población, como las personas con discapacidad, sigue presente en la convivencia social. Por ello, la urgencia de inducir una cultura de respeto, comentó.

No obstante, los esfuerzos por reconocer los derechos de los grupos vulnerables siguen siendo receptores de conductas negativas en el seno familiar y como sujetos pasivos de conductas antisociales provenientes del entorno que los rodea, agregó.