Las comisiones unidas de Salud, Justicia, Gobernación, Seguridad Pública, Derechos Humanos, y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron, con modificaciones, el dictamen a la propuesta presidencial para regular el uso medicinal de la cannabis.
En el dictamen, respaldado en lo general, se establece que la Secretaría de Salud (SSA) deberá diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol, sus isómeros y variantes estereoquímicas.
Asimismo, el proyecto, que reforma la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, prevé que la Secretaría tendrá la obligación de normar la investigación y producción nacional de dichos fármacos.
Del mismo modo, se acordó que la SSA sea la encargada de otorgar la autorización para importar estupefacientes, substancias psicotrópicas, productos o preparados farmacológicos, derivados de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol, sus isómeros y variantes estereoquímicas.
Los senadores precisaron en la reforma que la siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana no será punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos en los términos y condiciones de la autorización que para tal efecto emita el Ejecutivo federal.
También, se incluyó al nabilonal y al tetrahidrocannabinol, y algunos de sus isómeros y sus variantes estereoquímicas, en la lista de sustancias que tienen algún valor terapéutico, pero constituyen un problema grave para la salud pública.
Además, se consideró incluir al cáñamo entre las sustancias que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor para la salud pública.
El presidente de la Comisión de Salud, Francisco Salvador López Brito, dejó en claro que no se contempla en el dictamen la autorización del autoconsumo o autoproducción de la cannabis.
En este momento “se debe ser cauto en cuanto abrir una posibilidad de autoconsumo sin el rigor científico ni la valoración científica respecto a la prescripción de este tipo de fármacos”, apuntó.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar, afirmó que la aprobación del dictamen rompe con una serie de atavismos sociales e ideológicos, pues los derivados de la marihuana se introducen en legislación para su uso medicinal, terapéutico e investigación científica, y se permitirá su importación.
Dijo que se abre la posibilidad de que el Ejecutivo regule el cultivo emitiendo la Norma Oficial, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
La senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, consideró que es una decisión histórica, no obstante lamentó que no se modificara la cantidad permitida para su portación para pasar de 5 a 28 gramos, lo que hubiera dejado fuera de las cárceles a 18,370 acusados por delitos contra la salud.
La legisladora expresó su confianza en que, en el futuro, México se posicione a la altura de otros países como Estados Unidos donde se permite su uso lúdico, y se integre la prevención de adicciones.
A su vez, la senadora Gabriela Cuevas Barron, consideró viable permitir el auto cultivo, con un registro de los pacientes a través de la Secretaría de Salud o de la Cofepris, y que éstas sean las encargadas de decidir qué semillas se pueden cultivar.
Señaló que ahora que serán considerados suplementos alimenticios y no se requerirá receta médica, podrían disminuir los costos: el costo de tratamiento para uno de los pacientes está en 250 dólares al mes, sin contar con los costos por importación, detalló.
El senador Jorge Luis Preciado dijo que no se debe criminalizar a las personas que portan entre 5 y 28 gramos de marihuana, por lo que propuso una pena “alternativa”; es decir, no autorizar la portación de más de 5 gramos, que la sanción sea económica y que el Estado “le pueda decir a esa persona que tendrá que ir tratarse a rehabilitarse”, pero no mandarlo a la cárcel.
Cuestionó si la persona que porta más de 5 gramos de esta droga es en realidad un narcotraficante o una gente que puede ser dañina para la sociedad; es un tema que tenemos que revisar de fondo y no dejarlo de lado “por el tabú de que va decir la gente allá afuera”, concluyó.
La senadora Martha Tagle Martínez, expresó que las organizaciones civiles tienen una agenda mucho más amplia en materia de política de drogas, por lo que las expectativas que tienen requieren de mucho más elementos.
No obstante, dijo que por el momento en el que nos encontramos era necesario poder transitar con algunos mínimos que son necesarios para avanzar en este tema.
El senador Manuel Cárdenas Fonseca aseguró que es fundamental minimizar los riesgos que se generen ante “el mercado voraz de un negocio” y proteger a quienes tienen una necesidad imperiosa de un tratamiento de este tipo.
Refirió que este mercado en México representa una oportunidad para las empresas de mil a dos mil millones de dólares anuales y que podría llegar a siete mil millones; “la pregunta es: ¿a qué costo?”.
