Establece las bases para garantizar el goce y ejercicio efectivo del derecho a la alimentación de las personas; contribuir a la autosuficiencia, seguridad, soberanía y sustentabilidad alimentaria; fomentar el consumo, la distribución y la producción de alimentos nutritivos y de calidad; regular la política alimentaria y sus respectivos instrumentos de aplicación.
El Pleno avaló el pasado 30 de abril de 2015 por unanimidad de 363 votos el dictamen que expide la Ley del Derecho a la Alimentación Adecuada, para garantizar a todas las personas, y en cualquier momento, la disponibilidad de víveres para su consumo diario, así como el acceso físico y económico a una comida nutritiva, suficiente y de calidad.
El dictamen, enviado al Senado de la República, crea la Comisión Intersecretarial Federal, la cual propondrá acciones preventivas o correctivas que apoyen la estabilidad de los precios de los alimentos, sobre todo de aquellos que integran las canastas alimentarias, a efecto de potenciar un consumo diario suficiente.
Señala que corresponderá a las autoridades federales, estatales y municipales mantener comedores comunitarios en los lugares que se requieran por las condiciones de pobreza, marginación o baja condición alimentaria de sus habitantes. Para su operación, se deberá privilegiar la adquisición de comestibles de los pequeños o medianos productores locales o regionales.
También contempla que a las personas que se encuentren en centros de reinserción o readaptación social, asilos, sanatorios, estaciones migratorias u otros establecimientos, se les proporcionarán alimentos suficientes y de calidad.
El goce y ejercicio efectivo de esta ley será garantizado por el Estado, de acuerdo a los términos previstos en la Constitución Política y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte, añade el dictamen.
Prohíbe toda discriminación que impida, anule o menoscabe el ejercicio del derecho a la alimentación adecuada, así como condicionar el suministro con el propósito de orientar el voto de los electores a favor de un candidato o partido político, puntualiza.
En la fundamentación, el diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones expresó que la alimentación adecuada ha sido reconocida como un derecho de orden fundamental, y su garantía y protección constituye la condición mínima indispensable para la existencia de cualquier otro, como comer, a la vida y el acceso a demás garantías.
La Ley establece las bases para garantizar el goce y ejercicio efectivo del derecho a la alimentación de las personas; contribuir a la autosuficiencia, seguridad, soberanía y sustentabilidad alimentaria; fomentar el consumo, la distribución y la producción de alimentos nutritivos y de calidad; regular la política alimentaria y sus respectivos instrumentos de aplicación.
También para determinar los mecanismos de coordinación entre las autoridades de la federación, las entidades federativas, los municipios y las delegaciones del Distrito Federal, así como establecer las bases para la participación social en las acciones encaminadas a lograr el ejercicio pleno del derecho a la alimentación adecuada.
Galindo Quiñones detalló que con este dictamen se dotará al Estado mexicano y a la sociedad de un nuevo instrumento de planeación, de establecimiento de metas, de operación coordinada, de deliberación para el establecimiento de nuevas políticas públicas y de evaluación en materia alimentaria, y dará forma organizada a la Cruzada Nacional contra el Hambre.
El diputado Juan Luis Martínez Martínez dijo estar a favor de una ley que garantiza una alimentación adecuada a todos los sectores de la sociedad. “Quedan muchos temas pendientes, como es la reforma al campo mexicano, que sigue dejando arrodillados a los miles de campesinos que claman su debida inclusión en los diversos programas y proyectos del gobierno”.
La diputada Gloria Bautista Cuevas expresó que naciones como Argentina, Brasil, Bolivia, Guatemala, Ecuador, Nicaragua y Venezuela ya cuentan con una ley que garantiza la alimentación de sus ciudadanos. “Ahora estaremos incorporándonos a este grupo de países. Nuestra obligación como legisladores en materia de alimentos es generar las condiciones para lograr la disponibilidad en producción, comercio y uso”.
La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez se solidarizó con la aprobación del dictamen, pero expresó que no se puede “ignorar la triste y preocupante realidad regresiva en la que está sumergido el país. La ingobernabilidad que ha agravado el contexto social, es consecuencia del regreso del autoritarismo, de pactos políticos entre sólo algunas cúpulas de poder y negociaciones en los altos estratos económicos”.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo manifestó que la alimentación constituye un derecho humano esencial para toda persona. De acuerdo con el Coneval, apunto, 28 millones de personas carecían del acceso a una alimentación adecuada en el 2012. “Estamos a favor de las herramientas jurídicas que hagan un frente común para erradicar la pobreza alimentaria y la desnutrición que sufren millones de mexicanos”.
La diputada Lilia Aguilar Gil refirió que en México hay 53.3 millones de pobres y más de 11 millones están en pobreza extrema. “Hoy, después de la aprobación de esta ley, lo que queda pendiente es cambiar la política social completa del país. Necesitamos tener una basada en capacidades y no en el asistencialismo”.
La diputada María Esther Garza Moreno puntualizó que en materia de derecho a la alimentación, esta legislatura aprobó la reforma del artículo 4 constitucional para consagrar la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, estableciendo claramente que el Estado es responsable de garantizarla, pero hoy se refuerza con esta ley que le dará efectividad y eficiencia en su implementación y protección.
