En México las imágenes de mujeres pariendo en el pasto, en las banquetas o en las salas de espera de clínicas u hospitales, son apenas la punta del iceberg de la violencia obstétrica señalo Pablo Navarrete Gutiérrez, Coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres.
El pasado 27 de junio del 2014, durante la inauguración del 14° Encuentro Nacional de las Áreas Jurídicas de los Mecanismos Estatales para el Adelanto de las Mujeres, Navarrete Gutiérrez expreso que es una inadmisible expresión de la violencia obstétrica de que son objeto las mujeres embarazadas.
Posteriormente explicó que en México se practica el doble de las cesáreas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, ya que del total de nacimientos, el 38.1% se producen por esta vía que en los últimos 12 años se incrementó en 33.7% en el sector público y 60.4% en el privado; su práctica indiscriminada, es una inadmisible expresión de la violencia obstétrica de que son objeto las mujeres embarazadas.
Informó que la violencia obstétrica, es una forma específica de violación a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, una inadmisible forma de discriminación y un trato deshumanizado de las mujeres embarazadas, que debe atenderse de manera urgente haciendo uso de todos los medios al alcance del Estado para garantizar los derechos de las mujeres durante la atención de su embarazo.
El funcionario federal reconoció que para hacer frente a este desafío -que afecta sobre todo a las mujeres pobres e indígenas-, no es suficiente una política de “remoción” del personal médico involucrado, sino de atender las causas estructurales que están alimentado la espiral de discriminación y violencia institucional de que son objeto las mujeres embarazadas.
Declaró, que es tan grave la violencia obstétrica que en algunos casos puede constituir actos de tortura por parte del personal del sector salud, cuando estos actos u omisiones tienen la intención de causar penas o sufrimientos físicos y mentales a las mujeres embarazadas y que tengan como fin anular su personalidad o sus capacidades, ya sean físicas o mentales, o con cualquier otro fin. Como ejemplo de esto –subraya-, que basta recordar los casos en que a mujeres en trabajo de parto se les pide “aguantar” el dolor.
El trato deshumanizado, que va desde los regaños y humillaciones hasta la negación de la atención médica, constituye una larga cadena de violaciones a los derechos humanos de las mujeres embarazadas que deben cesar de inmediato.
Recalcó que es el momento de garantizar los derechos de las mujeres durante su embarazo, trabajo de parto, parto y puerperio, es decir, reconocer su derecho a un parto humanizado. Por su parte, Paulina del Rosario Cetina Amaya, directora general del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán, afirmó que la apuesta es por la prevención y atención de la violencia y a la sensibilización para garantizar los derechos de las mujeres, en especial, durante la atención de su embarazo. “Porque sabemos que el bienestar no es compatible con los comportamientos que atentan contra la integridad de las personas, en especial, de las mujeres” sostuvo.
Agregó que Yucatán da pasos importantes en favor de las mujeres, como la instrumentación del Programa Presupuestario de Atención a la Violencia contra las Mujeres, donde participan la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Salud de Yucatán, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Secretaria de Seguridad Pública y el Instituto para la Equidad de género en Yucatán, dando muestra de la conjugación de esfuerzos bajo un mismo objetivo: disminuir la incidencia de la violencia contra las mujeres.
En la inauguración de este encuentro participaron el Secretario General de Gobierno; Víctor Caballero Durán, el Secretario de Salud; Jorge Eduardo Mendoza Mézquita y Paulina del Rosario Cetina Amaya, titular del Instituto Estatal para la Equidad de Género, del Gobierno del Estado de Yucatán.
Las conferencias magistrales corrieron a cargo de la maestra Regina Tamés Noriega, Directora Ejecutiva del Grupo de Información en reproducción Elegida (GIRE) y la doctora Aurora del Río Zolezzi, del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud.