Con esta ley se crea la Comisión Intersecretarial para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, instancia de carácter permanente del Poder Ejecutivo federal, cuyo objetivo primordial es garantizar que se ejecuten de manera coordinada los programas en favor de esta población.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el pasado 5 de marzo de 2015 por unanimidad de 384 votos el dictamen que crea la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, para otorgarles certidumbre y seguridad jurídica e impulsar su plena integración e inclusión a la sociedad; es un problema de salud pública, ya que uno de cada 100 niños lo presenta.
El nuevo marco legal vincula la realidad social de las personas con autismo con valores como la dignidad, igualdad, inclusión, justicia social, libertad, respeto, la no discriminación y la autonomía.
El dictamen reconoce la prevalencia del autismo en México es mayor que el cáncer, diabetes y sida pediátricos juntos. Los individuos que lo presentan tienen un desarrollo social muy diverso al de un sujeto común. Su conducta y su evolución emocional reflejan que cuentan con un grado de inteligencia mayormente reconocido y habilidades específicas en diversas áreas y materias como la tecnología, las artes como la música, la pintura y habilidades matemáticas.
La nueva ley general se compone de cuatro capítulos:
- Disposiciones generales
- Derechos y obligaciones
- Facultades de la Comisión Intersecretarial que se instalará y que deberá garantizar la ejecución de los programas
- Prohibiciones y sanciones para las instancias que no atiendan a las personas autistas y sus familias
Comprende, además, seis artículos transitorios que refieren la expedición de un marco reglamentario; la armonización con las leyes estatales; la definición de proyectos de investigación científica y de capacitación especializada para personal profesional y técnico, y la participación de diversas instancias federales para atender a este sector.
La diputada Paloma Villaseñor Vargas, promovente de la iniciativa, reconoció el apoyo de todos los grupos parlamentarios u organizaciones en torno a esta ley general, en un momento de severos problemas nacionales que han exacerbado la confrontación de posiciones en el marco del pluralismo político que se vive.
Afirmó que este nuevo marco jurídico, ciertamente está limitado por las condiciones económicas que enfrenta el gobierno mexicano. Sin embargo, establece las bases para que el Estado atienda los derechos humanos de los grupos más vulnerables, como las personas con autismo.
“Estoy segura que cientos de familias, de escasos recursos económicos y no pocos en pobreza extrema, verán en la iniciativa una luz de esperanza”, aseveró.
Además, se enriquece el marco jurídico vigente, cuya naturaleza es complementaria e integradora, ya que tiene una clara función social y responde a una realidad palpable; es progresiva por principio jurídico y sienta la base para adaptar las circunstancias y abrir mayores oportunidades de atención y protección de los derechos fundamentales de este sector.
Desde la tribuna, Villaseñor Vargas precisó que es una ley general novedosa en México que se alinea con el contexto internacional, en donde muchas naciones tienen leyes similares.
“La aspiración es contar, en cada uno de los municipios del país, con un centro especializado en la atención y protección de las personas con la condición del espectro autista. Lograrlo, es tarea del Estado, del gobierno y de la sociedad”, aseveró.
Al argumentar el dictamen, la diputada Adriana Hernández Íñiguez, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, afirmó que esta ley general tiene como objetivo fundamental otorgar certidumbre y seguridad jurídica de las personas con la condición del espectro autista.
Sostuvo que lograr una efectiva transversalidad de las políticas públicas, mediante la protección de sus derechos y necesidades fundamentales, con la participación de la Federación, los estados, el Distrito Federal, los municipios y la sociedad en general, es uno de los objetivos primordiales.
Señaló que en México se carece de instrumentos legales, administrativos y operativos que permitan una eficaz protección y atención a personas con esta condición, por lo que regular eficiente y eficazmente el tema resulta sumamente trascendente, para que se evalúe y diagnostique con oportunidad y reciban consultas clínicas y terapias de habilitación especializadas en la red hospitalaria del sector público federal, estatal y municipal, así como acceder a terapias de habilitación y ser inscritos en el Sistema de Protección Social en Salud, conforme a lo establecido en la Ley General de Salud.
Asimismo, recibir una educación o capacitación basada en criterios de integración e inclusión, tomando en cuenta sus capacidades y potencialidades, mediante evaluaciones pedagógicas, a fin de fortalecer la posibilidad de una vida independiente.
Igualmente, ser sujetos de los programas públicos de vivienda, a fin de disponer de casa propia para un alojamiento accesible y adecuado. Participar en la vida productiva con dignidad e independencia; recibir formación y capacitación para obtener un empleo adecuado, sin discriminación ni prejuicios; percibir la remuneración justa por la prestación de su colaboración laboral y tomar decisiones por sí o a través de sus padres o tutores para el ejercicio de sus legítimos derechos.
El diputado Ramón Sampayo Ortíz resaltó que es una tarea insoslayable construir un México más incluyente y justo en el que se garantice la igualdad de oportunidades para las personas con cualquier tipo de condición como el autismo, ante la prevalencia de uno por cada 100 nacimientos. Por esta razón, se considera urgente contar con datos precisos y confiables de los niños y niñas mexicanos con este espectro.
Refirió que en el 2012 la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimaba que por cada 10 mil personas en el mundo existían 21 con autismo, trastorno cada vez más común de lo que se pensaba, indicó. “Entre más temprano sea tratado un infante mejor será su evolución y progreso y los resultados serán más satisfactorios”, agregó.
La diputada Josefina Salinas Pérez, refirió la existencia de cuando menos 115 mil infantes con autismo en México, y con riesgo, dijo, de que cada año se diagnostiquen 6 mil 200 nuevos casos, de acuerdo a la investigación de la Clínica Mexicana del Autismo.
Llamó a desterrar la falsa creencia de que las personas con autismo solo pueden vivir o desarrollarse en centros segregados, sin relación con el resto de las personas. Esto en ningún caso debe ser así. Al contrario, la inclusión social es una de las claves para lograr mejorar su calidad de vida. Reconoció un sentido profundamente humanista en esta ley general.
Mientras que la diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca señaló que de 2 millones 586 mil 287 nacimientos registrados en México el año 2011, por el Inegi, aproximadamente 26 mil niños hoy presentan este trastorno. “El autismo es una discapacidad permanente del desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años de vida y se deriva de un trastorno neurológico que afecta el funcionamiento del cerebro”.
Por ello, “es urgente reconocer que estamos ante un problema de salud pública y social de gran magnitud, que obliga a plantear soluciones coordinadas en los tres niveles de gobierno, garantizando la justicia, dignidad, igualdad, equidad, inclusión, autonomía, movilidad y no discriminación a que tienen derecho las personas con autismo”.
La diputada Martha Beatriz Córdova comentó que el autismo crece de forma alarmante en la población infantil, pero no se conoce el número de personas con este padecimiento. “La prevalencia representa un incremento anual aproximado del 20%; lo cual rebasa todos los esfuerzos institucionales que el Estado mexicano ha realizado hasta este momento”.
Indicó que uno entre cada 88 y 100 nacimientos tiene el trastorno del espectro autista. “Las deficiencias en todas las áreas son indiscutibles, particularmente en aquellas especializadas que debieran encargarse de la atención de este padecimiento que presenta una sintomatología diversa en los dos tipos de indicadores, los precoces y los tardíos”, comentó.
El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo aseveró que el principal problema que padecen las personas con autismo en México “es el de la discriminación, debido a la falta de información y conciencia en la población acerca de este padecimiento”. Esta situación los excluye de servicios médicos y educativos, de espacios laborales, atención especializada y otras tantas dimensiones de la vida.
Explicó que los trastornos de espectro autista son del ámbito neurológico, es decir, problemas del desarrollo cerebral caracterizados por el deterioro de la actividad social, dificultades de comunicación, conductas repetitivas y estereotipadas, problemas de aprendizaje y comportamientos atípicos.
El diputado José Angelino Caamal Mena indicó que actualmente es poco visible el apoyo a las personas autistas, condición que afecta a un importante sector y que cada año se incrementa, sin tener aún forma de prevenirla. “El apoyo del Estado no es suficiente y no hay mecanismos para detectarlo”, por lo que esta ley general “es un primer paso para garantizar los derechos humanos y libertades fundamentales otorgados por la Constitución y los tratados internacionales”.
Refirió que la Organización Internacional Autism Speaks indica que se diagnostica con autismo a 1 de cada 68 individuos; uno de cada 42 niños varones, siendo esta condición más común que los casos de cáncer, diabetes y sida pediátricos combinados, y que además “se presenta más en niños que en niñas”.
El diputado Alfonso Durazo Montaño subrayó que la incidencia del autismo ha rebasado la capacidad de respuesta del Estado mexicano, por lo que este nuevo marco jurídico dota de instrumentos para enfrentar la responsabilidad de forma exitosa. Muestra la voluntad política de la Cámara de Diputados de dotar al Estado de nuevos recursos jurídicos para atenderlo, afirmó.
Lamentó que en el país los esfuerzos institucionales no han avanzado igual que el crecimiento del problema. Refirió que otros grupos vulnerables como los ex braceros, requieren también atención, ya que son personas de la tercera edad que tienen derecho a su ahorro económico cuando trabajaron por años en el país vecino. “Ojala pudiéramos darles atención”, ya que se les dejó al margen en el Presupuesto, recordó.
En favor del dictamen, la diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez destacó la urgencia de que en las comunidades rurales se establezcan grupos de especialistas que atiendan el autismo, porque “todavía a estas alturas se cree que es cosa del demonio o porque vio a la luna cuanto estaba embarazada, en realidad lo que falta es información para darle un trato digno a las niñas y a los niños. Hay que incorporarlos a la sociedad”, convocó.
El diputado Jesús Antonio Mora González afirmó que esta nueva ley general no es una cuestión menor ni de trámite legislativo, representa la base para que un sector relevante del país reciba atención urgente, integral y adecuada que les permita desarrollarse con toda dignidad.07
