El Senado de la República reformó la Ley General de Salud, para crear un registro nacional que permita monitorear y evaluar el Programa de Vacunación Universal, mediante indicadores básicos de desempeño, fidedignos y auditables. El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
Evaluación de la OPS del Programa de Vacunación Universal revela la necesidad de alcanzar excelencia en universalidad, calidad y eficiencia en todos sus componentes.
En el dictamen aprobado por unanimidad, se establece que el Estado mexicano garantizará el abasto y la distribución oportuna y gratuita de vacunas, así como la disponibilidad de los insumos necesarios para las acciones de vacunación.
En el documento se menciona que uno de los objetivos de esta reforma es combatir la corrupción en estos programas, pues los indicadores actualmente utilizados para medir y evaluar la cobertura de la vacunación “no son confiables ni permiten conocer el porcentaje efectivo de la población que ha sido inmunizada”.
Refiere que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval), han señalado reiteradamente que la Secretaría de Salud no cuenta con un sistema nominal sectorial, lo que impide saber el estado de vacunación de la niñez en el país.
Resalta que en la revisión de las cuentas públicas 2014 y 2016, la ASF reportó que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, carece de mecanismos para verificar el destino de las vacunas que adquiere. Además, que se desconoce la cantidad que se administran y a quiénes.
También, se subraya que hay cifras “maquilladas” en documentos oficiales, sobre la cobertura de vacunación en niñas y niños de un año contra el sarampión, rubéola y parotiditis, así como en el esquema completo de vacunación.
La ASF y el Coneval coinciden en que las cifras no tienen un sustento verificable, no son creíbles y son cuestionables. Se indica que las estimaciones hechas a partir de datos oficiales obtenidos por una organización de la sociedad civil indican que la cobertura nacional podría estar en realidad entre 60.1 y el 82.1%.
Por su parte, datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), señalan que a nivel nacional la cobertura de esquema completo se alcanza únicamente en 34.3% de niños y niñas.
En el dictamen también se indica que existen sobreprecios, fragmentación y prácticas monopólicas en la adquisición de vacunas. Hay evidencia de pago de sobreprecios, falta de planeación, desperdicio, desorden e inequidades.
La incipiente cultura de compras consolidadas y la persistencia de mecanismos locales para realizar contratos directos con proveedores, se establece, ocasiona que algunos estados compren las vacunas hasta 400% más caras de su valor de mercado.
Es por ello que, las y los senadores, consideraron que crear el Registro Nominal de Vacunación otorgará la certeza jurídica necesaria para tener un control y monitoreo institucional que aporte datos y cifras concretos sobre la realidad específica del país.
Al respecto, la senadora Gabriela Benavides Cobos, se refirió a nuevos brotes de enfermedades en todo el mundo. Hasta el 3 de septiembre las autoridades de salud en México registraron 16 casos nuevos de sarampión, clasificados como importados. En este sentido, pidió reforzar las medidas de vigilancia epidemiologia y mejorar los programas de vacunación.
A su vez, la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, se dijo preocupada por el desabasto de vacunas en algunos estados de la República. Aunque anunció su voto en favor del dictamen, opinó que de nada serviría este registro “si antes no tenemos las vacunas suficientes en todas las entidades federativas del país”.
La senadora Sylvana Beltrones Sánchez expresó su beneplácito por la creación del Registro Nominal. Consideró que ayudará a monitorear y evaluar el desempeño de las campañas de vacunación en todo México.
