Este esfuerzo busca constituirse como un modelo que responda a las necesidades, idiosincrasias y particularidades de México. Una vez socializado el proyecto, se completará con los comentarios expuestos en la reunión y con intercambio de información entre las distintas entidades.
[/media-credit] Apunta a la rehabilitación y reinserción social de personas con uso o dependencia a sustancias psicoactivas en conflicto con la ley, servirá como alternativa a la privación de la libertad para delitos no graves, evitará efectos criminógenos del encarcelamiento e incidirá en la sobrepoblación penitenciaria
El modelo apunta a la rehabilitación y reinserción social de personas con uso o dependencia a sustancias psicoactivas en conflicto con la ley, servirá como una alternativa a la privación de la libertad para delitos no graves, evitará los efectos criminógenos del encarcelamiento e incidirá en la sobrepoblación penitenciaria.
Durante la reunión para presentar el proyecto, el doctor Manuel Mondragón y Kalb, Comisionado Nacional contra las Adicciones, señaló que el objetivo es que “se convierta en un tribunal diferente que permita reincorporar al infractor a la sociedad, de manera más fácil, más justa”.
Mondragón y Kalb destacó que “el primo delincuente o el delincuente de bajo riesgo adicto necesita un tratamiento especial y tenemos tratamientos para primo delincuentes, no de alto riesgo, que son los que más fácilmente podrían rehabilitarse”, y son quienes representan cerca del 80% de los delitos relacionados con drogas.
Por su parte, la encargada del despacho de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Dra. Alma Eunice Rendón Cárdenas, consideró que “el tratamiento de adicciones a través de los tribunales constituye un pilar importante en la prevención terciaria, porque podemos trabajar en la reinserción social de aquel que cometió un delito”.
En tanto, la titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, María de los Ángeles Fromow Rangel, indicó que “el objetivo es fortalecer la cohesión social e integrar a estas personas de mejor manera a la comunidad”.
Entre los criterios de selección de los participantes estará, desde el punto de vista judicial, cometer un delito no grave bajo el influjo de alguna sustancia psicoactiva o con el fin de obtener recursos para su adquisición, así como cumplir con los requerimientos para la suspensión condicional del procedimiento.
Desde el enfoque sanitario, se requerirá presentar un trastorno por abuso o dependencia, mostrar un compromiso biopsicosocial moderado a severo y manifestar disposición voluntaria a participar en el programa.
Los actores involucrados a nivel interno serán jueces, ministerios públicos, defensores, agentes de seguridad, equipos biopsicosociales y una red de programas de tratamiento.
A nivel externo, se contempla la participación de la comunidad, instituciones de la red de justicia, salud, educación, proveedores de tratamientos privados así como programas de reinserción social post egreso.
El proyecto se lleva a cabo en conjunto con diversas instituciones federales, estatales y municipales, así como con el apoyo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos y la Embajada de los Estados Unidos de América.
Durante la reunión, también se expusieron los alcances del proyecto, así como los resultados de un proceso de tamizaje realizado en Ministerios Públicos y Juzgados de Control de cada una de las entidades federativas, para identificar la población objetivo.
