La diputada Leticia Amparano Gámez, presidenta de la Comisión Especial de Salud Mental y Drogas, informó que en los próximos días presentará una iniciativa para crear una Ley Nacional de Salud Mental, con el propósito de reorientar los esfuerzos para aumentar la calidad en los servicios de atención, el incremento de la cobertura, la protección a los derechos humanos y prevención de los padecimientos de este tipo.
1 de cada 4 mexicanos, entre 18 y 65 años de edad, tiene una historia de problemas psiquiátricos, directora del INP
Amparano Gámez señaló que su iniciativa ha tratado de integrar todos los puntos de vista de los especialistas para lograr formular una estrategia integral y coordinada que permita enfrentar el crecimiento e impacto de las enfermedades mentales, y garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas con este padecimiento.
Consideró que las políticas que adopte el Estado sobre la salud no deben ocuparse únicamente de los trastornos mentales, sino reconocer y abordar cuestiones más amplias que fomenten la salud de estas afectaciones.
Para ello, continuó, se debe incorporar la promoción de la salud mental a las políticas y programas no sólo del sector público y privado, sino en aspectos como educación, trabajo, justicia y transporte, entre otros.
La iniciativa subraya que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, de las 10 enfermedades más frecuentes y de alto costo en la población, al menos 4 son de tipo mental:
- epilepsia
- depresión
- trastorno bipolar
- depresión
Se estima que para el año 2020 esta última será la segunda y significará entre 12 y 20% de años de vida perdidos.
Plantea como objetivo asegurar el derecho a la protección de la salud mental de la población y garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y adicciones, así como regular el acceso y prestación de los servicios.
Subraya que el internamiento de pacientes es considerado como un recurso de carácter restrictivo, por lo que sólo podrá llevarse a efecto cuando este aporte mayores beneficios que otras opciones terapéuticas ambulatorias en el entorno familiar, comunitario o social.
El documento precisa que la Secretaría de Salud crearía un modelo integrado de atención de los trastornos mentales, en el que participen todos los establecimientos especializados en prevención, tratamiento y rehabilitación.
Menciona que la aplicación de los recursos disponibles para la atención en materia de salud mental, deberán planificarse conforme a las necesidades con criterios de equidad poblacional y geográfica, evitando las disparidades y las duplicidades.
La diputada Beatriz Vélez Núñez señaló que la tarea de los legisladores es revisar puntualmente la aplicación del Sistema Nacional de Salud, para que se inserte la salud mental en todos los espacios, porque si esto no se hace el problema puede aumentar.
La salud mental requiere que se le dé importancia, pues sólo se le destina el 2% del presupuesto, precisó.
La diputada María Esther Guadalupe Camargo Félix, consideró que es fundamental que la comisión especial trabaje de la mano con la de Educación Pública y Servicios Educativos, para garantizar que los especialistas de salud mental cuenten con la capacitación y certificación adecuada para que brinden tratamientos eficaces.
Consideró que el nuevo modelo educativo debe contener mecanismos de prevención en temas depresión y suicidio en niños, desde el nivel básico, ya que esto contribuirá a evitar el aumento de estos padecimientos.
A su vez, la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis estimó que con el apoyo de todas las asociaciones e integrantes de diversos organismos, se podría lograr que con el “poquito dinero que se asigna a la salud mental pudiera controlarse, de manera más eficaz, las repercusiones, para no llegar a las crisis u hospitales en donde ya están totalmente deteriorados en conjunto, como consecuencia de otro tipo de enfermedades”.
Se pronunció por que desde esta Cámara se pudiera fomentar la integración y el crecimiento de más grupos de autoayuda, derivado de que el Estado no tiene la capacidad suficiente para fortalecer y disminuir las consecuencias de la salud mental deteriorada y “que va creciendo a pasos agigantados”.
En su intervención, María Elena Medina Mora, directora del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente”, indicó que 1 de cada 4 mexicanos, entre 18 y 65 años, tiene una historia de problemas psiquiátricos, los cuales producen niveles elevados de discapacidad. Sin embargo, el 79% no recibe el tratamiento adecuado.
Apuntó que el suicidio ocupa la cuarta causa de muerte en hombres y la tercera en mujeres, principalmente en edades de 15 años; por ello, dijo, es necesario desarrollar mejores programas de prevención y tratamiento.
“La enfermedad mental es con frecuencia poco comprendida por la población y el estigma que la rodea es una limitante importante”, enfatizó.
Medina Mora pidió a los integrantes de la Comisión Especial destinar mayores recursos a esta problemática, ya que sólo se le destina el 2% del presupuesto e integrar la salud mental al Sistema Nacional de Salud, en el caso de adicciones y salud mental, y se deje ver a ambos campos de forma independiente.
La directora propuso generar un programa que atienda a los enfermos mentales de manera integral, es decir, que exista el trabajo colaborativo entre psiquiatras y psicólogos, para hacer una canalización y tratamiento adecuado.
Añadió que en el Seguro Popular se integraron algunas enfermedades mentales, pero el desafío es que se brinde a los pacientes los medicamentos, ya que la depresión es la principal causa de internamiento y la primera causa de suicidio, por lo que su atención es fundamental.
Concluyó que el reto es cerrar la brecha entre las necesidades de atención y el tratamiento, ya que sólo así podrá lograrse la integración de la salud mental, incluidas las adicciones, en todas las políticas públicas.
