La erradicación de la violencia contra las mujeres en México requiere de una armonización legislativa en los estados por lo que tiene que ser un tema prioritario en las agendas del gobierno federal y estatal y es parte del nuevo compromiso para una estrategia en materia de feminisidio y violencia de género.
[/media-credit] «En México se cometen siete feminicidios al día, y 63 de cada 100 mujeres padecen algún incidente de violencia», diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, presidenta de la Comisión Especial la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades Competentes en relación a los Feminicidios registrados en México
Al respecto, la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, presidenta de la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades Competentes en relación a los Feminicidios registrados en México, dijo se requieren acciones para erradicar este delito que causa siete feminicidios al día.
En el marco del foro internacional “Retos y pendientes en la legislación y políticas públicas en materia de feminicidio”, realizado el pasado 27 de noviembre de 2014, Flores Salazar expuso que el documento firmado contempla revisar y analizar el marco legal con las disposiciones jurídicas que se requieren en materia de feminicidio, con la intención de armonizarlo con el Código Penal Federal y los Instrumentos Internacionales.
Indicó que esta armonización permitirá que el Código Penal Federal en materia de Feminicidios se homologue en los 32 códigos penales y se de cabal cumplimiento al Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Agregó que también buscará instar a las dependencias de gobierno a que continúen con la capacitación y especialización de su personal encargado del Sistema de Impartición de Justicia en materia de derechos humanos para las mujeres con una perspectiva de género.
Además, impulsar desde los Poderes Legislativos Estatales y del Distrito Federal la generación de registros estadísticos y crear una alerta sobre la violencia de género y feminicidios.
Destacó que la violencia feminicida es considerada la manifestación más extrema contra la mujer, convirtiéndose en un asunto público que refleja la vulnerabilidad que enfrentan las niñas y mujeres por razones de género.
Aseguró que en México 63 de cada 100 mujeres, de 15 años y más, han padecido algún incidente de violencia.
“Se requieren políticas, programas y presupuestos públicos suficientes que conduzcan a cambios culturales normativos e institucionales que garanticen la integridad y los derechos de las mujeres”, apuntó.
Respecto a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014-2015, dijo que se logró etiquetar recursos destinados a la creación de nuevos centros de justicia para las mujeres y al fondo de las alertas de género, así como la promoción del respeto a sus derechos.
El foro, explicó, tiene el objetivo de promover e impulsar la armonización legislativa en torno al delito de feminicidio, así como estimular en los tres niveles de gobierno el fortalecimiento de las políticas públicas a favor de la erradicación de esta violencia y generar propuestas que permitan concluir el diseño de una estrategia legislativa en torno a esta problemática.
La diputada María de Jesús Huerta Rea destacó que la violencia contra las mujeres debe ser un asunto prioritario para todos los estados de la República. “La prevención de este tipo de violencia, en sus diferentes ámbitos y manifestaciones, tiene que darse a partir de la incorporación de ideas, valores y referentes a la igualdad entre mujeres y hombres”, acotó.
En su participación, la secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), María Marcela Eternod Arámburu, indicó que en el 2013 hubo 2 mil 502 defunciones femeninas con presunción de feminicidio.
Expresó que a pesar de las reformas y políticas implementadas en México, “estamos muy lejos de erradicar la violencia contra las mujeres”, por lo que se requiere la armonización legislativa en los estados, así como generar presupuestas con perspectiva de género suficientes y la creación de políticas públicas de prevención y atención.
“El feminicidio es la máxima expresión de la violencia contra las mujeres, es la culminación de una serie de agresiones y delitos que culminan con el asesinato; eliminar la violencia contra ellas, es una prioridad que toda sociedad democrática debe tener, por lo que tiene que ser un tema prioritario en las agendas del gobierno federal y estatal”, subrayó.
En su turno, la especialista de Programas de ONU Mujeres en México, Juliette Bonnafé, dijo que una de cada tres mujeres han sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de su compañero sentimental; más de 700 millones se casaron siendo niñas y 4.5 millones de quienes son víctimas de explotación sexual forzada son niñas y mujeres.
Para poner fin a esta violencia, demandó, debemos educar a fin de cambiar los estereotipos relacionados con el género, las actitudes y las creencias que la toleran, eliminar los ideales nocivos que existen en torno a la masculinidad, y promover normas y comportamientos a favor de la igualdad de género y la participación de las mujeres en la toma de decisiones.
En su turno, la directora general del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), Marina Mandujano Curiel, precisó que la violencia hacia las mujeres tiene su origen en la relación desigual de poder y se caracteriza por una inusitada violencia y odio, debido al desconocimiento y a la falta de sensibilización en la atención de este fenómeno que vulnera los derechos humanos de niñas y mujeres.
“El Estado debe proporcionar atención, indemnización, protección y rehabilitación, pero sobre todo dotarlas de garantías”, apuntó.
En el evento realizado en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las mujeres, conmemorado el pasado 25 de noviembre, participan legisladoras federales y locales, representantes de instancias federales y locales, procuradoras y procuradores de justicia de las entidades, titulares de mecanismos de mujeres, magistradas y magistrados de los tribunales de justicia, alcaldesas, académicas y representantes de la sociedad civil.
