Se expone la creación de Comité de Expertas que evalúen las solicitudes de los ciudadanos, ONG’s, CNDH y organismos internacionales para activar este mecanismo de protección de emergencia en un territorio determinado.
[/media-credit]Para dar operatividad a alerta de violencia de género
La senadora Angélica de la Peña Gómez, presentó la iniciativa y destacó que, aunque en su momento este mecanismo se consideró como un avance sin precedentes de la legislación en la materia en toda América Latina, en los siete años que ha estado vigente en el marco normativo mexicano, no ha logrado activarse.
Esto se atribuye, entre otras cosas, a la mala interpretación que han hecho las autoridades locales y federales, al considerar que la Alerta de Violencia de Género es una sanción y un escrutinio público de su quehacer político.
De la Peña Gómez aseguró que originalmente se planteó que este instrumento coadyuve a que la autoridad estatal haga frente a la violencia y “pueda salvaguardar la vida, la libertad, la integridad, la seguridad y la dignidad de las mujeres y de las niñas en nuestro país”.
La iniciativa precisa que la Alerta de Violencia es un mecanismo de protección de emergencia que puede activarse cuando se presentan situaciones graves de violencia contra las niñas y mujeres; así como un agravio comparado, es decir, cuando una norma o política discrimine o contravenga los estándares internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres.
Establece un Comité de Expertas, a cargo del titular de la Secretaría de Gobernación, conformado por cinco mujeres con conocimiento sobre perspectiva de género, que tiene por objetivo recibir, analizar y emitir un informe de todas las solicitudes de Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres, y solicitar medidas provisionales de protección y prevención.
Igualmente, amplía el catálogo de sujetos que pueden solicitar la Alerta de Violencia de Género, para incluir a las organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los organismos de protección de los derechos humanos de los estados, los organismos internacionales y cualquier persona.
La iniciativa se turnó a la Comisión para la Igualdad de Género y a la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.
