Se busca prevenir el embarazo adolescente y la mortalidad materna, que se han convertido en un problema mundial de salud pública. En una mesa de diálogo interinstitucional se busca dar un enfoque integral a los asuntos de población, cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y construir una nueva agenda de desarrollo.
[/media-credit]Debemos reconocer que los jóvenes son sujetos de derechos, autónomos, y que tienen la posibilidad de decidir sobre sus vidas, lo que implica incluirlos en el diseño de estrategias que respondan a sus necesidades, gustos e intereses, así como en la evaluación de los servicios, incorporando enfoques de derecho, género e interculturalidad.
A convocatoria de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se organizó el pasado 25 de mayo del 2014 una mesa de diálogo interinstitucional en la que el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) presentó su Programa País de Cooperación 2014-2018 y el abordaje que hace para la prevención del embarazo adolescente y la mortalidad materna.
Un diálogo interinstitucional que busca instrumentar un programa de cooperación que contemple las dimensiones del embarazo adolescente, un grave problema de salud pública mundial que requiere la atención y la coordinación de las políticas públicas de los diferentes niveles de gobierno.
El representante del Fondo de Población, Alfonso Sandoval, dio conocer el Programa País 2014-2018, prioridades y estrategias para su implementación en México, en el que destacó el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, la promoción de los derechos reproductivos y la reducción de la mortalidad materna bajo una perspectiva transversal de derechos humanos, acorde con la impulsada por el gobierno de México.
Por su parte, la asociada nacional de Salud Reproductiva del UNFPA, Gabriela Rivera, explicó que hay estudios que revelan una elevada fecundidad adolescente a nivel mundial, aunada a una baja cobertura anticonceptiva, lo que provoca una alta demanda insatisfecha afectada por determinantes sociales como bajos niveles de escolaridad y marginación.
La especialista señaló que el embarazo en la adolescencia se asocia a mayores riesgos para la vida de la madre y el producto, y que la mayor cantidad de hospitalizaciones asociadas a esta problemática corresponden a grupos de 10 a 14 y de 15 a 19 años de edad, aunque los primeros presentan más peligros.
La recomendación, resaltó la también psicóloga social, es reconocer que los jóvenes son sujetos de derechos, autónomos, y que tienen la posibilidad de decidir sobre sus vidas, lo que implica incluirlos en el diseño de estrategias que respondan a sus necesidades, gustos e intereses, así como en la evaluación de los servicios, incorporando enfoques de derecho, género e interculturalidad.
“Debemos conocer la diversidad étnica, sexual y cultural de los adolescentes; cada grupo tiene necesidades diferentes y por ello se requiere fortalecer la prevención en todos los niveles”, destacó.
De acuerdo con las cifras más recientes, en el mundo existen alrededor de 2 mil 400 millones de personas de entre 10 y 24 años de edad que viven en condición de pobreza, es decir, con menos de dos dólares al día; de esa cantidad, más de 70 millones no asisten a la escuela.
Anualmente fallecen más de 500 mil mujeres por cuestiones asociadas al embarazo y al parto, por diversas complicaciones, que representan una de las principales causas de muerte en el grupo de 15 a 19 años, sobre todo en los países en desarrollo. Sin embargo, con las menores de 15 años de edad, la situación se complica hasta cinco veces más.
“Cada día se embarazan 20 mil niñas menores de 18 años en los países en desarrollo, y cada año ocurren 103 millones de partos en adolescentes menores de 18 años, de los cuales 2 millones son de niñas menores de 15 años”, explicó.
Esto es un foco rojo y una gran causa de preocupación, porque la mayoría de estos embarazos obedece a casos de violencia o coacción, por lo que 70 mil adolescentes mueren cada año en los países en desarrollo a consecuencia de embarazos o de partos, al tiempo que se estima que cada año ocurren 3.2 millones de abortos inseguros entre adolescentes.
Ante dicha problemática, Rivera señaló la necesidad de promover el acceso a una educación integral en sexualidad y al acceso de servicios amigables. Consideró necesario “promover el uso de condón para la prevención del embarazo y para evitar enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, así como métodos a largo plazo como el dispositivo intrauterino, que sí pueden utilizar las adolescentes, al ser un método avalado por la Organización Mundial de la Salud y la Norma de Planificación Familiar de México”.
Destacó que esta problemática no es de atención exclusiva de los sectores de salud o educativo; “todos tenemos un rol qué desempeñar en la prevención del embarazo adolescente y en la disminución de la mortalidad materna, fenómenos por los cuales no se ha podido cumplir una de las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio propuesta por la ONU”.
Por su parte, Marina Arvizu, titular de la Unidad de Género de la Sedesol, destacó el gran reto que se tiene, tras considerar que la política pública de población se detuvo en los últimos 12 años. “Es la primera vez que un gobierno federal establece en el Programa Nacional de Desarrollo un eje transversal básico para el tema demográfico, para la problemática de perspectiva de género, y hablamos de mecanismos que permitan que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades y que la diferencia sexual no se traduzca en desigualdad social”, dijo.
Añadió que la base fundamental de esta problemática tiene que ver con un asunto cultural, con derechos y garantías, y eso es lo que debemos construir los tres órdenes de Gobierno, mediante un trabajo intersectorial e intersecretarial.
Arvizu señaló que «ésta es la apuesta más grande que ha hecho el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, para instrumentar una política pública de derechos de las mujeres, jóvenes y niñas, en la que se involucren los gobiernos estatales y municipales”.
Asimismo, destacó el proyecto de la Sedesol denominado Ciudad Mujer, un centro de atención integral en regiones con población en situación de vulnerabilidad, para que las mujeres tengan la capacidad de decidir qué quieren hacer con su vida y que el Estado les garantice esa posibilidad, con las mejores condiciones. “Ese es el gran reto que tenemos como Estado”, finalizó las funcionaria federal.
La mesa de trabajo estuvo presidida por Juan Carlos Lastiri Quirós, subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación; Juan Manuel López Arroyo, jefe de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales de la Sedesol, y Alfonso Sandoval, representante adjunto del UNFPA en México.
En su intervención, Lastiri Quirós resaltó la importancia de la mesa de diálogo porque permitirá el intercambio de experiencias y favorecerá la mejora de las políticas públicas con un enfoque transversal e integral.
Asimismo, participaron funcionarios de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Salud (SS); del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO); del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol); del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis); del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve); de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), y del Consejo Nacional de Población (Conapo).
