Según se desprende de estudios realizados en un sinnúmero de países de todo el mundo, los embarazos no deseados, las infecciones de transmisión sexual y los abortos espontáneos son más frecuentes en las mujeres que informan haber sido víctimas de violencia en algún momento de sus vidas.
[/media-credit] La violencia contra la mujer guarda relación con los problemas de la salud reproductiva
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EN NÚMEROS
Proporción de mujeres que informan haber sufrido alguna vez violencia física o sexual a manos de su pareja*:
- Bolivia (2003): 53,3%
- Colombia (2005): 39,7%
- Perú (2007-08): 39,5%
- Ecuador (2004): 32,4%
- Nicaragua (2006-07): 29,3%
- Guatemala (2008-09): 27,6%
- El Salvador (2008): 26,3%
- Paraguay (2008): 20,4%
- Jamaica (2008-09): 19,6%
- Haití (2005-06): 19,3%
- República Dominicana (2007): 17%
Notificación de prevalencia de violencia infligida por la pareja durante el embarazo*:
- Perú (2007-08): 11,3%
- Colombia (2005): 9,7%
- República Dominicana (2007): 6,6%
- Haití (2005-06): 5,6%
Proporción de mujeres que informaron haber perdido un embarazo como consecuencia de la violencia infligida por su pareja*:
- Bolivia (2003): 3,3%
- Colombia (2005): 1,7%
* Fuente: Encuestas nacionales de demografía y salud, y encuestas nacionales de salud reproductiva. Informe Violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe: Análisis comparativo de datos poblacionales de 12 países.
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“Este es un problema de gran magnitud, con muchas implicaciones para la salud”, afirmó la doctora Carissa F. Etienne, Directora de la OPS/OMS. “El sector de la salud tiene un papel que jugar tanto en la prevención como en la respuesta”, señaló y añadió que para abordarlo también se necesita del involucramiento de otros sectores.
La violencia contra la mujer sigue siendo un grave problema de salud pública en las Américas, donde una de cada tres mujeres experimenta durante su vida violencia física o sexual por parte de su pareja o violencia sexual por parte de alguien que no es su pareja, y donde 20% de las mujeres informan haber sido víctimas de abuso sexual cuando eran niñas. Las mujeres jóvenes de entre 15 y 19 años de edad son las más expuestas al riesgo de violencia física o sexual por parte de su pareja, y muchas de ellas indican que su primera experiencia sexual fue un acto que no buscaron o que les fue impuesto.
Esa violencia no solo provoca lesiones o incluso la muerte, sino que además tiene una repercusión poco reconocida en la salud reproductiva de las mujeres, que se traduce en más complicaciones en el embarazo, así como en embarazos no deseados, abortos espontáneos e infecciones de transmisión sexual (ITS), incluido el VIH. En algunos países de las Américas, los niveles de embarazo no deseado son dos a tres veces mayores en las mujeres que informan haber sufrido violencia a manos de su pareja que en aquellas que no lo hacen. La pérdida de embarazos es dos veces mayor en las mujeres que informan haber sido víctimas de violencia, en tanto que el riesgo de parto prematuro es 1,6 veces superior.
Existen estudios en los que también se ha constatado que la violencia es una causa importante de mortalidad materna. La violencia infligida por la pareja fue la causa principal de muerte materna—responsable de 20% de esas defunciones— en tres ciudades de los Estados Unidos entre 1993 y 1998. A su vez, se comprobó que las hemorragias fueron tres veces más comunes en las embarazadas víctimas de actos de violencia en una provincia del Canadá en 2003. Entre 3% y 44% de las embarazadas en América Latina y el Caribe informan haber sufrido actos de violencia por parte de su pareja durante el embarazo.
El papel del sector de la salud
El rol del sector de la salud incluye entre otras cosas, la recolección de datos sobre la prevalencia de violencia que se puedan utilizar como insumo para la elaboración de políticas y la programación, y al mismo tiempo capacitar a sus trabajadores a fin de que puedan prestar una atención integral, sin emitir juicio alguno, a las sobrevivientes de la violencia doméstica. Los trabajadores de la salud deberían derivar a las sobrevivientes a los servicios jurídicos y de apoyo social. Las estrategias de salud pública deberían incluir actividades dirigidas a cambiar las normas sociales y los comportamientos vinculados con la violencia.
Además, en el caso de las mujeres víctimas de agresión sexual, los servicios de salud deberían evaluar su necesidad de profilaxis contra el VIH o las ITS, poner a su disposición medios anticonceptivos de emergencia, ofrecer abortos sin riesgo de conformidad con las leyes nacionales (en los casos en que una mujer llega a los servicios de salud cuando ya es demasiado tarde para la anticoncepción de emergencia o si esta ha fracasado) y proporcionar apoyo de salud mental.
