“Los programas de sustitución de medicamentos son una respuesta razonable ante el presupuesto limitado de las instituciones de salud; no obstante, se han implementado de manera discrecional, sin esquemas de seguimiento, y mucho menos, con una comunicación clara hacia los pacientes”, señaló la senadora Andrea García, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores durante el foro «Transparencia en los criterios de Sustitución Terapéutica: Retos y Oportunidades» realizado el pasado 24 de noviembre.
Con el objetivo de generar ahorro en el gasto público, tanto el IMSS como el ISSSTE, implementaron programas de equivalencia o sustitución terapéutica, que consisten en cambiar uno o varios medicamentos de su cuadro básico por otros de menor costo, lo que ocurrió sin notificarse a los derechohabientes causando su descontento, así como polémica entre los médicos.
“No estamos refiriéndonos a la sustitución entre medicamentos genéricos. Nos enfocamos en medicamentos que han sido reemplazados por otros, sin conocer las posibles complicaciones del nuevo tratamiento en la salud del paciente”,
resaltó Andrea García.
Como ejemplo, en enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer, diabetes o esclerosis múltiple, es vital que se contemplen las características puntuales (principio activo, funciones particulares, dosis) de cada medicina, pues los pacientes que tienen estas enfermedades no reaccionarán de igual forma al momento de tomar un nuevo medicamento.
En el foro se determinó que la falta de información al paciente impide el monitoreo oportuno sobre los posibles efectos adversos. Se estableció también que la sustitución de tratamientos puede tener serias complicaciones en la vida de la persona. Se dijo que la falta de transparencia obstaculiza la capacidad de medir el impacto económico de los programas de equivalencia, lo que genera un despilfarro al atender complicaciones que pudieron prevenirse.
Como ejemplo, un paciente con tratamiento inadecuado para la hipertensión arterial puede tener como consecuencia intervenciones costosas para el presupuesto de salud pública; las cuales oscilan entre los 300 mil y 400 mil pesos por paciente, y que comparado con una persona con hipertensión arterial en control el costo anual es de 26 mil pesos.
Es necesario que las instituciones de salud “cumplan con la regulación establecida que requiere el consentimiento informado de cada paciente. En ocasiones, usuarios han percibido que el médico se ve forzado a cumplir metas de ahorro para la institución, en lugar de alcanzar objetivos de salud”, señaló Luis Adrián Quiroz, miembro de la Red de Acceso, grupo de organizaciones civiles enfocadas en la salud.
Durante su participación en el foro, determinó que sin información oportuna existe la dificultad para que el paciente conozca si su tratamiento será reemplazado. “Lo anterior le genera al derechohabiente incertidumbre, pues no hay certeza si los medicamentos sustitutos tendrán la misma eficacia o seguridad que sus actuales terapias”.
“Tenemos que generar reglas claras para garantizar la seguridad del paciente y la libertad de prescripción del médico. La ejecución de los programas de equivalencia deben efectuarse pensando en la salud, ya que este es el primer paso para un ahorro eficaz en las instituciones sanitarias”, concluyó la senadora Andrea García.
Sitios de interés
- Red de Acceso http://reddeacceso.org/
