En 53 establecimientos penitenciarios, en los que se permite la estancia de menores con sus madres, no se brinda acceso a educación o guarderías. La ausencia de apoyo para que accedan a estos servicios coloca a las y los niños en una situación de desventaja y discriminación, situación que además de agravar la ya de por sí lastimosa circunstancia de encontrarse en un entorno no ideal, genera una importante afectación en su desarrollo psico-social.
Ante la ausencia de apoyo para que accedan a estos servicios se coloca a este sector en una situación de desventaja y discriminación.
En un dictamen que se aprobó el pasado 5 de julio de 2015, senadores y diputados demandaron que se lleven a cabo convenios de colaboración entre estos centros penitenciarios y las escuelas ubicadas en las cercanías, con la finalidad de brindar servicios educativos a los menores que viven con madres reclusas.
Los legisladores destacaron que la presencia de niñas y niños en centros de reclusión representa una problemática de gran importancia. Agregaron que de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en 53 establecimientos penitenciarios en los que se permite la estancia de menores de edad con sus madres, no se brinda apoyo para que tengan acceso a los servicios de guardería y de educación básica.
La CNDH también constató que la presencia de menores de edad en 51 centros penitenciarios a los que no se proporciona alimentación especial, incluso en algunos se restringe el acceso de fruta, frascos de alimento para bebés o leche de fórmula, la cual únicamente puede ingresar en bolsas de plástico, por lo que se echa a perder en pocos días.
Asimismo, se destaca en el documento aprobado, existen graves omisiones en lo que se refiere al cuidado de la salud de niñas y niños, pues la mayoría de los establecimientos carecen de atención médica especializada para los padecimientos tanto de las mujeres, como de los menores que viven con ellas, quienes en el mejor de los casos son atendidos por médicos generales cuando lo requieren.
Ante la ausencia de apoyo para que accedan a servicios de guardería y educación básicas, se coloca a las y los niños en una situación de desventaja y discriminación, situación que además de agravar la ya de por sí lastimosa circunstancia de encontrarse en un entorno no ideal, genera una importante afectación en su desarrollo psico-social, se señala en el documento.
Por tal motivo, consideraron senadores y diputados, es necesario que el Estado invierta recursos y esfuerzos en garantizar que este sector tenga acceso a las condiciones que les permitan un desarrollo integral, de manera que en el futuro el camino de la delincuencia no sea una alternativa para ellos.
