Con la opinión de expertos en la materia vertidas en las audiencias púbicas para analizar la Ley de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, termina la primera fase para integrar el documento que busca establecer las bases de los derechos de los menores y la distribución de competencias entre los distintos niveles de gobierno, afirmaron senadores de integrantes de las comisiones dictaminadoras.
[/media-credit] Sociedad civil, ejecutivo federal, autoridades, especialistas y académicos, participaron en la primera fase para enriquecer Ley de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes
La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, la senadora Hilda Flores Escalera, indicó que a partir de las diferentes opiniones y aportaciones que se han realizado durante las audiencias, se debe encontrar un punto de encuentro que beneficie a los niños, niñas y adolescentes. Apenas iniciamos con este proceso, por lo que estamos comprometidos para trabajar de manera escrupulosa el instrumento de protección con la opinión de los expertos, agregó.
Señaló que el único objeto es enriquecer la iniciativa que va de acuerdo a la conmemoración del 25 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, del cual México forma parte. Reiteró su beneplácito de contar con un instrumento legislativo que permitirá proteger a los menores de edad.
El senador y presidente de la Comisión de Educación, Juan Carlos Romero Hicks dijo que se revisará el diseño institucional propuesto, así como los mecanismos a través de los cuales se busca garantizar la protección a los menores. Consideró que el dictamen debe contener las opiniones de la sociedad civil, los recursos necesarios para que funciones y una precisa distribución de competencias.
Además de armonizar el marco institucional con los instrumentos internacionales de los cuales México forma parte, y reiteró que los integrantes de las comisiones continuarán escuchando las propuestas y observaciones que estén encaminadas a mejorar la propuesta legislativa.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, segunda, indicó que existen dudas sobre el diseño institucional para hacer efectiva la creación de un sistema que garantice el pleno derecho de los niños, niñas y adolescentes, por lo que consideró que la ley debe tener la fuerza jurídica institucional suficiente para su implantación dentro de la estructura del ejecutivo federal, en estados y municipios.
El senador indicó que además se debe garantizar la transversalidad en la implementación de las políticas y programas, vigilar que se garanticen los derechos, definir de manera clara las competencias y concurrencias de poderes e instituciones, y contar con un presupuesto suficiente para implementar la ley como se está planteando, agregó.
En los tres días en los que se llevaron a cabo las audiencias públicas en el Senado, participaron senadores, diputados, académicos, especialistas, autoridades relacionadas con el tema a nivel local, federal y municipal, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil.
Durante el evento, Ricardo Bucio Mújica, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), consideró que la iniciativa debe definir claramente la obligación de las autoridades para regular a los particulares a fin de evitar toda forma de discriminación que se hace a través de la prestación de servicios y de toda interacción que hay entre ciudadanos y particulares.
Dijo que es necesario precisar las competencias que tendrán las autoridades locales, federales y municipales en la atención y protección a menores, y crear un sistema de seguimiento al cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, así como fortalecer la acción de la secretaría ejecutiva que se propone crear en la iniciativa.
La propuesta enviada por el Ejecutivo federal, debe contemplar la obligación de elaborar un informe anual que contenga la descripción sobre la información de las actividades hechas por las dependencias relacionadas con las funciones que les otorga la iniciativa, señaló.
Carlos Pérez Vázquez, coordinador de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justica, dijo que la iniciativa reconoce los principios de la Convención de los Derechos de los Niños y establece la obligación, en todos los niveles de gobierno, de adoptar medidas de protección especial para la infancia en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, es indispensable modificar los artículos 14 y 16 para garantizar el derecho al agua de las niñas, niños y adolescentes, así como para establecer el deber de capacitar, además de los padres y encargados de los menores, al sistema educativo nacional.
En materia migratoria, agregó, Pérez Vázquez, el artículo 34 la propuesta del Ejecutivo excluye a los menores de la posibilidad de solicitar el estatus de refugiado y el 36 no agota el concepto de debido proceso, porque sólo se refiere al derecho de audiencia, pero no a todas las garantías procesales.
Rebeca Pujol Rosas, magistrada de la Primera Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, reiteró que los infantes son sujetos de derechos y no de protección. En este sentido, sugirió incluir todos los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Se requiere, consideró, incorporar alternativas de solución de conflictos antes de judicializar los problemas en los que se involucren niñas, niños y adolescentes y que sean los tribunales el último recurso para dirimir los problemas familiares.
Además, se necesitan jueces y magistrados federales y locales en materia familiar, que los juicios relativos a los derechos de los infantes sean sencillos, rápidos y orales, así como reparar el daño en caso de violencia en contra de estos grupos.
