En la Cámara de Diputados se proponen campañas nacionales preventivas de información para alertar a padres y menores, usuarios de computadoras y redes sociales por el avance de la trata de personas en el ciberespacio. Se solicitan la aprobación de la reforma a la ley que castigue ese delito en el Senado, la cual fue avalada por los diputados desde diciembre pasado.

La computadora y las redes sociales se han convertido en uno de los principales enemigos de niños y adolescentes, ante la incidencia del delito de trata de personas en la web; México está en los primeros sitios de este negocio del crimen organizado, y es el segundo más redituable y va en aumento.

Aseguró lo anterior la diputada Leticia López Landero, presidenta de la Comisión Especial de Lucha Contra la Trata de Personas, y alertó que “millones de menores están en riesgo por la trata de personas desde el momento que están frente a una computadora, sin que ningún adulto los supervise, ya que hacen amistad con quien no deben en redes sociales como Facebook, a través del enamoramiento en muchas ocasiones”.

Afirmó que este delito es un mal endémico alentado por la corrupción, falta de voluntad política, compromiso social y sensibilidad para atacarlo, y donde está involucrada mucha gente.

En un comunidado de prensa expone que la prevención e información de cómo se engancha a las víctimas vía cibernética son indispensables para frenar este crimen, cuyo aumento se refleja en las alertas Amber.

Por tal motivo, informó, la comisión especial presentará el próximo 28 de abril el libro “A mi no me va a pasar” con 18 testimonios de niños y niñas víctimas de trata de personas; es un material preventivo contra ese delito.

El título se escogió porque mucha gente ve lejana la posibilidad de que alguien de su familia, un conocido de la escuela o del trabajo sea víctima de este delito; sin embargo, “está más cerca de lo que puedas imaginar. A mí no me va a pasar; no, cuidado, sí te puede pasar con tus hijos”. Los números aumentan y México ocupa ya los primeros lugares en su incidencia, resaltó.

Sostuvo que el gasto anual etiquetado para combatir esta transgresión es muy bajo, ya que a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), de la Procuraduría General de la República (PGR), le asignaron 10 millones de pesos, y a nivel federal es la única institución que trabaja realmente en el tema.

Aparte de un mayor presupuesto, urgió a desplegar campañas nacionales, sobre todo en la ruta identificada de la trata de personas, como las fronteras, donde se registra más explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. La víctima de menor edad que se ha rescatado ha sido de cuatro años, indicó.

López Landero aclaró que está a favor de las redes sociales, porque también ofrecen beneficios, pero muchos papás creen que sus hijos están seguros con su computadora dentro de la casa y es donde se encuentran más inseguros por el acceso a sitios electrónicos sin que nadie los regule.

Es preocupante que todos los niños de un salón de quinto año de primaria tengan celular con acceso al Internet y Facebook. Esa tendencia alienta un incremento de este delito y más pornografía infantil, por el que México ocupa el primer lugar. Ahora, son los menores los que la producen, sin darnos cuenta, apuntó.

Es común verlos en las redes sociales con poses que no concuerdan con su edad y casi sin ropa convirtiéndose en presas de ser enganchados fácilmente, mientras los padres trabajan y ni cuenta se dan, porque no están vigilando al menor, ya que tienen el compromiso de cubrir muchas necesidades económicas.

“Es vergonzoso, lamentable e indignante que no se haga nada por salvaguardar la integridad de las niñas y niños y avancen otras reformas que son necesarias, pero las personas son las que requieren atención y protección, en particular los menores de edad que corren un gran riesgo de ser víctimas de la trata”, aseveró.

¿Quién piensa realmente en la estabilidad de las familias para que puedan trabajar en paz, a gusto y rendir a México?, cuestionó. “Los legisladores tienen ese compromiso y no se cumple, porque está detenida en el Senado la aprobación de la reforma a la ley que castigue ese delito, pese a que los diputados la avalaron desde diciembre pasado”, reprochó.

“La batalla no radica en que todos vayamos con armas, sino en un ejército gigante, a partir de la concientización en la familia, para que se difunda cómo operan los enganchadores y estar alerta”. La solución provendrá de la sociedad civil en su conjunto, con el apoyo de los medios de comunicación, los cuales son primordiales, porque no se canaliza un presupuesto suficiente para combatir la trata de personas, concluyó.