El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia presentaron el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por Feminicidio (PNNAOF) cuyo objetivo es garantizarles el acceso a la justicia a través de la prestación de servicios diferenciados y especializados de ayuda inmediata, asistencia y atención por parte de las instituciones que tienen ese mandato legal.
“Hoy, el Inmujeres convoca y asume el reto de hacer de conocimiento público las necesidades de esta población que requiere de una atención específica y de una protección especial por parte del Estado” Nadine Gasman, Presidenta del Inmujeres.
Este esfuerzo es el resultado de la información obtenida en 26 sesiones de trabajo de las Mesas Técnicas de Acceso a la Justicia en casos de Muertes Violentas de Mujeres y Niñas, impulsadas por el Inmujeres en 12 entidades federativas y de la colaboración de las fiscalías y procuradurías estatales, con el fin de conocer el número y las características de niñas, niños y adolescentes víctimas indirectas del delito de feminicidio.
La presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermann informó el 20 de julio de 2020 que 26 entidades federativas dieron respuesta y fueron identificados por las autoridades competentes, 796 casos de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio entre enero y diciembre de 2019. Asimismo, Gasman destacó que “la orfandad de madre o cuidadora de niñas, niños y adolescentes no debe traducirse en una orfandad de Estado”, por lo que el Protocolo no solo buscó ordenar los datos, sino también las líneas de atención y la responsabilidad específica que tiene cada institución.
En su intervención, el secretario ejecutivo del Sipinna, Ricardo Bucio Mújica, subrayó que el feminicidio es la expresión más radical de la violencia de género contra niñas y mujeres que, cuando sucede, se presenta casi siempre en el ámbito de casa. Este delito suele conllevar a la par otros tipos de violencias como la económica, psicológica, sexual, y en el caso de la primera infancia, de castigo corporal, y disciplina negativa, por lo que es importante llamar a la corresponsabilidad de las autoridades en los 3 niveles de gobierno para avanzar por un cambio cultural desde la igualdad de género.
Por su parte, la titular del Sistema Nacional DIF, María del Rocío García Pérez, dijo que en la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador el Estado tiene el compromiso de visibilizar a las hijas y los hijos de las víctimas para brindarles, de manera inmediata, la protección que requieren y precisó “este Protocolo tendrá que prever la articulación interinstitucional en 2 ejes fundamentales: el primero, que considere cuatro garantías de protección integral: el Derecho a la Protección, a la Ayuda, a la Asistencia y a la Atención. Esto implica la restitución integral y el acceso a la justicia”.
En tanto, la jefa de Protección a la Infancia del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (Unicef), Dora Giusti, pidió “mantener la esencialidad de los servicios de protección tanto para las mujeres víctimas de feminicidio como para las niñas y niños que quedan en orfandad. Es importante que estas niñas y niños puedan regresar a una vida estable, ya sea con la familia extendida o con una adopción, poniendo siempre primero el interés superior de la niña y/o el niño, o en su caso, con el programa de familia de acogida para evitar el ingreso a instituciones”.
Finalmente, la presidenta del Inmujeres dijo: “este protocolo nos ha servido para conocer lo que necesitan las niñas y los niños huérfanos por feminicidio, y cómo nuestras instituciones se pueden transformar de tal manera que puedan dar una respuesta. No seguir un procedimiento, no seguir una cuestión burocrática, sino que realmente puedan vincularse con estas víctimas indirectas que son las que se habían quedado atrás”.
A partir de esta presentación, el Inmujeres, en colaboración conjunta con los ámbitos federal, estatal y municipal afinará el Protocolo para posteriormente presentar su versión final, que será publicada en el Diario Oficial de la Federación para su aplicación a nivel nacional[.]
