México, debe responder con reformas constitucionales, incluyendo los 17 estado que han obstaculizado ese derecho a las mujeres.
La organización Human Rights Watch (HRW) demandará al Estado mexicano ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), por obstaculizar el acceso al aborto legal a niñas y mujeres víctimas de violación sexual.El próximo 17 de julio el gobierno mexicano comparecerá ante el Comité de la CEDAW, en la sede de la ONU en Nueva York, para explicar por qué no ha dado cumplimiento a la recomendación número 33 que le formuló en 2006.
En esa recomendación, el mecanismo de Naciones Unidas exhortó a México realizar una estrategia amplia para que las mexicanas accedan a servicios de aborto seguro, y llevar a cabo medidas para concientizar de los riesgos de realizarse abortos en condiciones insalubres.
Ante la próxima comparecencia del Estado mexicano, HRW realizó un “informe sombra” en el que afirma que a pesar de que en el país el aborto es legal para las víctimas de violación (todos los códigos penales estatales lo estipulan), las niñas y las mujeres enfrentan graves obstáculos para acceder a este derecho.
“Se enfrentan a procedimientos excesivamente complicados, retrasos ilegales, falta de información o información sesgada e intimidación por el sector salud”, se explica en el documento firmado por Amanda Klasing, encargada del área de Investigación de Derechos de la Mujer de HRW.
México ratificó la CEDAW el 23 de marzo de 1981 y ese mismo año entró en vigor. El Estado mexicano presentó en 2010 los reportes 7 y 8 sobre las acciones que durante el sexenio de Felipe Calderón se realizaron en materia de igualdad para las mujeres.
Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres prepararon otros 17 “informes sombra” que documentan lo que ha sucedido en estos seis años. Esta es la primera vez, desde 1981, que se han realizado tantos reportes para contrarrestar la información del gobierno mexicano.
En su reporte, HRW denuncia que con base en información de grupos civiles expertos en salud sexual y reproductiva e investigaciones independientes, se puede establecer que a pesar de las recomendaciones del Comité de la CEDAW hace seis años, las víctimas siguen sin acceder a la interrupción del embarazo.
El organismo humanitario destaca que a pesar de que en abril de 2009 entró en vigor la Norma Oficial Mexicana de Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres (NOM 046), la cual es de aplicación en las 32 entidades federativas, las mujeres víctimas de violencia sexual padecen barreras en la búsqueda de abortos legales.
Cabe recordar que la NOM 046 establece los pasos a seguir para ayudar a las víctimas y los criterios para brindar información para evitar el embarazo, infecciones de transmisión sexual, y en caso de embarazo brindar asesoría e información sobre la interrupción legal. El incumplimiento de esta norma genera sanciones penales, civiles y administrativas.
HRW advierte que en la mayoría de los casos las víctimas embarazadas no reciben información relacionada con el aborto antes o después de que presentan su denuncia, y que muy pocos gobiernos estatales han invertido en campañas para informar al público en general sobre el contenido de la ley a este respecto.
Funcionarios públicos reconocieron ante HRW que algunos médicos en el sistema público de salud no son concientes de que el aborto es legal para las víctimas de violación, reporta la organización internacional.
“Esta falta de conocimientos jurídicos por los funcionarios de salud pública influye en el acceso a las víctimas de violación al aborto legal, porque condiciona directamente el tratamiento que reciben las víctimas cuando buscan asistencia”.
HRW denuncia que a estos obstáculos se agrega que desde 2008, 17 estados del país reformaron sus constituciones para “proteger la vida desde el momento de la concepción”, con lo que se limita el ejercicio de los DH fundamentales de las mujeres, incluido el derecho a la salud.
Afirma que si bien esas reformas constitucionales no modifican la situación jurídica de las causales que permiten el aborto en los códigos penales, sí se generan más casos de denegación del servicio. Nos preocupa que las reformas exacerben las barreras que enfrentan las mujeres y las niñas en el acceso al aborto legal, añade HRW.
La organización confía en que México responda cómo aplica la NOM 046 en todas las jurisdicciones, incluyendo los 17 estados con reformas constitucionales. También espera que el Estado mexicano presente el número de víctimas que han accedido a los servicios establecidos en la norma desde su expedición.
Gladis Torres Ruiz /CIMAC
