Que la maternidad sea una elección y no una imposición frente a la falta de oportunidades, Salud Pública de Uruguay

El pasado 20 de mayo, en un evento paralelo a la 67 Asamblea Mundial de la Salud, Susana Muñiz, Ministra de Salud Pública de Uruguay, resaltó los logros alcanzados por Uruguay en materia de Salud Sexual y Reproductiva; al tiempo que convocó a los Estados participantes, a terminar con la criminalización del aborto, y aún antes, mientras esto no sea posible, disminuir el riesgo que ocasiona el aborto inseguro.

Susana Muñiz, Ministra de Salud Pública de Uruguay acercamiento de frente
Susana Muñiz, Ministra de Salud Pública de Uruguay


El Estado uruguayo puede, orgullosamente, sostener que las brechas de inequidad se han acortado en favor de la salud de las mujeres”. Susana Muñiz, Ministra de Salud Pública de Uruguay.


La Ministra de Salud Pública de Uruguay explicó que en 2013, “tuvimos la oportunidad de ser sede de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo para América Latina y el Caribe, en la cual hemos logrado posicionarnos desde una consigna central: la inequidad es uno de los factores más importantes que limita el logro del desarrollo humano sostenible. Las inequidades son injustificables política y éticamente“.

Se trata de “inequidades con las que lidiamos día a día; como la que se presenta en la tasa de embarazo adolescente que se mantiene elevada, sobre todo en los sectores de menores ingresos, y se ha convertido ya en un mecanismo de reproducción de las brechas sociales y de la pobreza“.

Al respecto, “estamos convencidos de que mejorar la educación en salud y derechos sexuales y reproductivos, y asegurar el acceso a servicios amigables de salud sexual y reproductiva, son la clave para que la maternidad sea una elección y no una imposición frente a la falta de oportunidades, o a raíz de la violencia“.

En base a la agenda de Cairo del 94, “hemos reportado en el Uruguay, en estos últimos años, importantísimos avances en materia de salud sexual y reproductiva, que han promovido el ejercicio efectivo de los derechos”.
En ese sentido, subrayó que “convertimos al Estado en garante del cumplimiento de estos derechos, asumiendo los prestadores de salud, la obligación de contar con servicios de atención a la salud sexual y reproductiva universales, accesibles e integrales“.

También “garantizamos el acceso gratuito al control prenatal, logrando un 98% de embarazos controlados y un 99% de nacimientos supevisados por profesionales capacitados; así como el acceso a métodos anticonceptivos reversibles y permanentes“.

Asimismo, “multiplicamos los Centros de Salud Libres de Homofobia y Transfobia; y esto es atención sin disciminacion y desde una perspectiva de derechos“.

En Uruguay además, “implementamos la detección y atención de violencia doméstica en todos los prestadores de salud publicos y privados”.

En el Consenso de Montevideo de 2013, “como Región, hemos destacado que la muerte materna sigue siendo un grave problema de salud pública y de derechos. Las desigualdades y dificultades asociadas al acceso y uso de servicios de salud reproductiva son notorias, en detrimento de las mujeres pobres y socialmente excluidas, aquellas provenientes de áreas rurales, las jóvenes, las que tienen un menor nivel educativo y de las indígenas y las mujeres afro descendientes“.

La “alta tasa de mortalidad materna en la región y en el mundo, refleja las limitaciones legislativas o prácticas que enfrentan las mujeres para el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y a los cuidados de urgencias, especialmente obstétricas, ya sea por la falta de servicios, por su costo elevado, por la distancia, o por la falta de información”.

Con respecto a la “mortalidad materna, es la muerte más injusta, que ocurre en el momento equivocado, por lo prematuro, por la razón equivocada, siempre evitable, basada en la inequidad, y que acarrea sufrimiento a la mujer y su entorno. Entre las causas de muerte prevenible, merece mayor atención el aborto inseguro, y por lo tanto, buscar los caminos factibles para su disminución, es una obligación ética para todos los Estados“.

Al referirse a la criminalización del aborto explica que “debe terminar, ya que lo único que logra es angustia y discriminación, más abortos y más muertes. Sin embargo, aún antes, al menos debería disminuir el riesgo que ocasiona el aborto mediante el compromiso de los equipos y sistemas de salud, con el modelo de reducción de riesgo y daños, y una atención confidencial y de calidad técnica y humana, como lo plantea la plataforma de Cairo en el parágrafo 8.25. Buscar caminos factibles en cada país, en base a estrategias que ya se constataron como exitosas desde el punto de vista de la salud, es clave para disminuir la mortalidad materna“.

En Uruguay, “nos decidimos a avanzar y cumplir con esta obligación ética. Hemos reducido riesgos y daños ante el aborto en condiciones de riesgo. No sólo bajamos la mortalidad materna a la tercera tasa más baja de las Américas luego de EEUU y Canadá, sino que dejamos en cero la mortalidad por aborto mal practicado“.

En 2012, “nuestro Parlamento sancionó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que permite la interrupción por sola voluntad de la mujer. Esta ley dio lugar a una reglamentación cuidadosamente elaborada, la realización de un Manual de Gestión de los Servicios en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud, y de la Guía Clínica de Atención a Usuarias de Interrupción Voluntaria del Embarazo”.

En ese marco, Muñiz manifestó que “estamos orgullosos que al año de implementación de la Ley, la Interrupción Voluntaria del Embarazo, es ya un servicio de acceso universal. Hemos registrado 6,600 interrupciones y cero muertes maternas por aborto mal practicado. Repito, cero muerte materna por esta causa“.

Esto “nos hace relacionar dos logros importantes: primero, lograr una tasa de 9 interrupciones por mil mujeres entre los 15 y 44 años de edad, lo que resulta ser la tasa mas baja registrada a nivel internacional. Y sobre todo, haber reducido las altas tasas de mortalidad materna, llevándonos así a cumplir la meta del Milenio“.

Este año, “hemos dado un paso más, aprobando una ley de reproducción asistida, que permite la asistencia gratuita de parejas con impedimentos físicos para procrear. Seguimos avanzando en nuestra responsabilidad de hacer de los derechos, hechos“.

Aún resta mucho camino por recorrer en el mundo, para que la atención de la salud sexual y reproductiva sea de la misma calidad que se espera alcanzar para todas las otras atenciones en salud, con la accesibilidad que se requiere desde una perspectiva de derechos de las personas. El Estado uruguayo puede, orgullosamente, sostener que las brechas de inequidad se han acortado en favor de la salud de las mujeres“, concluyó Muñiz.

Imagen cortesía de Organización Mundial de la Salud


Escrito por

Redacción, Plenilunia Sociedad Civil Fundada en el año de 2004, Plenilunia es una Sociedad Civil cuyo objetivo es fomentar el bienestar y la salud integral de la mujer.

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